País
22-08-2019
Las penas son nuestras, los satélites son ajenos
El plan de la administración macrista de discontinuar y desfinanciar el plan Arsat llevó a una privatización del espacio satelital argentina, son pérdida de soberanía y millones de euros que podría haberse ahorrado el estado nacional.
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Como consecuencia de las decisiones políticas del gobierno de Cambiemos en el área ciencia y tecnología, según lo señala Alfredo Montenegro –docente y computador científico de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat)–, el país sufre hoy “una preocupante pérdida de soberanía satelital”. La transformación de Arsat durante la administración de Mauricio Macri supeditó los objetivos estratégicos de la empresa al interés de las grandes corporaciones y de los capitales trasnacionales, lo que lleva a la privatización de los servicios satelitales.

Entre las consecuencias de la discontinuidad del Arsat-3 está la de poner en riesgo la conservación de la posición orbital 81º Oeste. Los efectos colaterales de estas decisiones políticas, implican una pérdida de 7 millones de euros para el Estado Argentino en la contratación directa del satélite Astra-1H (lanzado al Espacio en el año 1999 con una vida útil de diseño de 15 años), propiedad de la multinacional SES.

La dudosa maniobra comercial donde se reubicó el satélite Astra-1H en la Posición Orbital Estacionaria (POG) 81º tuvo que cumplir un cronograma de 12 pagos. El inicial de 1 millón de euros por la reserva del satélite; por la mudanza del satélite a la posición orbital acordada, otro millón de euros. Esta reubicación se produjo a fines de 2018. Arsat deberá abonar los cinco millones de euros restantes en 10 cuotas mensuales de 454.545,45 euros y una cuota final de 454.545,50 euros.

El profesional, que publicó su informe en Alainet, señala que la discontinuación del Plan Satelital Argentino del gobierno cembiemita “muestra niveles preocupantes de colonización y empobrecimiento de la operadora en el mercado de telecomunicaciones estatal. Las autorizaciones dispuestas por el gobierno de Cambiemos a empresas de tecnología y servicios satelitales extranjeras no sólo implican pérdida de autonomía soberana, sino que le quitan mercado a la Arsat”.

Así, señala que Hispamar –empresa satelital brasileña subsidiaria de la española Hispasat–, brinda servicios satelitales que debían estar cubiertos por el satélite argentino ARSAT III, que dicontinuó la administración macrista. Y agrega: “El espacio satelital argentino se encuentra poblado por 25 satélites extranjeros habilitados para operar comercialmente por la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Entre el año 2017 y el 29 de abril de 2019 –datos que aparecen en el Boletín Oficial argentino– la secretaría de Gobierno de Modernización autorizó a tres satélites brasileños (Amazonas 2, 3 y 5, de la empresa Hispamar) a proveer facilidades satelitales en la banda de frecuencias Ku, desde la posición orbital geoestacionaria de 61° de Longitud Oeste.

El despliegue de satélites brasileños se fundamentó en un “acuerdo de reciprocidad” –señala Moreno– que autoriza a los satélites privados a compartir el espacio satelital argentino. Pero ese protocolo no se aplica para los satélites de Arsat, que no fueron autorizados en Brasil. Igual situación se presenta con las autorizaciones de los satélites mexicanos Eutelsat y Américas.

Algo similar ocurre en la zona cordillerana, donde hace muy poco –el 22 de julio pasado– una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, que depende de la secretaría de Modernización), aprobó el Proyecto de Acceso a Internet Satelital a Domicilios de la Zona Cordillerana Sin Accesos a Internet Terrestre, por el que Arsat deberá instalar 5 mil antenas de acceso a Internet de banda ancha satelital en la Cordillera de los Andes. Esas antenas fueron compradas a la empresa Hughes Network System 5000. Con esa empresa (de origen estadounidense) se contrató el acceso satelital para dar servicio de internet. Se trata de la misma corporación que en 2017 intentó quedarse con el área satelital de Asrsat.

Arsat no cuenta con capacidad HTS (High Throughput Satellites) para brindar banda ancha como especifica el Enacom. La empresa pública ofrece este servicio mediante el satélite Hughes-63 West de alta capacidad que se encuentra operando en territorio chileno.

Enacom destinó una partida presupuestaria de 5,5 millones de dólares y Arsat se comprometió a realizar el despliegue de los 5 mil accesos en 24 meses (2019 a 2021). En 2018 el entonces Ministerio de Modernización realizó una interpretación reglamentaria y otorgó autorizaciones a terceras administraciones sobre las que el operador nacional Arsat no recibe igual tratamiento, es decir, no le habilitan la prestación del servicio.

Según Moreno, un nuevo gobierno deberá retomar una política de desarrollo en Ciencia y Técnica y en infraestructura de telecomunicaciones en beneficio de Argentina. “En este sentido, es fundamental una ley que modifique los criterios de autorización de satélites para servicios fijos en nuestro territorio satelital”, señala.

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Lunes 18 de Noviembre de 2019
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