Sociedad
17-07-2019
Tras doce años reabrirán la causa Ecos
Un siniestro vial que se llevó una docena de vidas aún sigue sin resolución en la Justicia. Después de que la Corte de la provincia avalara su prescripción, la Corte Nacional reabrió el caso que tiene en el ojo de la tormenta al chofer del colectivo.
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Carina Ortiz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reabrió la causa penal dónde se investiga la muerte de 12 personas en el siniestro vial entre un colectivo que transportaba alumnos del colegio Ecos, directivos, ex alumnos y profesores y un camión, que también dejó 39 heridos, ocurrido en la provincia de Santa Fe en 2006. La decisión llegó después de un procesamiento al chofer del colectivo, dos condenas anuladas, un sobreseimiento por prescripción (es decir por el paso del tiempo) y más de una docena de años de trámite. La Corte nacional dejo sin efecto la sentencia dictada por la Cámara Penal de Rafaela y resolvió que el caso vuelva al tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia.
Los alumnos del colegio Ecos de Villa Crespo volvían hacia sus hogares tras realizar una tarea solidaria en la escuela del Paraisal, en Chaco. Una institución que el colegio Ecos apadrinaba desde 1994. La noche del 8 de octubre de 2006 el ómnibus de la empresa Godoy, conducido por Oscar Eduardo A., circulaba por la ruta 11 y en el kilómetro 689, a la altura de la localidad de Margarita, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, impactó de frente contra un camión con acoplado que transportaba cuero e iba zigzageando, según algunos testigos. Por el impacto doce personas murieron: nueve de ellos eran alumnos del colegio y una profesora de la institución, también el conductor del camión y su acompañante.

La historia judicial

El chofer del colectivo fue sometido a un proceso penal que aún hoy intenta llegar a una respuesta, dónde solo los dueños del camión fueron admitidos como actores civiles en el caso. El 26 de octubre de 2007 el juez penal correccional de Reconquista dictó sobreseimiento del conductor y rechazó la demanda civil. Mientras que el 28 de diciembre de 2010 la Cámara Penal de Vera revocó la decisión y remitió el caso a un nuevo tribunal.

El 24 de octubre de 2011 el juez Virgilio Palau, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal de Reconquista dictó una sentencia condenatoria contra el chofer. Le impuso una sanción de 3 años de prisión en suspenso y 7 de inhabilitación para conducir más dos años de cumplimiento de reglas de conducta. También rechazó la acción civil.

El fallo fue apelado y la Cámara de Apelación de Reconquista revocó la condena en suspenso porque entre otros argumentos faltó la audiencia de conocimiento personal que el juez debe hacer con el imputado por ley y reenvió el caso a otro tribunal en octubre de 2012.
Entonces el caso quedó en manos del juez de menores de Reconquista Jorge Fernández que en julio de 2012 rechazó un planteo de prescripción de la acción y condenó al chofer a la pena de 2 años y medio de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para la conducción de vehículos. Una vez más la decisión fue apelada y la Cámara Penal de Rafaela volvió a revocar la condena en septiembre de 2014. Dictó el sobreseimiento del conductor al entender que la causa penal había prescripto. Fundamentó la decisión al asegurar que en el caso debe tomarse en cuenta el máximo de la pena de prisión que se fija para el delito más grave, en este caso en el homicidio culposo y concluyó que la primera condena que se dictó había perdido el efecto interruptivo del plazo de prescripción al anularse.

La Fiscalía presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que no fue aceptado y lo declaró inadmisible. Entonces fue ante la Corte Suprema de Justicia Nacional con un recurso de queja en base a dos cuestiones: en la primera explicó que los camaristas de Rafaela que resolvieron dictar el sobreseimiento, llegaron a esa decisión por distintos fundamentos. En la segunda cuestión dijo que la Corte provincial consideró inexistente la sentencia condenatoria de octubre de 2011 a los fines de considerarla como un interrupción al plazo de prescripción de la acción penal. El fiscal dijo que la nulidad de esa sentencia se limitó al dictado de la pena por lo que debe considerarse en forma parcial. A lo que sumó que esa sentencia debió considerarse como un acto que corta el plazo de prescripción de la causa.

La Corte de la nación evaluó el planteo. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieron admitir el recurso y revocar la decisión de que dictó el sobreseimiento en base a las quejas de la Fiscalía. Por lo que remitió el caso al juzgado de origen para el dictado de una nueva sentencia al entender que la causa no estaba prescripta.

Voto en disidencia


Esta decisión se tomó con la disidencia del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz quien sostuvo en soledad que los planteos de la Fiscalía fueron extemporáneos. Agregó que el artículo 67 inciso e del código penal habla de una de las causales de interrupción, y dice que la sentencia condenatoria es interruptiva por lo que al ser declarada nula no hubo una condena a los efectos del computo de la prescripción.


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