Provincia
15-05-2019
Federales y narcos: mala yunta
La semana pasada el jefe de le Delegación Santa Fe de la PFA y otros cuatro efectivos quedaron detenidos por encubrir el accionar de un narcotraficante de la ciudad de Esperanza: también están bajo la lupa por varios casos similares en la capital provincial
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Alberto Carpintero

Los habituales escándalos de connivencia de las fuerzas de seguridad con delincuentes de todo pelaje, sobre todo en la última década con narcos de poca o mucha monta, no distinguen de uniformes. Es particular el caso de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en Santa Fe, que nunca han llegado al millar en el territorio provincial en ese lapso, salpicados por sainetes que ponen de relieve una recaudación estructural más allá del gobierno de turno. El último episodio se llevó puestos al jefe y otros cuatro efectivos de la Delegación Santa Fe: un fiscal federal les había ordenado investigar a un narco, y terminaron cobrándole para dejarlo trabajar y encubriendo su accionar, dice la acusación. Meses atrás, el juez federal de Reconquista había desplazado a ocho policías federales, para luego separarlos de la custodia de Tribunales, tras allanar la sede de la fuerza en esa ciudad luego de que desapareciera parte de una millonaria carga de cigarrillos ingresados de contrabando.

El último viernes los jueces federales de la ciudad de Santa Fe Reynaldo Rodríguez y Francisco Miño indagaron a cinco federales y un civil a instancias de los dos fiscales federales de la capital provincial, Gustavo Onel y Walter Rodríguez. Ambas investigaciones centradas en la Delegación Santa Fe de la PFA se iniciaron el año pasado, con la mira puesta en el accionar de los uniformados en la protección a narcos, uno de ellos identificado como Guillermo Kernc y detenido junto con los efectivos la semana pasada.

El fiscal Rodríguez les había ordenado investigar a Kernc, un hombre dedicado al narcomenudeo en el centro de la provincia, con lo cual accedieron a escuchas que probaban su accionar. Pero un episodio ocurrido a principios de abril del año pasado le hizo al funcionario sospechar de los uniformados, y los separó de la pesquisa.

Según la acusación, el 4 de abril de 2018 los federale detuvieron a Kernc en la ruta 70, a la altura de Empalme San Carlos: tenía encima algo de droga que transportaba hacia la ciudad de Esperanza y dos celulares, uno de los cuales estaba enchufado, como se dice en la jerga a los aparatos que están bajo escucha telefónica. Así quedó claro que Kernc pagó dinero a los efectivos para que le aliviaran la situación penal haciendo desaparecer pruebas, como uno de los teléfonos donde llevaba el libro contable de su comercio y parte de la droga: en vez de tráfico la figura podría quedar encuadrada como tenencia simple, negociaron los federales. A la vez, quedó claro que arreglaron el pago de un peaje para que el narco pudiera seguir trabajando sin problemas.

Siempre según la imputación, los federales no avisaron al fiscal del operativo y embaucaron al titular del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe para que el acusado pudiera salir rápido en libertad. Así quedaron bajo la lupa, en una pesquisa que está bajo la supervisión del fiscal Onel, el jefe de la Delegacion, el comisario Marcelo Lepwalts, por haber falseado el acta de la detención, sustraer elementos probatorios, encubrir el tráfico de drogas y cobrar coima a Kernc para que continuara vendiendo drogas, además de los otros cuatro efectivos, entre ellos el inspector Cristian Bogetti, Carlos Fernando Gómez Navarro y Michael Arbildo.

En otras investigaciones que llevaba adelante el fiscal Onel ya estaban bajo la mira los federales por connivencia con otros narcos, a lo que se sumó una presentación del jefe nacional de la PFA, Néstor Roncaglia, en el mismo sentido. El propio mandamás federal estuvo en los allanamientos del jueves pasado, donde entre otros elementos incautaron 88 bochitas de cocaína en la propia sede de la Delegación Santa Fe que no tenían correspondencia con investigación alguna. A Kernc le secuestraron algo de cocaína, 700 mil pesos y 1.800 dólares, entre otros elementos que estaban en su vivienda de la ciudad de Esperanza.

Siempre queda un pucho


El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde ordenó en octubre pasado el allanamiento de la sede de PFA en la cabecera del departamento General Obligado y echó de la custodia de Tribunales a ocho agentes de esa dependencia al constatar el robo de cigarrillos bajo custodia dentro de un camión que había sido incautado.

El camión estaba estacionado en el predio que Vialidad Provincial prestó al municipio para que guardara allí los vehículos retenidos por infracciones de tránsito. Antes, ese camión con la carga estuvo en el galpón de la Cooperativa Forlín Unidos, siempre bajo custodia de los agentes federales.

Según detallaron fuentes judiciales, faltaron 38.500 atados que contienen 20 cigarrillos cada uno. Eran 77 cajas de las 1.450 que fueron secuestradas el 6 de septiembre por personal de Policía Federal que interceptó un camión en intersección de ruta nacional 11 y ruta provincial 31, acceso norte a la ciudad de Avellaneda, a 5 kilómetros de Reconquista.

El caso Serna

Más allá del involucramiento indivicual de efectivos de la PFA en casos narco relevantes, el último gran escándalo de los federales en Rosario ocurrió hace siete años. El subcomisario Gustavo Serna llegó a la ciudad en mayo de 2012 como titular de Drogas Peligrosas de la PFA y pronto acumuló denuncias por extorsión que llegaron a oídos de la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, que ordenó su desplazamiento y el de dos de sus subordinados a tres meses de haber arribado a Rosario. Serna había sido nombrado pese a que en su prontuario figuraba una acusación de 2005 por integrar una banda narco que traficaba cocaína a Europa y que fue desbaratada por otra dependencia federal: la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según publicó entonces el matutino La Capital.

Una denuncia por extorsión contra Serna y dos subordinados fue realizada por la empresa de remises del narco Delfín Zacarías, cuya banda sería desbaratada un año después. Según la acusación, los federales exigieron cien mil pesos bajo amenaza de plantarles droga. Otra imputación les achacaba defraudación con combustible destinado a vehículos policiales. Y una tercera se dio en el marco de un operativo en Empalme Graneros que había sido la presentación en sociedad de la gestión Serna: catorce kilos de cocaína que tras una denuncia anónima se comprobó era bicarbonato de sodio. Según esta versión, la “cocaína” fue aportada por Esteban Alvarado, el sindicado líder de la llamada Banda de los Rosarinos, condenado por robo de autos en la zona norte del Gran Buenos Aires y apuntado de tener vínculos con el narcotráfico. Desde diciembre pasado, Alvarado está preso por ordenar el crimen del prestamista Gustavo Maldonado.

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