Sociedad
10-04-2019
Van a juicio los mayores estafadores inmobiliarios

Son dieciocho personas, entre abogados, escribanos y mandatarios que, para la Fiscalía, forman parte de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de campos que luego revendían en el sur santafesino.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Un abogado quedó en el ojo de la tormenta: lo sindican como el jefe y organizador de una asociación ilícita destinada a cometer estafas con inmuebles cuyos dueños habían fallecido o no se encontraban en el país y llega a juicio por un desfalco valuado en mil millones de pesos. Junto a él llegaran a juicio gestores, escribanos y prestanombres entre otros integrantes de esta presunta banda que actuó en el departamento de General López. Se dedicaron en especial a campos, a través de poderes falsos o documentos firmados por personas que luego se comprobó que no estaban vivas.

 

En total, dieciocho personas fueron acusadas por el fiscal de Melincué, Matías Merlo, por lo que quedaron a un paso del juicio oral. Según la Acusación que el funcionario presentó ante el juez Benjamín Révori, se determinaron al menos treinta maniobras defraudatorias que alcanzan una suma millonaria. El fiscal pidió penas de cumplimiento efectivo que van de 16 años de prisión a 1 año de condena condicional y multas que llegan hasta los 2.340.000 pesos.

 

Según la Fiscalía, este grupo delictivo comenzó a operar unos siete años atrás “en forma permanente y sostenida” con el fin de apropiarse de inmuebles rurales y urbanos emplazados en el sur de la provincia, más precisamente en el departamento de General López. Buscaban a titulares registrales de inmuebles que estuvieran fallecidos y no tuvieran herederos directos, que fueran de la tercera edad o vivieran en el exterior para realizar las estafas. Utilizaban documentos apócrifos, dónde en muchos casos figuraba la firma del titular fallecido e iniciaban trámites legales.

 

Boletos de compraventa o poderes apócrifos con los que iniciaban trámites de escrituración que en algunos casos llegaban a juicio. En esta última circunstancia pedían a un juez la titularidad del bien en cabeza de algún miembro de la banda para así desapoderar a los titulares verídicos de esos bienes o a los herederos. El segundo paso era introducirlas en el mercado inmobiliario y venderlas a un tercero de buena fe.

 

Las denuncias comenzaron a llegar a Fiscalía cuando los afectados por estas maniobras se daban cuenta de lo que estaba pasando, también tuvo una intervención la Subsecretaria de Asuntos Registrales de la provincia. Las presentaciones con el mismo “modus operandi” se unificaron y terminaron en manos del fiscal de Melincué, Matías Merlo. La investigación llevó aproximadamente un año y en octubre comenzaron los allanamientos. En la mira y como jefe de la organización se ubicó al abogado Antonio D.B.

 

En una primera instancia se imputaron a trece personas, entre ellas gestores, abogados y hasta una empleada y el ordenanza del estudio jurídico del principal sospechoso. Luego hubo otras detenciones e imputaciones en el mismo sentido. Por último, la pesquisa se circunscribió a 18 personas que la semana pasada fueron formalmente acusadas por el fiscal Merlo.

 

En declaraciones el funcionario dijo que la organización estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común, y agregó: “Como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”. Si bien dijo que se acreditaron treinta defraudaciones con bienes inmuebles durante la marcha de la investigación se presentaron otras diez denuncias.

 

Caso emblema

 

Luis R. vivía en una precaria construcción en Venado Tuerto pero a su nombre estaban tres campos en Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto que llegaban a las 460 hectáreas y tenían un valor de 300 millones de pesos. Con un documento apócrifo, según la investigación fiscal, este hombre que era insolvente obtuvo los campos cuyo dueño había fallecido. También estuvo involucrado en otra maniobra defraudatoria en la que intentó un juicio de escrituración por una propiedad valuada en tres millones de pesos. Estos datos derivaron en allanamientos al campo.

 

Los integrantes

 

El abogado venadense Antonio D.B., de 60 años, está señalado como el jefe y organizador de una asociación ilícita. La Fiscalía además le achaca los delitos de estafa, falsedad ideológica, utilización de documento falso y falsificación de documento privado. El fiscal pidió para el letrado dieciséis años de cárcel y el pago de una multa de 2.340.000 pesos e inhabilitación de 10 años para ejercer la profesión de abogado.

 

Para el gestor R.J., de 62 años, por los mismos delitos aunque en la asociación ilícita en calidad de miembro, la acusación requirió doce años de prisión, un millón de pesos en multa y el decomiso de 2 mil dólares y algo más de 434 mil pesos secuestrados en su casa durante un allanamiento. Mientras que el pedido de pena para el escribano E.C., de 53 años, es de diez años de cárcel, 1.7 millones de pesos de multa e inhabilitación por 10 años para ejercer como escribano.

 

El requerimiento es de nueve años de cárcel para F.A., de 45 años, y para el escribano A.M., de 56 años, también hay pedido de multa de 400 mil y 450 mil pesos respectivamente, mas el decomiso de dinero en el primer caso e inhabilitación para ejercer la profesión en el segundo caso por una década.


Para las mujeres D.P., de 41 años, y M. de los A. S., el fiscal pidió ocho años de prisión, también para A.L., de 69 años, y el prestanombre Luis R., de 52 años. Esta sanción fue acompañada por el pedido de pago de multa que van de 180 mil a 700 mil pesos según el caso.

 

Otros cuatro integrantes afrontan una pena de 7 años de cárcel, se trata de personas de 57, 62, 60 y 32 años, entre ellas el ordenanza y la empleada del estudio jurídico del principal acusado, más multas. Para la mujer además hay un pedido de inhabilitación para ejercer la abogacía.

 

Para una de ellas la pena solicitada es de seis años y por los delitos de miembro de asociación ilícita, falsificación de documento privado y estafa, más una multa de 270 mil pesos y la declaración de reincidencia por contar con una condena previa que data de 2012. Por los mismos delitos, otra persona enfrenta un pedido de pena de tres años y una multa de 90 mil pesos.


Mientras que para la señora F.C.U y J.L.M., el requerimiento es de dos años de prisión condicional más multa de 90 mil pesos por los mismos delitos y un año de pena condicional para A.K.T y multa por el delito de estafa.

 

Ahora resta la realización de una audiencia preliminar que cierra la etapa instructiva, tras lo cual el caso llegará a juicio oral y público.

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