Sociedad
13-05-2020
Luz verde para extraditar al represor que secuestró a Rodolfo Walsh

Se trata de Gonzalo “Chispa” Sánchez, acusado de crímenes de lesa humanidad y de formar parte del grupo de tareas de la ESMA que en 1977 secuestró y desapareció al escritor y periodista Rodolfo Walsh. Desde Cancillería informaron que Brasil (donde se encontraba prófugo) ya lo considera “apto” para ser extraditado a la Argentina.

Aumentar tamaño del texto Reducir tamaño del texto Tamaño del texto normal
El ex prefecto y represor Gonzalo "Chispa" Sánchez, acusado de crímenes de lesa humanidad y de participar de los grupos de tareas de la ESMA que secuestraron al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la última dictadura ya se considera "apto" para ser extraditado a Argentina La Cancillería consignó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil notificó a la embajada argentina en Brasilia que "ya considera apto para ser extraditado" a Sánchez, quien permanecía prófugo en las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos en el ámbito de la ex ESMA.

En 2011, el entonces juez federal Sergio Torres pidió a Brasil la extradición de Sánchez porque debía ser indagado en las causas por los crímenes de Walsh y la joven sueca Dagmar Hagelin.


En 2017, el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió la extradición de Sánchez por el delito de "secuestro", en un fallo que siguió el criterio de que "los delitos de secuestro tienen naturaleza permanente y, por lo tanto, no prescriben en la medida en que no sean encontradas las víctimas".


Según indicó la Cancillería en un comunicado, el presidente Alberto Fernández "siguió en detalle los trámites de la extradición" y el canciller Felipe Solá "supervisó en todo momento de manera personal la marcha de las gestiones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Ministerio de Justicia de aquel país, la embajada argentina y el consulado en Río de Janeiro", donde Sánchez fue arrestado el 8 de mayo.


Sánchez, de 69 años, fue detenido por orden del juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal, que tramita la extradición.


Este será el primer caso de extradición sobre asuntos de derechos humanos del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar brasileña y recientemente elogió a los ex dictadores Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Augusto Pinochet, de Chile.


En un comunicado, la Policía Federal de Brasil informó que Sánchez participaba también de los llamados 'vuelos de la muerte' para lanzar al Río de la Plata y al Océano Atlántico a secuestrados detenidos desaparecidos.


"El pedido de prisión preventiva para extradición fue formulado por la representación nacional de Interpol, con base en informaciones de las Alertas Rojas incluidas allí por las autoridades argentinas", indicó el comunicado.


"Era uno de los tipos que más estaba en ´Capucha´, el sector de le ESMA donde alojaban a los secuestrados que recién llegábamos. Siempre estaba con otro represor muy conocido, que era Antonio Pernías, a quien le decían ´Rata´", contó a Télam Carlos Loza, sobreviviente de ese centro clandestino de detención e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), que querella en varias causas de lesa humanidad.


"Chispa" era, según los sobrevivientes, uno de los represores más jóvenes de la ESMA, y del temible Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada.


Testimonios de los sobrevivientes también lo ubicaban en la quinta de General Pacheco que fue una suerte de anexo del centro clandestino y donde fueron alojados varios detenidos.


El ex prefecto vestía siempre camisas a cuadros, trajes sports y lucía siempre "muy bronceado, lo que lo hacía más destacable entre el resto de los represores".


"Le gustaba hablar y jactarse de sus actos. Le contó a un grupo de secuestrados cómo era el método de eliminación que se había ideado con los vuelos de la muerte. Antes, nos contaba que los marinos quemaban a las víctimas, y que era un método que insumía mucho tiempo", señalo a Télam la periodista Myriam Lewin.


De acuerdo a lo que se desprende de la causa judicial, Sánchez integró el grupo operativo que emboscó a Walsh en 25 de marzo de 1977 en el barrio de San Cristóbal, donde el autor de "Operación Masacre" e integrante de la organización Montoneros cayó asesinado tras resistir con una pistola calibre 22 con la que hirió a uno de sus atacantes.


El cuerpo del escritor fue trasladado a la ESMA, lugar en el cual se presume que se lo incineró en terrenos adyacentes al Río de La Plata.


"Chispa" fue mencionado en las denuncias que formularon los sobrevivientes de ESMA en el exterior, ante la Conadep y en el Juicio a las Juntas, pero la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final evitó que enfrentara la acción de la Justicia en los primeros años de la recuperación democrática.


Vinculado a empresas pesqueras durante los años '90, recaló a fines de esa década en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste, donde se jactó de su pasado represivo y recibió una declaración de persona no grata, por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad.


A principios de los 2000, se profugó a Brasil, país en el cual eludió una orden de captura cursada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la megacausa ESMA.


Sánchez había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, para extradición, pero en 2016 obtuvo la prisión domicilaria, de la que se escapó.


El represor había radicado en Brasil para trabajar en la industria naval en el litoral de Río de Janeiro, y nuevo pedido de captura llegó en 2019 y el Supremo Tribunal Federal autorizó la extradición hacia Argentina.


El pedido de captura reciente fue realizado el 29 de enero por el ministro Fux, del Supremo Tribunal Federal, y ahora la decisión se encuentra en manos del Gobierno de Brasil.


Las instituciones involucradas en la captura del represor se encuentran en el primer plano de tensión política de Brasil.


El Supremo Tribunal Federal investiga esta semana a Bolsonaro por supuesta manipulación para controlar las investigaciones sigilosas de la Policía Federal.


Bolsonaro y su Gobierno reivindican a la dictadura brasileña, cuyos autores de crímenes contra la humanidad no fueron juzgados en virtud de la Ley de Amnistía de 1979, que permitió la transición democrática pero también una barrera para evitar procesar a los militares. 



 

Dejanos tu comentario...

Sábado 08 de Agosto de 2020
La pandemia en Brasil
Pandemia y ciudad
La abanderada del odio
Renta básica, un experimento
Internacionalizar la crisis
Evitar una catástrofe financiera global
El mundo según Bill Gates
El mundo acelerado
Coronavirus: lo que aún no se sabe
Lo que el pentágono sabía
Capitalismo pandémico
El peligro de una segunda ola
Un nuevo orden mundial
Mujica
Jugar contra el prejuicio
Economía parasitaria
Por qué se lame el perro
Eros y civilización
Maten al rugbier
foto