Sociedad
03-07-2019
Monticas: un caso que no permite otros querellantes

Casi dos años después del accidente en Casilda en el que murieron 13 personas, la fiscalía imputó a personal y directivos de la empresa de transporte. La única acusadora es la familia de una de las víctimas que permanece en estado vegetativo, pero no se admitió a la UNR, al gremio de docentes universitarios ni a la municipalidad de Casilda.

Aumentar tamaño del texto Reducir tamaño del texto Tamaño del texto normal

Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

En febrero de 2017 la tragedia sacudió la ruta 33 cuando dos micros de la empresa Monticas S.A. chocaron. Uno de ellos reventó un neumático, perdió el control e impactó al micro que venía en sentido contrario. En el siniestro vial murieron 13 personas entre los que se cuentan los dos chóferes y hubo 37 heridos de distinta consideración. Dos años después del hecho cinco personas, integrantes del directorio y jerárquicos de Monticas, fueron imputados en libertad. Hoy la causa sigue en investigación y de las entidades que pretendieron presentarse como querellantes –Universidad Nacional de Rosario, Asociación Gremial de Docentes e Investigadores y la municipalidad de Casilda– fueron rechazados en sus pretensiones. Hasta el momento solo los familiares de una mujer que se encuentra en estado vegetativo fue admitida como querellante en la causa. La pesquisa avanza lentamente y el reclamo de Justicia se reedita año tras año.

 

La mañana del 24 de febrero de 2017 uno de los micros de la empresa Monticas S.A. circulaba por la ruta 33 y a la altura del kilómetro 779, es decir entre Pérez y Zavalla, sufrió la explosión del neumático delantero izquierdo. Esa circunstancia hizo que el micro se volviera incontenible para el conductor y el coche cruzó de carril. De la mano contraria venía otro colectivo de la firma contra el que impactó, ambos terminaron en la en la cuneta. Hubo 13 muertos, entre ellos los dos choféres, y 37 personas heridas.

 

El caso quedó en manos del fiscal Walter Jurado que avanzó a paso lento hacia una audiencia imputativa que llegó recién en diciembre de 2018. El funcionario llevó al banquillo al presidente del directorio Alejandro David L., al vicepresidente Raúl José R., a Juan Antonio S. integrante del directorio, al gerente Pablo César D. y al jefe de taller Carlos Enrique L. quienes fueron imputados por el delito de homicidio agravado y lesiones.

 

Una de las evidencias fuertes que Jurado presentó en la audiencia la pericia sobre los colectivos, especialmente sobre el neumático que se reventó. El fiscal dijo que había sido colocado en el micro en noviembre de 2016, era usado y contaba con una antigüedad de 5 años. Además no estaba recomendado por el fabricante para el uso en ruta. Jurado imputo al grupo en base a la función que cada uno tenía en la empresa, miembros del directorio, gerente y jefe de taller.

 

El fiscal explicó que el deber de cuidado está contemplado en la ley nacional de tránsito (24449) en su artículo 48 inciso l cuando habla de la prohibición de circular con cubiertas con fallas o sin la profundidad de los canales de banda de rodamiento y en el artículo 53 de dicha ley que refiere a las exigencias que tienen los propietarios de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y cargas de circular en adecuadas condiciones de seguridad. También hizo referencia a la ley provincial sobre la reglamentación del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros donde habla que es inherente a la concesión la obligación de cumplir con todas las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de higiene seguridad, tráfico y explotación del servicio.

 

Para el fiscal, estas cinco personas son coautores del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente, inexperta y antirreglamentaria de un vehículo automotor al mantener una conducta negligente e imprudente que provocó un aumento de riego al no haberse garantizado el correcto mantenimiento mecánico y neumático de las unidades, especialmente en el coche que reventó el neumático delantero izquierdo resultando como consecuencia su explosión.

 

Pedido de participación

 

La causa siguió con los integrantes del directorio y personal jerárquico de la empresa imputados y en libertad y a mediados de este año se presentaron varios pedidos de constitución de querellante: entre ellos la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (COAD), la municipalidad de Casilda y familiares de María Belén Genga, quien se trasladaba en uno de los micros siniestrados y quedó en estado vegetativo tras el siniestro vial.

 

El representante de la familia pidió ser querellante y entendió que además del delito de homicidio culposo y explicó que la responsabilidad de los imputados tiene base en el peritaje que se hizo a los colectivos. Contó la situación actual de María Belén y lo que implicó el siniestro vial en la víctima y su familia. Respecto a esta petición ni la Fiscalía ni la defensa, aunque con algunas reservas, se opusieron a la participación de los Genga en el proceso.

 

Mientras que el representante de la universidad peticionó la participación al considerarse damnificado directo, explicó que hay víctimas fallecidas y heridas que son personal de la UNR. Dijo que ya en 2007 habían adelantado los riegos potenciales del servicio de traslado que brindaba la empresa. Con los mismos fundamentos se presentó la secretaria general de COAD al sostener un interés directo de los trabajadores agremiados en el caso. Postularon la protección a la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores.

 

La tercera pretensa querellante fue la municipalidad de Casilda. Su representante dijo que la problemática vial no es ajena a la administración de esa localidad y el siniestro vial impactó a toda la comunidad ya que las víctimas eran casildenses. Además afectó en la prestación de servicios públicos de enseñanza y educación que impactaron en gran cantidad de estudiantes de la facultad de veterinaria.

 

Pero el reclamo de las entidades fue criticado por la Fiscalía y la defensa de los imputados optaron por oponerse en los tres casos. Postura que fue avalada por el juez Pablo Pinto que, la semana pasada resolvió solo hacer lugar al pedido de constitución de querellante de la familia de María Belén Genga negando esa posibilidad a la UNR, COAD y municipalidad de Casilda. Para ello el juez tomó en cuenta los fundamentos de la fiscalía y la defensa.

 

Dijo que en el caso los hechos afectan bienes como la vida y la integridad física que son individuales y no hay afección de derechos colectivos, entendió que el derecho le corresponde a los damnificados directos, es decir las víctimas y en el caso a los familiares de los fallecidos en el choque. Agregó que estas instituciones no cumplen con los requisitos legales para constituirse como querellantes aunque pueden colaborar con la investigación que lleva adelante el fiscal sin necesariamente ser partes del proceso.

Dejanos tu comentario...

Miércoles 30 de Septiembre de 2020
La pandemia en Brasil
Pandemia y ciudad
La abanderada del odio
Renta básica, un experimento
Internacionalizar la crisis
Evitar una catástrofe financiera global
El mundo según Bill Gates
El mundo acelerado
Coronavirus: lo que aún no se sabe
Lo que el pentágono sabía
Capitalismo pandémico
El peligro de una segunda ola
Un nuevo orden mundial
Mujica
Jugar contra el prejuicio
Economía parasitaria
Por qué se lame el perro
Eros y civilización
Maten al rugbier
foto