Política
28-08-2019
Uno contra todos, todos contra uno

Macri salió a compartir el costo financiero y social de sus errores económicos con las provincias, a las que les rebaja la coparticipación e intenta revertir el resultado electoral. Lifschitz y los gobernadores no alineados a Cambiemos decidieron concurrir a la Corte Suprema para que suspenda la aplicación de las medidas. Santa Fe podría perder 4 mil millones que coparticipa con municipios y comunas.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

ación salió a compartir el costo financiero y social de sus errores económicos con los gobernadores. Al eliminar el IVA de 14 productos esenciales y modificar el piso de Ganancias baja la recaudación del Estado y, con ello, la coparticipación que le llega a las provincias. No pocos dirán que Mauricio Macri está buscando revertir el resultado electoral a costa de los gobiernos subnacionales.

 

Por tal motivo, Miguel Lifschitz y el resto de los gobernadores que no están alineados a Cambiemos decidieron concurrir a la Corte Suprema de Justicia para que suspenda la aplicación de las mencionadas medidas. La aceptación del amparo judicial es vital para que Santa Fe no pierda entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, siendo una parte de esos recursos coparticipados luego a municipios y comunas.

 

La presentación judicial –de fondo– plantea la inconstitucionalidad de las medidas al interpretarse que son cambios impositivos y esas reformas deben pasar por el Congreso. Las provincias reclaman en paralelo una compensación económica por los recursos que ya comenzaron a dejar de percibir. En términos económicos quieren que la Nación asuma el costo total de bajar el IVA y tocar Ganancias.

 

No menos importante, el castigo sobre Santa Fe es aún mayor al de otros distritos: el macrismo no pagó la sentencia por la deuda de coparticipación (alrededor de 80 mil millones de pesos), adeuda unos 7.000 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y recortaron subsidios directos a la energía y al transporte (la provincia se tuvo que hacer cargo para evitar que las tarifas explotaran).

 

En ese contexto, tanto el presidente como otros reconocidos dirigentes amarillos se encargaron de cuestionar el reclamo de los gobernadores. Macri se quejó de los impuestos y tasas municipales porque solo aumenta la presión fiscal hacia los contribuyentes, Elisa Carrió los trató de “caraduras” por judicializar el tema y José Corral dijo que siente “vergüenza” por los mandatarios que no acompañan.

 

Si la idea es generar consenso y diálogo político en el medio de una crisis económica y pérdida de confianza en las autoridades nacionales, tanto interna como externa, los socios de Macri poco colaboran. El gobernador Miguel Lifschitz aclaró: “No nos oponemos a la quita del IVA sino a la quita de nuestros recursos”; y desde ese lugar plantea la discusión política y ahora judicial.

 

En el medio de la pirotecnia verbal y las estrategias de negociación, la semana pasada eran más de 15 las localidades con problemas para pagar salarios y en estos días se sumaron otros distritos a pedir auxilio financiero al gobierno provincial. A eso se sumaron recortes en servicios y la casi eliminación de horas extras, entre otras medidas poco simpáticas pero en el marco de una crisis.

 

Desde la Legislatura santafesina habilitaron que la mitad del 50 por ciento del Fondo de Obras Menores también se pueda utilizar para gastos corrientes, pero la solución es apenas un parche y la incertidumbre crece. De hecho, intendentes y jefes comunales de diversos signos políticos advierten que el proceso inflacionario no se detiene y la cláusula gatillo se torna impagable.

 

El dato es durísimo: la recesión lleva casi un año y medio, la recaudación está muy por debajo de la inflación y también cayó el pago de impuestos. Otro aspecto que también se cuela en este momento es el pase a planta en la provincia, pero también en pueblos y ciudades. Hoy habrá un nuevo encuentro entre autoridades provinciales y dirigentes de ATE y UPCN.

 

Hasta ahora no hubo acuerdo sobre el corte de tiempo para tomar en cuenta al personal contratado con posibilidades de relación de dependencia. Provincia había previsto que sean aquellos agentes incorporados hasta el 31 de diciembre de 2017, pero los sindicatos hablaron del 31 de agosto de 2018. Entonces, los trabajadores involucrados varían de acuerdo a esos criterios.

 

El relato amarillo

 

“Si el ciudadano paga sus impuestos, le tenemos que dar oportunidades para crecer. Tres años y medio no alcanzan. Lo que nos faltó hacer lo vamos a hacer con medidas que contengan a los argentinos”, dijo ayer Macri en el acto de cierre de la Jornada Anual de la entidad agropecuaria Coninagro. Luego agregó: “Vamos a ratificar el rumbo, vamos a convencer a los que están con bronca”.

 

A juzgar por esas definiciones, con una platea amigable, la política económica que lleva adelante el Presidente de la Nación no habría que cambiar casi nada y echó la culpa a impuestos distorsivos. “No creo en los impuestos que se han puesto en las provincias. Ingresos Brutos es un mal impuesto. Las tasas municipales son abusivas, y dicen que son para reparar caminos rurales que no se reparan”.

 

En cuanto a la presión tributaria santafesina (lo que recauda sobre lo que produce en términos de Producto Bruto Geográfico), es de 4,9 %. En Córdoba 5%, Buenos Aires 6,1% y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) 6,2%. Así se desprende de un análisis de la Fundación Libertad y, según el estudio, “desde 2003 a 2016, todas aumentaron tal presión, aunque Santa Fe lo hizo (-0,3%) por debajo del promedio”.

 

Desde el Ministerio de Economía que comanda Gonzalo Saglione se informó que “Santa Fe es la provincia de menor presión tributaria sobre el sector agropecuario (no se paga ingresos brutos)”. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina agregó que por cada 100 pesos de impuestos que el campo le paga al Estado nacional, le aporta solo 3 pesos al gobierno de Santa Fe.

 

Sin embargo, Buenos Aires recibe 7 pesos de cada 100 (más del doble que Santa Fe) y eso que allí la gobernadora cambiemista María Eugenia Rural también les cobra Ingresos Brutos. El relato presidencial se agota a poco de hacer andar los datos objetivos de la economía, pero a los sectores agroexportadores parece importarles poco la veracidad de las definiciones.

 

Por caso, en los distritos gobernados por el PRO o el radicalismo amarillo la presión fiscal es mayor a Santa Fe. Las industrias santafesinas que facturan hasta 140 millones de pesos anuales no pagan Ingresos Brutos, pero en Entre Ríos pagarán 1,4 millón de pesos; 1,82 millón en Córdoba; y 2,1 millones en Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires.

 

Una industria que factura $ 800 millones paga de Ingresos Brutos 10 millones de pesos en Entre Ríos; 10,4 millones en Córdoba y 12 millones en Caba y Buenos Aires; mientras en Santa Fe abonan 4 millones. Respecto de Industrias No Pymes (son 85 en la provincia, 0,31% de los contribuyentes de Santa Fe) que facturan $ 3.000 millones, pagan $ 45 millones en esta provincia.

 

En el sector comercial, “con una facturación anual de $ 50 millones se paga $ 1,38 millón en Santa Fe, $ 1,75 en Entre Ríos o Buenos Aires, $ 2 millones en Córdoba y $ 2,5 millones en Caba. Un comercio con facturación anual de $ 130 millones paga IIBB por 4,6 millones en Santa Fe, 5,2 en Córdoba y $ 6,5 millones en Buenos Aires. Un comercio que factura $ 2 mil millones paga $ 100 millones en Santa Fe, Buenos Aires o Caba y $ 83 millones en Córdoba”.

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