Sociedad
22-05-2019
Salta 2141: la explosión aún genera chispas
Continúa el debate por una de las mayores tragedias de la ciudad, que tiene a once imputados. La investigación lleva casi 6 años y 36 cuerpos de expediente. El caso –adaptado al nuevo procedimiento– se lleva adelante en forma oral por el delito de estrago culposo agravado.
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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

El juicio oral y público por la tragedia más grande que sufrió la ciudad se desarrolla en el Centro de Justicia Penal y tiene a once personas sentadas en el banquillo de los acusados. La fiscalía y la única querella que quedó en el caso los responsabilizan por la explosión que se produjo el 6 de agosto de 2013 en el edificio de calle Salta 2141. Tragedia que dejó un saldo de 22 personas muertas, 60 heridos e innumerables daños materiales. Se trata de cinco empleados de Litoral Gas (tres reclamistas, su jefe y la gerenta del área técnica), dos gasistas y un ayudante. La acusación pidió cinco años de cárcel por el delito de estrago culposo. Para la Fiscalía hubo una concatenación de hechos a partir del 25 de julio que llevaron a la explosión. Las posturas de los defensores tienden a deslindar responsabilidades en otros computados y sostienen la inocencia de sus clientes.

 

El juicio se inició el 8 de mayo con los alegatos de apertura. La fiscalía y la querella que representa a los familiares de Débora Gianángelo van en el mismo sentido. La fiscal Argüelles hizo un pormenorizado relato. Todo inició con la llamada de una vecina que tenía poca presión de gas en su departamento, dijo. Muchos se enojaron con ella porque tras la llegada del reclamista de Litoral Gas Gerando Bolanio el 25 de julio al edificio el suministro fue cortado. La empresa, mediante un mail, solicitó aquel día un permiso a la Municipalidad para abrir la vereda. Ese tipo de pedidos se hacen para cambiar un tramo de la cañería, pero ello nunca paso, dijo la funcionaria.

 

Tras el corte del servicio, desde la administración Calvillo llamaron al gasista José Luis Allala que hizo algunos cambios de piezas y llamó a la empresa para la reconexión el 26 de julio pero no se quedó a esperar a Litoral Gas. Llegaron los reclamistas Guillermo Oller y Luis Curaba y tras inspeccionar el lugar y sin hacer una revisión integral, según explicó la fiscalía, reconectaron el suministro. A partir de allí todos los departamentos empezaron a tener dificultades con la presión del gas y la queja fue generalizada.

 

La fiscal explicó que durante esa semana la empresa fue cinco veces al edificio. La fiscal aseguró que los reclamistas siguieron órdenes de sus superiores: el jefe de mantenimiento de redes Claudio Tonucci y de la gerente del área técnica Viviana Leegstra quienes tenían la obligación de controlar y capacitar a sus subordinados, aseguró.

 

El 2 de agosto Tonucci mandó al inspector Curaba a constatar si seguían las pérdidas. El inspector dijo que no había fugas y aconsejó archivar el reclamo de la vecina. Pero, como la presión de gas seguía siendo un problema la administración – a cargo de Mariela Calvillo, del representante legal Carlos Repupilli y Norma Bauer, madre de Calvillo — resolvieron hacer una reunión de consorcio. Antes fijaron unos carteles en el edificio diciendo que debía cambiar el regulador tras lo cual se debían controlarse todos los departamentos para determinar si estaban de acuerdo a las reglas legales.

 

La reunión de consorcio se llevó adelante en un departamento solo con los propietarios. Allí los administradores presentaron al gasista Carlos García como el hombre que haría el trabajo el 6 de agosto a la mañana, labor que según algunos testigos el gasista tildo como una boludez. Luego apareció un nuevo cartel en la propiedad dónde la administración aclaraba que la revisión de las unidades era opcional. La fiscal aseguró que el cambio de gasista se debió al costo del trabajo.

 

La mañana del 6 de agosto de 2013 García y su ayudante Pablo Miño llegaron al edificio que a las 9.38 terminó explotando, la torre del medio desapareció y la que daba a la calle se incendió. Agüelles dijo que el gasista salió corriendo cuando todo se descontroló. A lo que sumó que no avisaron a los vecinos que arrancaban con el trabajo, no cortaron la luz ni cerraron la puerta de ingreso. Mientras que Litoral Gas tardó 2.40 horas en cortar el suministro de gas luego del incendio, contó la fiscal y pidió para los inspectores Ollier y Curaba, la gerenta del área técnica, el jefe de redes, los tres integrantes de la administración Calvillo, el gasista García y su ayudante la pena de 5 años por estrago culposo agravado.

 

Días previos al juicio la fiscal presentó un pedido de sobreseimiento para el inspector Bolanios y el gasista Allana. En cambio la querella mantuvo la acusación para los 11 y coincidió con el reclamo de una pena de 5 años de cárcel para todos los imputados. Mientras quelas defensas plantearon la inocencia de sus clientes. Muchos de ellos declararon, repasaron su actuación y resaltaron la falta de pruebas en su contra. También deslindaron responsabilidades en otros coimputados, especialmente en el gasista García y pidieron absoluciones.

 

García

 

El gasista que intervino aquel fatídico 6 de agosto declaró que lo llamaron de la Asociación de Gasistas para que se comunicara con la administración del edificio. Tras la charla con Calvillo contó que fue a la empresa, dónde le dijeron que cortara el gas y realizara el cambio de regulador. Hizo referencia a la antigüedad de la llave de corte, que no lograba cortar del todo el gas y que al manipular una unión doble que había en el gabinete se le desarmó la cañería y ya no tuvo posibilidad de cerrar el suministro. Aseguró que no se escapó, aseguró que fue en busca de ayuda y al volver la explosión era un hecho. “Nunca desarmé el regulador”, aseguró.

 

Otra de las personas que declaró en varias oportunidades fue Viviana Leegstra, tras varias jornadas y en base a lo que se iba diciendo realizó aclaraciones y habló de los reglamentos. Una de las cosas que dijo es que si hubiera estado floja la cañería como dijo García hubiera seguido perdiendo gas y ello era fácilmente detectable.

 

También declararon la vecina que llamó a Litoral Gas por la dificultad que tenía en su departamento con el suministro y otra inquilina del edificio que vio el estado de la cañería, aseguró que había óxido en las uniones. Siguieron los forenses que profundizaron sobre las causas de muerte de las víctimas y el ex interventor del Enargas. El ex funcionario dijo que fueron constatadas algunas faltas en el procedimiento de parte de la empresa pero éstas no tuvieron la entidad para producir la explosión del edificio.

 

Querellante

 

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Adrián Gianángelo, querellante en la causa dónde murió su hermana. Vivían juntos y ella ese día se quedó para esperar la verificación porque hacía poco tiempo que habían puesto en regla el departamento dónde vivían y le pidieron mostrarlo para la rehabilitación del suministro. Adrián se fue a trabajar y se enteró en Tribunales de la explosión. Le siguio la desesperante situación de buscar a su familiar a quien encontraron muerta dos días después, justo en su cumpleaños.

 

Contó que un inspector le dijo que iba a explotar todo, el mal estado en el que vio los caños de gas del edificio, la preocupación de los vecinos por el tema y como Allala martilló por mucho tiempo la llave de cierre. Los testimonios continuarán durante todo el mes. Se estima que el juicio puede terminar a mediados de junio, tras el paso de unos 130 testigos.

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