Sociedad
09-10-2019
La acusan de dejar morir a su recién nacido
Una mujer de 32 años fue asistida por una hemorragia y, al llegar al hospital descubrieron que había dado a luz. Fue denunciada por homicidio. Aunque no se determinó causa de la muerte, la autopsia señala que el neonato respiró luego de nacer. Estuvo presa y logró una domiciliaria.
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Carina Ortiz

Crimen por omisión, eso fue lo que le achacaron a un mujer de 32 años que sufrió una hemorragia en su casa tras casi 8 meses de embarazo y dio a luz en su domicilio. Prácticamente inconsciente fue asistida por el Samco local y trasladada al hospital de San Carlos en Casilda, donde se dieron cuenta de que se trataba de una parturienta. El feto fue hallado en su casa y una autopsia constató que había respirado. En base a ello un fiscal casildense la imputó por no haberle dicho a los médicos que había tenido un parto, lo que evitó brindarle asistencia médica al recién nacido y para la fiscalía provocó el fallecimiento.

N. está a cargo de tres hijos, dos de ellos adolescentes, y un niño de 8 años. Se gana la vida en un pueblo de unos tres mil habitantes en la industria textil. El 4 de agosto fue asistida cerca de las 3 de la mañana, en su casa, por una hemorragia post parto luego de que su hija llamara a un amigo de la familia que pidió asistencia médica. Cuando el Samco local llegó había una mujer con ella que quedó en la mira fiscal. N. fue trasladada al hospital y fue allí donde se dieron cuenta de que había tenido un alumbramiento y fue denunciada. En un allanamiento al domicilio, cuatro horas después, encontraron un neonato de 32 semanas cuya autopsia determinó que respiró tras nacer.
Para el fiscal Juan Pablo Baños el feto nació con vida, según autopsia. Para el funcionario hubo un delito por omisión por parte de la mujer y aseguró que N. tuvo la oportunidad de avisar dónde estaba y no dijo nada, lo dejó morir, aseguró. La mujer que estaba en su casa al momento del arribo de la ambulancia también fue imputada. El fiscal le achacó prestar una colaboración a N. en el delito.

Baños imputo a N. por homicidio agravado por el vínculo por omisión, es decir por no hacer nada para modificar la situación y permitir el desenlace fatal. Este delito tiene una pena en expectativa de prisión perpetua y pidió una cautelar de encierro preventivo para la mujer. Mientras que el defensor público de N. aseguró que si bien el neonato respiró no se pudo determinar con certeza cuánto tiempo ni cuál fue la causal de la muerte a lo que sumó el estado de salud en el que se encontraba N. al momento del arribo de la ambulancia.

A pesar del esfuerzo de la defensa, la jueza Mariel Minetti decidió dejar detenida a N. por el plazo de 85 días y la trasladaron a un penal en Santa Fe a más de 200 kilómetros de su casa y de sus hijos.

Perspectiva de género

La defensora general Jaquelina Balangione en diferentes declaraciones públicas dio a conocer el caso y cuestionó la falta de perspectiva de género con el que fue tratado el tema y la crudeza con la que se le aplicó la medida cautelar más gravosa y excepcional en una investigación penal que es el encierro preventivo. Otro de los puntos que cuestionó fue la falta de traslado para la audiencia de apelación ya que la mujer debió participar de la misma a través de una videoconferencia lo que le impidió conferenciar con su abogado, el defensor público Fernando Ritondale.

La decisión de la jueza Minetti de dejarla presa por 85 días mientras avanza la investigación fue cuestionada por el defensor oficial que reclamó la libertad de la mujer y se quejó por la videoconferencia y la imposibilidad de su defendida de estar presente en una audiencia conspirando con los derechos que le asisten como imputada. Resaltó que, según el resultado de la autopsia, no se pudo comprobar si N. podría haber hecho algo para evitar el desenlace fatal ya que no hay certeza de la causa de la muerte ni el tiempo de sobrevida.

El defensor destacó que ya se llevaron adelante una serie de medidas, remarcó la falta de peligrosidad procesal y en caso de no otorgarse la libertad, pidió una morigeración a la prisión preventiva. Planteo al que se opuso el fiscal Baños que reclamó la confirmación de la decisión de la jueza Minetti y solicitó la extracción de sangre a ambas imputadas para realizar un cotejo de ADN.

Pero la camarista Carolina Hernández evaluó el planteo que se centra en la aplicación de una medida cautelar y la existencia de peligrosidad procesal que se traduce en intento de fuga o entorpecimiento probatorio.

La magistrada consideró viable morigerar la medida impuesta a la mujer y ordenar una prisión domiciliaria con controles esporádicos y sorpresivos por personal policial con jurisdicción en la localidad de Artega. Mientras N. seguirá vinculada a la investigación y en caso de avanzar hacia juicio oral y público la imputada enfrentará una pena en expectativa de prisión perpetua.


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Miércoles 16 de Octubre de 2019
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