Sociedad
11-12-2019
Agredía a su familia con una picana
Un hombre fue enjuiciado por violentar a su esposa e hijos con descargas eléctricas. También desoyó en forma reiterada la prohibición de acercamiento a su pareja. El juez evaluó el caso con perspectiva de género y lo condenó.
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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Cristian Eduardo Mugni lo condenaron a cinco años de prisión. María y sus hijos fueron sus víctimas. En una relación enmarcada en la violencia, el vínculo de sometimiento era tal que el hombre hostigaba a su familia con una picana. María logró separarse del padre de sus hijos y pidió una medida de restricción para su ex pareja que fue dictada por un tribunal de familia. Pero el agresor desoyó esa orden en reiteradas oportunidades. Lo imputaron por varios hechos de lesiones a su familia y quebrantamiento de una orden judicial. La investigación fiscal terminó en una acusación formal y en un juicio oral y público donde el juez Ismael Manfrín evaluó las pruebas con perspectiva de género y resolvió condenar a Mugni. El condenado permanecerá en libertad mientras la sentencia no esté firme.

 

María vivía en una relación de sometimiento hasta que pudo recurrir a un dispositivo del Estado dónde logró obtener ayuda. Se separó del padre de sus tres hijos y se quedó viviendo con ellos y su hija mayor en la casa familiar en zona oeste. En los últimos tiempos de la convivencia el hombre utilizaba una picana para que su familia entendiera sus reglas. Así declararon dos de sus hijos en cámara gesell y contaron cómo la usaba con ellos cuando, por ejemplo, no querían comer lo que había en el plato.

 

Les hacía creer que ellos lo obligaban a tener conductas violentas. La investigación determinó que entre mayo y octubre de 2015 mantuvo estas prácticas violentas con su familia en forma continua utilizando descargas eléctricas sobre sus cuerpos aunque, como estos hechos datan de varios años atrás, esas lesiones no pudieron constatarse. A través de los testimonios de los niños la fiscal María Teresa Granato detectó tres hechos puntuales de lesiones leves agravadas por el hecho de cometerse sobre sus descendientes. Dijo que estos actos violentos provocaron un daño en la salud psicológica y fueron acreditados por informes presentados por profesionales de la Subsecretaría de Derechos Humanos zona sur del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

En cuanto a María, la fiscal estimó que pudo acreditar dos hechos puntuales de lesiones y cinco incumplimientos a la orden judicial que le impedía acercarse a su familia tras la separación. En octubre de 2015, Mugni estaba notificado de la prohibición de acercamiento a María y la vio en su auto, parada en un semáforo. Le golpeó el vidrió y ella aceleró. Esa fue la primera vez que quebrantó la prohibición de acercarse. Algunos días después se le presentó en la casa a bordo de una bicicleta.

 

Al mes siguiente volvió. María estaba subiendo a su auto cuando apareció y la golpeó lo que fue comprobado por un forense. Unos días después, mientras circulaba a unas cuadras de su casa en auto se le cruzó en una moto y debió esquivarlo. En enero María había subido a su auto junto a sus hijos en barrio Fisherton cuando el acusado se le paró frente al auto con la intención de evitar que se fuera. María intenta esquivarlo y logró avanzar un par de metros pero Mugni le abrió la puerta trasera del auto dónde estaban sus hijos. Ella intentó seguir y terminó chocando con otro auto.


Por todos estos hechos la fiscal Granato pidió llevar a Mugni a juicio y solicitó una pena de cinco años y medio de cárcel. El tribunal, a cargo de Ismael Manfrín, presidió el debate, lo condenó a un lustro de prisión.

 

La condena

 

Mafrín previo a dar a conocer la sentencia hizo una evaluación del caso y dijo sobre la lamentable realidad expuesta en el juicio: “Se inscribe en un endémico entorno cultural donde los problemas normales y corrientes de una pareja generan un espiral de violencia que afecta particularmente a las mujeres y se extiende, como en este caso, a los hijos”.

 

El juez cuestionó duramente el planteo defensista que apuntó a desacreditar a la víctima y avaló la teoría de la fiscalía. Dijo que por lo general las víctimas de violencia de género se enfrentan ante dos nefastas alternativas: “Someterse lisa y llanamente al agresor y, en caso de no hacerlo, hacerle frente a su sometimiento. Siendo este sometimiento una de las claves para determinar la violencia de género”, aseguró.

 

Explicó que el derrotero de las víctimas no es sencillo pero una vez que deciden acudir a las instituciones de resguardo comienza a poner fin al padecimiento y sellar la suerte procesal del agresor. Si bien los hechos imputados se remontan a 2015 el juez evaluó que datan de mucho antes. Y tuvo en cuenta la ley 26458 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Especialmente el artículo 16 que establece la obligación del Estado de garantizar los derechos de la víctima en los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente el inciso que habla de la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus testigos naturales. También el artículo 31 que habla la amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados en las resoluciones, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica.

 

Desde esta perspectiva Manfrín dijo que el caso fue evaluado de manera integral y teniendo en cuenta los numerosos hechos delictivos que no pueden ser valorados en forma aislada. Dijo que hay prueba que demuestra que las lesiones que recibió la víctima no fueron auto inflingidas a lo que sumó el testimonio en cámara gesell de dos de los niños. De estas declaraciones se desprende que no hubo un discurso armado o influenciado, dijo. A lo que sumó el testimonio de los profesionales que intervinieron en el caso, como la psicóloga o la asistente social.

 

El juez cito, a modo de ejemplo, algunas frases de cartas que sirvieron de prueba en el juicio. En una de ellas el agresor escribió “me duele el corazón cada vez que te pegó. Espero que esta vez te haya servido” lo que el magistrado entendió como una justificación del acto agresivo contra una de sus hijas. Dijo que son frases que deben ser analizadas en un contexto de violencia de género. Y agregó que la sana crítica integral y la perspectiva de género en particular comulgan con otras exigencias al tiempo de analizar los hechos y, si bien evaluó que este juicio estuvo dominado por el dolor de la víctima y también de los familiares y amigos, de uno y otro lado, no por ello pueden disimularse los graves y reiterados hechos delictivos ventilados en el debate y condenó al acusado a la pena de cinco años de prisión por los delitos de lesiones leves agravadas por ser descendientes y por tratarse de una mujer y en un contexto de violencia de género y por quebrantar en cinco oportunidades un prohibición de acercamiento.

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