Mundo
12-11-2019
Nadie sale vivo de aquí
El golpe de estado en Bolivia es una dura advertencia desde la administración Trump –a través de la OEA– para los países de la región que buscan una redistribución equitativa de la riqueza y combaten la economía offshore de Macri y el líder boliviano Camacho.
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Pablo Makovsky | Cruz del Sur

 

Al caer la tarde del domingo comenzó a circular en Twitter un video en el que alguien ingresaba a la casa de Evo Morales en La Paz, destrozada y saqueada por una turba. En el audio podían escucharse la sorpresa del improvisado narrador y también podía verse, fragmentariamente, quiénes eran las personas que habían ingresado a la vivienda del presidente de Bolivia. Así, en un paneo de lo que podría ser el living, se veía a una mujer blanca, de unos 60 años, con lentes, que alzaba con sus dos manos un teléfono celular con el que aparentemente también filmaba el ataque vandálico. Una vecina común y corriente que sonreía en medio del caos, mientras unas jóvenes en jogging corrían y reían y de fondo se escuchaba el estruendo de vidrios rotos. El video continuaba y nuestro relator subía una escalera y llegaba a una habitación donde había, como en cualquier casa de clase media argentina, un par de aparatos de gimnasia, entre ellos una cinta de caminar, a lo que el narrador exclama: “Mira, el indio tenía un gimnasio”.

 

Para entonces, Evo Morales había renunciado a su mandato presidencial (el sitio Presidencia.gob.bo está caído desde el domingo) que debía cumplir hasta el 22 de enero de 2020. Antes había hecho un llamado a nuevas elecciones –como sugería el insidioso informe de la OEA que preside el ex canciller uruguayo Luis Almagro– que no había bastado para detener el avance de una oposición furiosa y poderosa, sustentada en la región baja, sojera y agrícola de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el oriente boliviano. La renuncia de Evo, primer mandatario indígena en 500 años de historia y en un pueblo en el que el el 60 por ciento de la población es aborigen, siguió a una “sugerencia” del jefe del Ejército, fuerza que dejó de apoyarlo cuando ya la policía llevaba tres días de amotinamiento.

 

El video del saqueo de la casa de Evo –que incluyó pintadas con insultos en su interior– no fue el único que circuló por las redes. También hubo otro en el que unos policías con evidentes rasgos indígenas se recortaban de sus uniformes la bandera wiphala –que identifica a las etnias originarias de los Andes– y es la segunda bandera del estado plurinacional de Bolivia, para destrozarla. El periodista Glenn Greenwald, radicado en Brasil –quien fue atacado el viernes por simpatizantes de Jair Bolsonaro y al frente de The Intercept, el medio que expuso el “Vaza Jato”, las filtraciones de las conversaciones entre el ex juez Sergio Moro y miembros de la justicia que demuestran que el encarcelamiento de Lula Da Silva fue una operación política que premió al mismo Moro con el ministerio de Justicia–, tuiteó también ese video de los policías renegando de su bandera y se solidarizó con Morales, quien el lunes a la noche viajaba rumbo a México en un avión de la Fuerza Aérea mexicana que proveyó López Obrador.

 

Desde principios del domingo hasta el lunes a la tarde, a través de Twitter, Evo Morales pidió que no se extienda la violencia. Su misma renuncia, como la de Juan Domingo Perón en 1955 (aunque en un clima aún de prosperidad económica que no tuvo el final del primer peronismo), fue un llamado a la paz social. Sin embargo, al terminar el lunes, desde el Alto, en La Paz, columnas de manifestantes se proclamaban a favor de Morales y llamaban a resistir el avance golpista al grito de “Democracia es justicia social”.

 

Mientras tanto, el gobierno argentino se negó a pronunciarse contra el golpe de estado. Ni el presidente Mauricio Macri ni su canciller, Jorge Faurie, emitieron declaración alguna.El lunes al mediodía, incluso, se conoció una directiva de una autoridad de radio Nacional que prohibía a los periodistas mencionar el término “golpe de estado” al referirse a Bolivia.

 

El líder santacruceño Luis Fernando “Macho” Camacho, al frente del Comité Cívico de esa zona, un conocido empresario del gas –que Evo Morales nacionalizó en 2009, tras expulsar al embajador estadounidense del país–, quien obtuvo una insignificante cantidad de votos en las elecciones del 20 de octubre pasado, ingresó el domingo a la casa de gobierno en La Paz blandiendo una biblia y la bandera boliviana. Camacho, como el presidente argentino, también tiene empresas fantasmas en guaridas fiscales de Panamá y está mencionado en los Panamá Papers.

 

El lunes a la noche, el analista brasileño Oliver Stuenkel –autor del libro “Mundo Pos-occidental”, no necesariamente un defensor de Morales pero sí un agudo analista de la geopolítica regional–, observó el tuit de Evo ya en el avión hacia el exilio: “Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”. A lo que Stuenkel anotó en inglés: “Evo Morales dice que volverá. Al considerar la batalla en ascenso que enfrentará el gobierno que va a sucederlo, creo que hay una chance decente de que tenga razón”.

 

Además del exitoso proceso de desdolarización de la economía boliviana que llevó adelante el gobierno de Morales desde 2005 hasta el domingo –que permitió un crecimiento del PBI en 2018 de casi 5 puntos–, sus logros más notorios acaso puedan palparse en la pelea contra la desigualdad. Como informa Celag.org: “La pobreza extrema en Bolivia, gran flagelo que afectaba casi a la mitad de la población finalizando el siglo XX, ha pasado de afectar al 45,2% de la población en el año 2000 al 17,1% en el año 2017, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos números llevan a Bolivia a ser el país de la región suramericana que más ha reducido la pobreza extrema en el periodo 2005-2016”.  

 

Casi todo el arco político argentino, desde la Unión Cívica Radical (tanto Mario Negri como Ricardo Alfonsín) hasta el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), la CGT y otras organizaciones sindicales como la CTA que reúne a los empleados de Cancillería o los sindicatos de prensa, empezando por el presidente electo Alberto Fernández, que intercedió con el mandatario mexicano Andrés López Obrador para que brinde asilo a Evo Morales, repudiaron el golpe. Desde el PRO, la única voz que se plegó al repudio fue la del diputado Daniel Lipovetzky.

 

También líderes mundiales, como el laborista británico Jeremy Corbyn o el socialdemócrata estadounidense Bernie Sanders manifestaron su inmediata solidaridad con Morales. El lunes, un comunicado de la presidencia de Estados Unidos manifestaba el apoyo de Donald Trump al golpe y en un oxímoron imperial felicitaba al Ejército boliviano por la restauración del orden democrático.

 

El viernes pasado, cuando aún se discutían los resultados de las elecciones –en las que Evo le sacó los reglamentarios diez puntos de diferencia a Carlos Mesa, lo que lo convertía en vencedor en primera vuelta hasta que Luis Almagro y la OEA envenenara el panorama con la idea de un fraude que nunca llegó a demostrarse más allá de la férrea creencia de los opositores, el periódico norteamericano de izquierda The Nation publicó un artículo de Mark Weisbrot (codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington) en el que afirmaba la injerencia de la administración Trump para dar un golpe en Bolivia. Lo mismo había manifestado Evo en varias oportunidades una semana después de los comicios.

 

Weisbrot señala en ese artículo que incluso antes de que el oficioso ex canciller de Pepe Mujica, Luis Almagro, al frente de la OEA, saliera a observar el posible fraude, y antes de que se conociera cualquier resultado de las elecciones del 20 de octubre pasado, ya el senador republicano de derecha Marco Rubio había tuiteado “En #Bolivia, todas las indicaciones creíbles son que Evo Morales no logró el margen necesario para evitar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales”. Funcionarios de la administración de Trump siguieron con declaraciones similares.

 

“Los reclamos de la OEA que promueven la violencia, se hacen eco de las declaraciones de Rubio y el gobierno de Trump, y han impulsado gran parte de la cobertura de los medios que sirven de ancla para aquellos que desean desacreditar las elecciones”, advertía Weisbrot.

 

El lunes a la mañana un editorial en la edición digital de la revista Crisis denunciaba el “golpe de estado con complicidad policial y militar contra el gobierno de Evo Morales”, señalaba: “La derecha organizada logró asumir la coordinación de distintas fuerzas sociales opositoras para conducirlas hacia una ruptura violenta del orden constitucional, con sus secuelas de venganza clasista”, y anotaba el “dato más relevante”: “la incapacidad de los sistemas institucionales contemporáneos para ofrecer salidas que impidan la consolidación de escenarios de guerra civil. La principal causa de esta ‘impotencia democrática’ es el cinismo de una derecha continental que no se rige por principios republicanos mínimos sino que pone en primer plano sus intereses faccionales”.

 

En ese breve y contundente análisis, los editores de Crisis no negaban los errores políticos de Evo Morales, aunque señalaban la saña con la que actuó la OEA, al mando de Luis Almagro –nombre que conviene no olvidar–, a la que señalan como la fuerza que “funcionó como el santo y seña de la ofensiva final”. Y agregan: “El silencio posterior de los gobiernos de la región consolidó el acto destituyente. La denuncia desde Buenos Aires de los referentes progresistas nucleados en el Grupo de Puebla sirvió como testimonio pero no logró torcer la voluntad de los actuales gobernantes. Un gesto de distinción fue propuesto por México, quien cada vez ejerce un papel más destacado en el contexto regional”.

 

Porque en Bolivia, en la feroz división regional que dispara guerras civiles de baja intensidad que inauguraron en 2009 el golpe de estado contra Manuel Zelaya en Honduras y, en 2012, el golpe “blando” contra Fernando Lugo en Paraguay, la pregunta que se dispara es Argentina, donde el 10 de diciembre un presidente que eligió no pronunciarse contra el golpismo de sus empresarios amigos con cuentas offshore deberá pasarle el mando a Alberto Fernández, quien acaso asuma bastante solo en la región: sin Evo en Bolivia, con el Frente Amplio en retirada en Uruguay –donde una facción del partido militar liderada por el general Manini Ríos obtuvo el cuarto de los votos– y la esperanza de una asamblea constituyente en Chile que devuelva al pueblo trasandino la esperanza de una democracia más justa que envenenó más de 40 años de pinochetismo.

 

“Estamos ante una estrategia deliberada y coordinada para liquidar a los gobiernos progresistas, capaz de articular fuerzas heterogéneas –observa el editorial de Crisis–, empleando las tácticas y acciones apropiadas según cada país. Con cada nuevo acto de fuerza, esa derecha parece envalentonarse y desplazar aún más los límites de lo posible. El impeachment a Dilma y la proscripción de Lula en Brasil, el inédito reconocimiento de un ciudadano venezolano que se autoproclamó presidente, y el golpe contra Evo son secuencias de un mismo movimiento continental en el que sin dudas opera como catalizador el gobierno de los Estados Unidos”.

 

El golpe de estado en Bolivia –más allá de que sume al país en lo que podría ser una guerra civil en progreso, con los indígenas y los sindicatos del Alto enfrentados con los terratenientes offshorizados de la Media Luna– le quita color a lo que los medios progresistas del norte llaman la “pink tide”, la oleada rosa –ya que no “roja”– que intentaba establecer un segundo turno con López Obrador en México, Evo en Bolivia y Fernández-Fernández en Argentina: proyectos de soberanía política y económica que permitieran el desarrollo industrial y la redistribución de riquezas (Evo Morales no sólo nacionalizó los recursos naturales y llevó la economía boliviana a tasas de crecimiento inéditas en la región, también impulsó modelos tecnológicos innovadores, como la creación de un auto eléctrico accesible y eficaz).

 

Tanto Evo como Lula eligieron “el tiempo y no la sangre”, apostaron no a la lógica guerrera tan a mano de la derecha de Bolsonaro y Camacho: matar opositores, quemar sus casas, secuestrar a sus familias, humillar a golpes y condenar bíblicamente a quienes están del otro lado, sino a la lucidez del pueblo que, después de un proyecto de la derecha neoliberal –que nunca es republicana ni liberal– sabrá recomponer sus fuerzas y manifestar su soberanía, más allá de los vientos de odio y racismo que hoy soplan en el sur de América.

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Domingo 08 de Diciembre de 2019
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