Sociedad
02-05-2019
Cayeron por una estafa millonaria en ATE
Cuatro personas detenidas por una defraudación en la compra de mercaderías en Santa Fe y Helvecia. Enfrentan una investigación penal, aunque están en libertad con restricciones. En el sindicato y la mutual, se donde surgieron las denuncias, desvincularon a los involucrados.
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y su mutual ATE Mutual (ATEM) fueron víctimas de dos hechos de estafa que se reiteraron en el tiempo y le generaron un perjuicio de más de 23 millones de pesos. Los involucrados son un ex gerente de la mutual, su pareja –quien estaba a cargo del depósito– y dos proveedores que tienen un parentesco de madre e hijo, la primera está jubilada y el segundo, además de comerciante, es un empleado del Estado.

 

El ardid de la estafa era simple, vendían mercadería por una contratación directa que hacía el gerente sin cumplir con los recaudos legales y luego se truchaba el ingreso de esa mercadería al sistema de control que tienen las entidades en su depósito. La cantidad de mercadería que ingresaba era mucho menor de la que figuraba.

 

El martes 23 de abril se hicieron allanamientos en Santa Fe y Helvecia, en los que detuvieron a tres sospechosos, el cuarto se presentó espontáneamente a la Justicia esa noche. Los imputaron de estafas reiteradas y este lunes, durante una audiencia de medida cautelar, los acusados dieron su versión de los hechos y se despegaron de la acusación.

 

Además, la fiscalía y las defensas llegaron a un acuerdo para que queden libres pero con restricciones: se fijó una fianza de dos millones de pesos por cada uno de ellos, más una fianza personal de sus abogados. No pueden acercarse a los testigos del caso y deben presentarse mensualmente a la Oficina de Gestión Judicial en Santa Fe. Todo ello mientras avanza la investigación.

 

Martín Andrés N. tiene 38 años y era el gerente del a Mutual de ATE, mientras que su pareja Marianela V., tres años menor que él, se desempeñaba como la encargada del depósito de ATE. Ambos quedaron involucrados en dos maniobras con dos proveedores que resultaron ser madre e hijo. Todo salió a la luz tras una denuncia que ambas instituciones presentaron a mediados del año pasado tras detectar la maniobra delictiva que perjudicó al sindicato y la mutual.

 

Para los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe hubo dos defraudaciones con compras de mercaderías que no cumplimentaban los requisitos y se hacían a través del gerente en forma directa. Luego la encargada de depósito manipulaba el sistema, donde fraguaba un número de mercadería mucho mayor al que había ingresado. La primera estafa ocurrió entre junio y diciembre del año 2017.

 

Según la Fiscalía detectaron 38 estafas por un valor de 15.357.972,50 pesos por la compra de celulares y computadoras, luego el gerente autorizaba los pagos en forma personal al proveedor Federico F., de 34 años, que a su vez era empleado del Ministerio de Trabajo de la provincia.

 

La segunda maniobra se detectó en una compra con la misma modalidad pero de zapatillas y remeras de octubre de 2017 a abril de 2018, la mercadería se adquirió para un bolsón que ATE entregaba durante una campaña escolar. Esta vez la proveedora fue Perla M. de 61 años, una jubilada que era madre de Federico F. de34 años, por un total de 7.778.915,04. Por lo que el perjuicio constatado a las entidades supera los 23 millones de pesos.

 

La investigación avanzó y el martes 23 de abril se hicieron allanamientos en seis propiedades ubicadas en la capital santafesina y en Helvecia dónde se logró la detención de tres de los involucrados mientras un cuarto se presentó espontáneamente a la Fiscalía esa noche. Durante la medida se secuestraron gran cantidad de autos, motos, lanchas, un cuatriciclo, computadoras, teléfonos muchos de ellos comprados con posterioridad a la maniobra, explicó la Fiscalía.

 

El cuarteto quedó detenido hasta el jueves cuando se llevó adelante una audiencia imputativa donde los fiscales le achacaron la coautoría del delito de estafas reiteradas y, por pedido de la defensa, la discusión sobre la aplicación de una medida cautelar se fijó para el día lunes. Mientras, los imputados quedaron detenidos.

 

Comunicado

 

Por su parte, tras las detenciones, ATE sacó un comunicado de prensa dónde informaron que las diligencias que se realizaron (en relación a los allanamientos) tienen fundamento en la denuncia que ambas instituciones presentaron oportunamente y fueron el resultado de una serie de irregularidades que se detectaron en una auditoría y durante una investigación interna.

 

A lo que sumaron la inmediata desvinculación de los involucrados que se desempeñaban como empleados, también dijeron que interrumpieron las compras con determinados proveedores y enfatizaron su interés en el esclarecimiento de los hechos.

 

El lunes pasado finalmente tuvo lugar la audiencia que faltaba y fue presidida por el juez Nicolás Falkenberg donde se dispuso la morigeración del encierro de los 4 imputados bajo algunas reglas.


Previo a ello los dos ex empleados declararon. Brindaron ciertas explicaciones lo que permite ahondar en la investigación y ver si hay alguna otra persona involucrada, dijo Lazzarini.

 

También lo hicieron los proveedores, quienes recalcaron su carrera comercial. Hablaron de la operatoria, explicaron las compras y lo que entregaron. También aseguraron que no era la primera vez que realizaban ventas a instituciones y que ATE y ATEM no son sus únicos clientes. El fiscal explicó que en base a esos dichos la defensa deberá acompañar ciertas comprobaciones de sus dichos a modo aclarar un poco la investigación.

 

Y agregó que si bien los imputados dijeron que no era la primera vez que realizaron venta eso no se condice con la evidencia que hasta hoy tiene la Fiscalía. Se inscribieron y se dieron de baja en AFIP en el mismo momento que desarrollaron estas actividades y la Fiscalía no constató un historial comercial previo. Pareciera que fueron proveedores exclusivos de ATE y ATEM incluso su facturación era correlativa y los únicos destinatarios eran estas instituciones, dijo el funcionario.

 

Durante la audiencia las partes llegaron a un acuerdo en cuanto a la medida cautelar y el cuarteto deberá afianzar con dos millones de pesos cada uno previa comprobación de solvencia más el aval de sus abogados. Los letrados pusieron en juego sus matrículas en el caso al prestar una fianza profesional. Además no podrán acercarse a los testigos del caso y deben presentarse mensualmente en la Oficina de Gestión Judicial y la fijar un domicilio. Lo que fue aceptado por el juez actuante.

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Miércoles 21 de Agosto de 2019
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