Provincia
27-03-2019
Recetas con mala leche

Corral y Perotti montan sus campañas sobre la misma fórmula, la inseguridad. Comparten el discurso y también los resultados: nunca presentaron proyectos ni propuestas. La batalla es discursiva y las promesas de cambio no trascienden los días de proselitismo.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

Utilizar la seguridad como herramienta de comunicación es uno de los principales elementos que aparecen en campaña en los últimos años. Desde la aparición de Blumberg, pasando por Sergio Massa y su política de “Tolerancia Cero” y ahora la doctrina Patricia Bullrich. En Santa Fe el problema es real, concreto y perturba a la población, y eso se mezcla con operaciones políticas, de inteligencia y de prensa.

 

Son múltiples los casos que se observan en los últimos años en la provincia. Acusaron al hermano de Hermes Binner de robar bebés, dieron a conocer la existencia de bunker de drogas en Sunchales, pero los lugares indicados eran el Banco Nación y otros edificios públicos, ahora el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio y la sospecha de su vinculación con Cambiemos y bandas narco.

 

Mientras tanto, vecinos que reclaman más seguridad, promesas de que eso será solucionado siempre y cuando acompañen con su voto, declaraciones altisonantes y denuncias mediáticas pero que no llegan ni se hacen ante el Poder Judicial. Esos pases comunicativos siempre están anclados a hechos que efectivamente suceden y así es más fácil darle volumen a una campaña que puede venir sin propuestas.

 

Es decir, por un lado, están los hechos reales y su impacto en la consideración de la ciudadanía; por el otro, la utilización del tema para montar una estrategia comunicacional en base a la demanda social de más seguridad. Diagnosticar o mencionar la problemática no mejora per se la situación, pero ayuda a posicionar candidatos, aún a aquellos que no pasan de promesas y nunca presentaron proyectos concretos.

 

Uno de esos casos es el que encarna la dupla de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, José Corral y Anita Martínez. La palabra empeñada es combatir a los narcos y conducir a la Policía, dos políticas públicas que el Gobierno Nacional no ha resuelto. Tampoco bajó los niveles de consumo de estupefacientes en el país, según los propios índices de la Secretaría de Salud de la Nación.

 

Sin embargo, se explica que para Santa Fe hay una solución única por parte de Cambiemos. Ahora bien, más allá de los factores ideológicos y de las deficiencias particulares en la provincia, lo cierto es que hay decisiones nacionales que poco ayudan a resolver el tema de fondo. No hay a nivel federal una ley de extinción de dominio y poco se hace por combatir el lavado de activo producto del crimen.

 

Romper la estructura de la criminalidad compleja afectando a los recursos económicos que tienen las grandes bandas es una utopía en la Argentina. La política de seguridad se queda en el decomiso de drogas, que no es poco, pero casi no hubo investigaciones sobre adónde se blanquea el fruto de la venta de estupefacientes ni se han detenido a grandes capos narco; que es una obligación federal.

 

Corral y Anita Martínez saben que la inseguridad figura al tope de las preocupaciones en Santa Fe, junto a los problemas económicos. Por eso, el precandidato a gobernador de Cambiemos opta por hablar de lo primero y no de lo segundo. No obstante ello, también desconoce que el Gobierno Nacional tuvo algunas consideraciones un tanto llamativas para la seguridad pública.

 

Por caso, Guille Cantero no es considerado un preso de alto perfil por las autoridades federales. Tal es así que llamó la atención de funcionarios judiciales y sospechan que desde su detención en la cárcel de Ezeiza, en provincia de Buenos Aires, utiliza celulares desde los cuales mandaría a su gente a cometer delitos violentos y hasta homicidios en Rosario. De eso, Corral y Anita no dicen nada.

 

Tampoco de la causa conocida como Corral Papers, en la que se investiga que el actual intendente de Santa Fe utilizó fondos públicos para armar cooperativas de trabajo integrada por punteros políticos y barrabravas, algunos de los cuales tienen denuncias por tráfico de drogas. Ese expediente data de 2017 pero después del allanamiento al municipio no avanzó la investigación del MPA.

 

Los Corral Papers están parados en fiscalía. No hubo movimiento alguno por parte de la Justicia para averiguar cómo se hizo para financiar a sectores del radicalismo macrista de la ciudad de Santa Fe. Un dato no menor es que el responsable de la Secretaría General del Ministerio Público de la Acusación es Mario Barletta, hijo del actual embajador en Uruguay y antecesor de José Corral en la intendencia.

 

Ya se contó en este medio que el actual Subsecretario de Programas de Seguridad Federales dependiente de la Secretaría de Gestión Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Rubén Montenotte, es santafesino y fue funcionario de Corral. Cuando estuvo en el municipio lo denunciaron por prácticas patoteriles y amenazar a dirigentes sociales. Esa causa tampoco avanzó en el MPA.

 

Ocho años, ni un proyecto

 

En el caso de Omar Perotti hace ocho años que es legislador nacional y en todo ese tiempo no presentó ni un solo proyecto referido a la criminalidad, la violencia, la inseguridad. Por tercera vez consecutiva es precandidato a gobernador de Santa Fe en representación del peronismo y en todo ese tiempo nunca terminó de presentar una propuesta concreta; en cambio, sí hay decenas de críticas.

 

Desde 2011 a la fecha fue uno de los dirigentes que más intentó ganar votos a partir de poner en agenda la inseguridad. Aún se le recuerda su campaña de aquel año cuando para un spot de televisión puso harina arriba de una mesa, como si fuera cocaína, y con violencia la tiró al piso para graficar que iba a luchar contra el narcotráfico cuando llegase a la Casa de Gobierno en Santa Fe.

 

En aquellos spots publicitarios –muchos de los cuales fueron retirados de las plataformas de video donde estaban– se presentaba la propuesta contra la inseguridad con el slogan “Ni mano dura ni mano blanda, mano justa”. También decía Omar Perotti: “Por ahí alguien siente que no es progresista hablar de seguridad, pero yo no me prendo en esa discusión”.

 

Más allá de esas escenas teatrales y de sus declaraciones echando culpas y sacudiendo responsabilidades, no hay en su agenda parlamentaria ni un solo trabajo relacionado con la temática. En su ciudad, Rafaela, organismos de derechos humanos han criticado la política de seguridad del perottismo en los últimos años por contener a funcionarios que defienden la represión institucional.

 

En diciembre pasado, por ejemplo, renunció como asesor en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela José Caruso, a quien le cuestionan que años atrás siendo miembro de Gendarmería y bajo las órdenes del Gobierno de la Alianza participó en una feroz represión en el puente General Belgrano en Corrientes que terminó con dos muertos y decenas de heridos.

 

Su antecesor en Rafaela, Juan José Mondino, también fue repudiado por organismos de DD.HH. en 2018 a partir de sus ascensos “primero dentro de la estructura policial (llegó a jefe de Policía en la URI) y luego como coordinador de seguridad en Rafaela, involucrado en el encubrimiento del asesinato político de la compañera Silvia Suppo”, dijeron en el comunicado y en una crítica abierta al sector de Perotti.

 

El senador nacional y precandidato a gobernador del justicialismo destacó que es necesario volver a la política de seguridad que se aplicó en la provincia hasta la gestión de Jorge Obeid. Por ejemplo, una verdadera conducción política de la Policía; ahora bien, en esos cuatro años del PJ en el Ejecutivo solo destituyó a 16 policías, a pesar de que hoy se habla de que había control absoluto sobre las fuerzas.

 

Gas pimienta

 

En Rosario, los precandidatos a concejales de Cambiemos Sergio Más Varela –profesor universitario– y Germán Mastrocola fueron denunciados por repartir en plaza Pringles rociadores de gas pimienta a mujeres con el supuesto fin de prevenir ataques sexuales. La presentación la hizo la directora provincial de Atención a las Víctimas, también precandidata a concejala por el Frente Progresista Cívico y Social, Anahí Schibelbein.

 

Schibelbein pidió que la Justicia investigue si la entrega de gas pimienta en la vía pública es un delito. “Fue demagógico e implica un retroceso en los avances que viene dando el movimiento feminista. La seguridad no es responsabilidad de cada una. La debe garantizar el Estado”, dijo.

 

La estrategia de campaña de los actuales diputados de Cambiemos generó el rechazo de todo el arco político y de las organizaciones de mujeres y disidencias sexuales de la ciudad. La intendenta Mónica Fein también salió al cruce: “En temas como la seguridad no hay que hacer marketing de campaña”.

 

Schibelbein opinó en el diario El Ciudadano que los candidatos de Cambiemos pasaron un límite. “En elecciones –dijo– no vale todo. Este tipo de acciones demagógicas despiertan la violencia y ponen en juicio quiénes tienen que garantizar la seguridad: es un responsabilidad del Estado y no de las mujeres”.

 

También las concejalas del PJ Norma López y Marina Magnani salieron al cruce: “En vez de gas pimienta, el PRO debería llamarse a silencio en políticas de género. Se burlan de las mujeres. Lo único que hizo el gobierno Nacional por las mujeres fue desfinanciar todos los programas”, sostuvieron en un comunicado.

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