Sociedad
30-05-2019
Usurpación en banda de una casa
El caso tuvo alto perfil: se presentó como una asociación ilícita que se adueñaba de modo violento de viviendas y amedrentaba a sus moradores. Una balacera fue el punto de inflexión y marcharon presos. Terminaron acordando con la fiscalía penas exiguas.
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Carina Ortiz

Fueron condenados a penas condicionales por usurpar una casa, venderla en forma irregular y luego amedrentar a tiros a sus compradores para que la abandonaran. Están acusados de pertenecer a una asociación ilícita aunque el hombre que fue señalado como el cabecilla quedó desvinculado de esta sindicación en un juicio abreviado al que arribaron con la Fiscalía. Conocido como el Manco, fue condenado a una pena de 3 años de prisión condicional como partícipe de una asociación ilícita al igual que otros dos consortes de causa mientras que su pareja recibió una condena de un año en suspenso por tenencia de un arma. La verdadera dueña recuperó la casa y fue indemnizada por los ahora condenados. Aún resta resolver la situación procesal de uno de ellos, quien había llegado a un acuerdo con la Acusación pero en la audiencia hubo una diferencia entre las partes por la modalidad de cumplimiento de la pena, mientras que el restante sigue bajo la lupa judicial por encubrimiento.

Maximiliano Quiroga tiene 21 años y le ofreció a una mujer una propiedad ubicada en Savio al 2200. Le dijo que era suya y se la vendía a 70 mil pesos. Tentada por la oferta la mujer aceptó comprarla de palabra y acordó pagarla en cuotas en forma semanal, le daría entre 2 y 3 mil pesos. La transacción se hizo a mediados del año pasado y la mujer se mudó con su familia a la casa pero a los dos meses de la compra empezaron los problemas. El vendedor se arrepintió del precio y reclamó la devolución de la casa pero como la compradora se negó comenzaron las amenazas.

La situación se puso cada vez más violenta y según la acusación Maximiliano instigó junto a su hermano un ataque a la familia. Según algunos testimonios ambos eran parte de un grupo que respondían a un hombre conocido como Oscar César Manco García, el dueño de una distribuidora que quedó vinculado a la investigación.

La balacera

A mediados de diciembre la situación pasó a mayores cuando la casa fue baleada. En la puerta había varios miembros de la familia que habitaba el lugar cuando llegó un Chevrolet Corsa gris cuyo acompañante abrió fuego sin mediar palabra. Disparó al menos media docena de proyectiles que terminaron impactando en tres personas. Alexis G., de 18 años, recibió un tiro en el glúteo, otro de los balazos le fracturó el tobillo a Joana F, de 23. También su hijito fue herido en los tobillos. Según una de las declaraciones el niño de 20 meses de edad, debió permanecer por unas dos semanas internado en el hospital de niños.

El 30 de diciembre y después de algunas averiguaciones se realizaron, a pedido de la Fiscalía, una serie de allanamientos que terminaron con detenciones. Maximiliano y Ariel Quiroga, de 38 años, fueron imputados por el fiscal Gustavo Ponce Asahad como miembros de una asociación ilícita, además le achacaron instigar una tentativa de homicidio contra las víctimas que habitaban la casa, entre otros delitos. También fue detenida Carla Verónica Ramírez, de 40, años por tenencia de arma y partícipe en la asociación ilícita — esta mujer es pareja del Manco — y otros dos hombres marcharon presos: un colombiano identificado como Mauricio A. G. y Eric R. sindicados como encubridores. Dónde detuvieron al colombiano se secuestro un arma de grueso calibre mientras que el galpón dónde fue arrestado Eric R. hallaron un cargador y algunas municiones. Algunos días después cayó el Manco y lo imputaron entre otros delitos como el jefe de la organización.

La dueña

Mientras, la verdadera propietaria del inmueble de calle Savio se enteró del tiroteo a la casa que heredo de unos familiares por la televisión. La mujer había alquilado esa vivienda pero el contrato había terminado y la casa estaba vacía. Circunstancia que fue aprovechada por los usurpadores. La mujer había iniciado un juicio de desalojo y según la investigación fue contactada por Maximiliano Quiroga para recuperar la casa a cambio de una suma de dinero.

Luego de varios meses los defensores de casi todos los imputados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Ponce Asahad estuvo dispuesto a archivar el caso respecto a algunos delitos que no pudo sostener con evidencia al avanzar la investigación y acordó cerrar un procedimento abreviado para cinco de ellos.

La mujer llegó a un acuerdo por el delito de tenencia de arma de uso civil por lo que aceptó un año de prisión en suspenso. El fiscal retiró la acusación como miembro de la asociación ilícita. Mientras que para los hermanos Maximiliano y Ariel Quiroga, reencuadro el hecho de la balacera. De tentativa de homicidio pasó a lesiones leves calificadas por el uso de arma de fuego. El fiscal explico que si bien hay una clara intención de amedrentar y no se puede descartar la instigación atribuida no hubo una finalidad de matar sino de intimidar a los moradores haciendo suficiente daño para llamar su atención.

También tuvo en cuenta esta misma circunstancia para Oscar García. A quien además le sacó la jefatura de la asociación ilícita al entender que la evidencia no logro determinar un lugar privilegiado o de jerarquía en el grupo delictivo. Para el fiscal no se acreditó que García, en forma autónoma haya sido quien tomó todas las decisiones respecto al accionar delictivo del grupo aunque aclaró que surge la posibilidad de comisión o la instigación de algunos de los delitos. A lo que sumó que la ausencia de una persona en el cargo de jefe no perjudican la organización y siguen delimitados los requisitos de la asociación ilícita.

Para el trío de varones el acuerdo consistió en una pena condicional de 3 años de prisión más algunas reglas de conducta entre ellas la imposibilidad de comunicarse con cualquiera de las víctimas durante el tiempo de la sanción penal. Además los cuatro imputados que consintieron el procedimiento abreviado deberán indemnizar a la verdadera dueña de la propiedad.

Mauricio A.G., de nacionalidad colombiana había llegado a un acuerdo con la Fiscalía pero durante la audiencia surgió una discrepancia respecto a la modalidad de cumplimiento de la pena y se pidió un cuarto intermedio para resolverlo, por lo que su situación quedó en stand by.

Finalmente la jueza Hebe Marcogliese admitió los acuerdos y homologó los convenios presentados por las partes dictando pena para cuatro de los acusados.

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