Sociedad
07-08-2019
Usó una fiscalía para espiar a su ex
Un ex fiscal fue acusado de utilizar escuchas y dispositivos que le otorga su cargo para investigar para perseguir a quien fuera su novia. Inducir a error a jueces y logó autorizaciones para pinchar los teléfonos de su ex pareja y su entorno.

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Carina Ortiz

En agosto de 2017 un escándalo sacudió el seno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El flamante organismo funcionada desde 2012 tras la reforma del sistema procesal penal le dio un giro al fuero y fijó los términos de un sistema acusatorio. Desde entonces el MPA pasó a ser el encargado de la investigación de los delitos. Entre sus filas estaba el fiscal adjunto Fernando R. y uno de sus empleados descubrió que dentro de investigaciones que tenía en trámite, solicitaba intervenciones telefónicas a números que le resultaron conocidos, detectó que uno de ellos era de la ex novia del fiscal y presentó una denuncia. Ello derivó en una pesquisa que quedó en manos de su par Natalia Benvenuto. De la evidencia que se recolecto, surgió que el fiscal sospechado intervino por casi un año el celular de su ex novia y su entorno. Este viernes el ahora ex funcionario del MPA fue imputado de varios delitos contra la administración pública. Benvenuto explicó que las víctimas pueden iniciar una querella por violación de secreto pero es un delito de instancia privada, lo que significa que solo se puede judicializar si la víctima así lo desea e impulsar ellas mismas el proceso.

Fernando R. prestaba servicios en la Unidad de Investigación y Juicio cuando el caso tomó estado público, antes había pasado por la entonces Oficina de Violencia de Género. También presidía la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA. En su oficina tenía a cargo empleados y un gran cúmulo de investigaciones.

La acusación

Según reconstruyó la fiscal Benvenuto. El ex fiscal utilizaba investigaciones verídicas que tenía en curso y con información falsa se presentaba en el Colegio de Jueces a pedir intervenciones telefónicas. Las fundaba diciendo que pertenecían a personas sospechosas o investigadas en estas causas induciendo a error a los jueces. Solicito varias intervenciones que se extendían por 30 días durante casi un año pero luego se determinó que los números de teléfonos intervenidos pertenecían a personas que no estaban vinculadas a esas investigaciones, explicó la fiscal. Se trataba de números de celulares de su ex novia –una joven que trabajaba también en el MPA– de su familia y amigos. Una vez obtenida la información el ex fiscal se acercaba al organismo que efectivizaba la medida y retiraba el material. Incluso presentó una nota para que el organismo entregue los cd con la información solo a él o a alguien que autorizara, contó Benvenuto.

La funcionaria explicó que detectaron 12 teléfonos intervenidos y más de 180 cedés con información de escuchas y mensajes telefónicos que fueron secuestrados en la oficina, la casa y la vivienda de la madre del sospechoso. Tras lograr la orden judicial para la intervención, el ex fiscal oficiaba al organismo que llevaba a cabo las escuchas –primero fue Dicom y luego Dajudecu– y a la prestataria de servicios. Pero en una oportunidad consignó mal la numeración de algunos de los celulares a los que le sumó un dígito, entonces desde el organismo llamaron a la Fiscalía para informar el error. Un empleado de la oficina fue a corroborar los datos y se dio cuenta que algunos de los números de teléfono que figuraban en el oficio le resultaban conocidos. El empleado indagó un poco más y vio que uno de ellos pertenecía a su compañera de trabajo y denunció el hecho, explicó la fuente.

Esa denuncia abrió una investigación administrativa y otra judicial. Desde la auditoría general de gestión del MPA se pidió la suspensión del sospechoso, lo que llegó por orden del Fiscal General Jorge Baclini. Esta medida implicó que no corriera la prescripción de la causa mientras durara la suspensión. Pero en agosto de 2017 Fernando R. renunció al cargo.

La fiscal Benvenuto, tras realizar las primeras tareas investigativas y al entender que los delitos relacionados con las telecomunicaciones corresponden al fuero federal, remitió las actuaciones a Buenos Aires. A partir de allí se generó un conflicto de competencias que aún no fue resuelto. Benvenuto se declaró incompetente y también lo hizo la Justicia Federal por lo que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El secretario penal del máximo tribunal del país informó que el caso aún estaba en trámite y pidio que continuara la investigación, explicaron en la audiencia.

Entonces Benvenuto decidió llamar a imputativa a su ex compañero. Su defensor Víctor Corvalán hizo un planteo previo al inicio del achaque dónde pidió la inadmisibilidad de la imputativa al considerar que había un conflicto de competencias que aún no se resolvió, dijo que el planteo solo se realizaba a los fines de evitar la prescripción del caso y que le parecía grave que el fuero federal se entrometa en el provincial y le diera órdenes al MPA.

A su turno Benvenuto explicó que pidió la audiencia porque le pareció un tiempo prudencial el que había pasado, que fue la fiscal que previno en el caso por lo que le corresponde continuar el trámite mientras se resuelve la cuestión en la Corte. Que también era un beneficio para el sospechoso, para que supiera por que se lo investiga y negó que haber recibido una orden de la justicia federal y que se tratara de una audiencia para evitar la prescripción de la acción. Explicó que el delito de peculado que pensaba achacarle tiene una pena máxima de 10 años de prisión e inhabilitación permanente.

El juez Pablo Pinto desechó el planteo defensista y permitió la realización de la audiencia. En ella la fiscal imputó a Fernando R. por los delitos de peculado de trabajo y servicios públicos, falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por tratarse de un funcionario público en calidad de autor. Benvenuto englobó el caso en cuatro hechos. El primero del 25 de agosto de 2016 cuando el ex fiscal solicito al juez de turno una intervención telefónica para 4 teléfonos en una investigación abierta a la que le cambió la carátula. Se trataba de una denuncia por lesiones y la cambió a una investigación por robo calificado y privación ilegítima de la libertad. Cuando fundó el pedido dijo que desde marzo de 2015 se cometieron 14 hechos de estas características con la misma modalidad por lo que unificó las investigaciones. En esa ocasión pidió la intervención de 4 teléfonos que resultaron ser de su ex novia, dos amigos y una cuarta persona sobre la que no se determinó vinculación con el caso, explicó la fiscal.

El 3 de abril de 2017 pidió otra intervención por 30 días, esta vez utilizó una investigación sobre sustracción y venta ilegal de autopartes que tenía a cargo. Dijo que había un informe policial que decía que se estaban vendiendo autopartes de dudosa procedencia de fecha 31 de marzo y brindo 6 números telefónicos para intervenir. Después se conoció que esos números correspondían a su ex novia, su padre y amigos de la joven, contó la funcionaria.

El 21 de junio hubo un nuevo pedido también por un mes. Dentro de una investigación por venta ilegal de autopartes pidió la intervención de otra tanda de teléfonos en base a un informe policial que no se encontró, explicaron. La fiscal explicó que pertenecían a su ex novia, dos hermanos y la madre de ésta, una amiga y una joven pasante que trabajaba en fiscalía. El 27 de julio pidió una prórroga de la medida para esos números por otros 30 días.

Cuando se descubrió la maniobra la fiscal pidió a un juez la suspensión de esta medida que aún estaba vigente. Finalmente este viernes el ex funcionario fue imputado por los hechos y el juez Pinto admitió la acusación a pesar de la queja defensista.




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