Política
15-06-2020
Vicentin: una estafa, Venezuela y las retrógradas posiciones de la derecha

En esta nota de opinión, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, pone en contexto la intervención del Estado en la cerealera y las propuestas para su expropiación y lo confronta con los “fantasmas” que agitan las voces opositoras. “Se trata de un grupo empresario que ha terminado estafando a cerca de 5.000 trabajadores, a miles de productores y a la banca pública”, dice.

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Por Claudio Lozano*


Con el grito a viva voz de que se pretende transformar a la Argentina en Venezuela, una vez más la derecha local hace gala de sus retrógradas posiciones frente al decreto de intervención de la firma Vicentin y la propuesta de remitir al Congreso un proyecto de expropiación. Pareciera que estamos frente a un grupo empresario que exhibe una situación de dinamismo económico y que sin que exista ningún inconveniente, un Presidente resuelve avanzar, por razones ideológicas, con una expropiación. La situación es bien distinta.


Se trata de un grupo empresario que en el marco de maniobras que deberán ser investigadas, ya que podrían configurar prácticas de tipo fraudulento, ha terminado estafando a cerca de 5.000 trabajadores, a miles de productores y a la Banca Pública.


En ese marco, la firma se encuentra paralizada, perdiendo posiciones en el mercado y sobrevuelan distintas alternativas de compra asociadas a grandes jugadores del comercio de granos.


Todas ellas tienen como característica que tanto la Banca Pública como los productores deberían aceptar un "pagadios" a diez años y en algunos casos una quita de capital, con el agravante de que se le cedería el control de la firma a capitales extranjeros, concentrando y extranjerizando aun más el comercio exterior de granos y la oferta de divisas de la Argentina.


Aceptar alguna de estas variantes sería confirmar la tantas veces vista historia del Estado bobo. Habiendo enterrado la Banca Pública casi 400 millones de dólares en el Grupo Vicentin, terminaríamos cediendo el control a Glencore, Cargill o Dreyfus. Es en este marco que aparece la intervención por 60 días y la propuesta de expropiación a ser discutida por el Congreso. Se busca de este modo preservar los activos de la empresa, ponerla en marcha y llevar solución a los trabajadores y a los productores.


El tiempo que viene debe ser aprovechado para ir a fondo en la investigación de las maniobras que Vicentin ha desplegado con sus subsidiarias y con sus empresas offshore. Las relaciones con Vicentin Uruguay y Vicentin Paraguay, así como el vínculo con Nacadie Comercial Sociedad Anónima, empresa domiciliada en Santa Fe, en Uruguay y en Panamá deben estar en el centro del análisis.


Subdeclaración de exportaciones y su correlato en términos de eludir el pago de retenciones e impuestos y facilitar la fuga de divisas parecen ser las maniobras que han estado a la orden del día en el comportamiento de este Grupo Empresario.


El aporte de la AFIP, la UIF y la Inspección General de Justicia en este proceso serán esenciales para demostrar los delitos cometidos y obligar a que los dueños de Vicentin tengan que responder con su patrimonio frente a las deudas. A la vez avanzar en el proyecto de expropiación dando forma a un nuevo modelo de Grupo empresario de carácter público y no estatal será la otra tarea a encarar.


Desde nuestro punto de vista lo lógico sería que el Estado tome control sobre el Grupo Empresario en sociedad con los pequeños y medianos productores y las cooperativas agropecuarias, y dando también representación a los trabajadores. Con los datos de2018 puede observarse que El Grupo Vicentin exportó 6,3 millones de toneladas de granos y ACA (Asociación de Cooperativas Agropecuarias, importante acreedor de Vicentin) colocó 3,6 millones de toneladas.


Una sociedad mixta que incluya a ambos actores implicaría crear una empresa pública con un potencial exportador equivalente al de los principales jugadores del comercio de granos. Hecho este que le daría al Gobierno Nacional una herramienta muy importante en el control de parte de las divisas (Vicentin facturaba unos cuatro mil millones de dólares anuales y podrían ser más ya que la empresa pública no incurriría en los mecanismos de triangulación que el Grupo efectuaba para dejar dólares en el exterior).


También esta Empresa Pública podría ser de utilidad para blanquear el comercio de granos que, como es sabido, es un mercado donde desde la pérdida de la Junta de Granos y la privatización de los puertos, la subfacturación de exportaciones y el contrabando están a la orden del día.


Asimismo, Vicentin era un gran comprador de materia prima a los pequeños y medianos productores frente a los cuales hacía abuso de posición dominante, y pagaba precios por debajo de lo que correspondía sin diferenciar respecto a la mejor o peor calidad del grano que compraba.


Habría que agregar a todo lo dicho la posibilidad de plantear nuevos mecanismos regulatorios en el mercado de alimentos a efectos de mejorar el control de precios en dicho sector.


En suma, dólares para el desarrollo, blanqueo del comercio de granos, mejores precios para los pequeños y medianos productores y mayor capacidad para regular el abastecimiento y los precios de los alimentos de nuestro pueblo, son las virtudes que tendría resolver la estafa de Vicentin con la creación de una empresa pública no estatal que asocie al Estado con las cooperativas agropecuarias.


(*) Dirigente nacional de Unidad Popular en el Frente de Todos y director del Banco Nación.

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