Mundo
05-03-2019
Una agenda antiderechos
El calendario legislativo de la derecha regional apunta a fortalecer la represión, flexibilizar el trabajo y atacar los sistemas jubilatorios. Acá un panorama de Argentina y Brasil.
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Javier Calderón Castillo, Amílcar Salas Oroño | Celag.org

 

Un informe reciente, elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) brinda un panorama medianamente actualizado respecto de cuáles han sido y cuáles serán las próximas agendas legislativas en varios países de América latina, entre ellos Argentina y Brasil.

 

Los autores destacan tres pautas que se repiten en casi todos los países y que permiten una caracterización más general, incluso confirmada por otras propuestas que van en la misma dirección: en primer lugar, en la mayoría de los casos se proponen rediseños en materia de los procedimientos autorizados del Estado para la ejecución de sus atribuciones securitarias, entendidas éstas de forma amplia, lo que involucra tanto nuevas perspectivas en lo concerniente a los procesos penales, como a los agentes legítimamente encargados, las figuras de punición, la portación de armas, etcétera. En segundo lugar, se verifica la intención de modificar los marcos normativos laborales, en paralelo a flexibilizar otras disposiciones que hacen a la dinámica general económica en cada uno de los países, en una línea programáticamente neoliberal. Finalmente, se registra un interés (cuya discusión está muy presente en los medios de comunicación de los países en cuestión) por modificar los sistemas jubilatorios, si bien muy disímiles entre sí, responsabilizándolos de los problemas fiscales que deben afrontar cada una de las administraciones.

 

Estas pautas, como muestra el informe, componen un cuadro epocal bastante claro: los poderes ejecutivos y legislativos están anudados en una “agenda antiderechos”. Buena parte de los cambios normativos (en un sentido amplio, esto es, considerando también los decretos presidenciales) van en esa dirección. Una circunstancia que permite distinguir estos tiempos actuales y que, seguramente, condicionará los términos políticos más allá de los mandatos en curso y venideros.

 

Argentina

 

Un dato significativo del desempeño del Gobierno en el Poder Legislativo es que, desde el inicio de la democracia en Argentina, el actual Ejecutivo es el que menos cantidad de proyectos de ley ha conseguido sancionar. Entre el primer periodo de Gobierno, entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017, el oficialismo sólo consiguió convertir en ley el 40,2% de los proyectos enviados (entre ellos, el no menos importante referido a las jubilaciones). Otro dato importante es que, posiblemente debido al primero, el presidente, en sus primeros dos años de gestión, firmó 35 decretos (frente a los 76 firmados por la expresidenta Cristina Kirchner en 8 años de gestión). Y, ante la aparente paralización legislativa de 2019, su último año de Gobierno, el presidente recurrirá aun más a esta modalidad.

 

Los decretos más destacados de Mauricio Macri, sin necesidad y urgencia constatados, han apuntado a restringir derechos conseguidos antes de su Presidencia, favorecer a los empresarios de su entorno y a perseguir, mediante la retórica de la “lucha contra la corrupción” a sus opositores políticos, particularmente los funcionarios del Gobierno anterior.

 

Sobre este último punto destaca el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de ”extinción de dominio”. Se trata de una ley que había quedado trabada en el Congreso y que el presidente sancionó en enero, conducente a que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan conseguido ilícitamente. Así, los acusados, mientras esperan el proceso penal (sin condena firme), tendrán sus bienes expropiados por la Justicia civil. Se trata de una medida retroactiva por 20 años, coincidiendo con la gestión que el Gobierno abiertamente persigue judicial y mediáticamente.

 

En cuanto a la pulsión para beneficiar al gran empresariado (dentro del que se incluye el grupo económico propiedad de su familia), está el llamado “perdón fiscal”. A mediados de 2018, Macri consideró necesario y urgente perdonar la deuda de 70 millones de dólares con el Estado a la firma Molinos; también perdonó la deuda que el Correo Argentino (de propiedad familiar), tenía con el Fisco, y eliminó por decreto un impuesto interno del 10% a los autos de alta gama.

 

En cuanto a los recortes de derechos buscado para toda la población, destacan los DNU de Ajuste público, sancionado en julio de 2018 para congelar ingresos a la planta estatal hasta el 31 de diciembre de 2019, prohibir la implementación de convenios de asistencia técnica, así como bonificaciones, premios y viáticos. Entre otros, también legisló “contra los derechos de los discapacitados” eliminando por decreto la Comisión Nacional Asesora para la integración de las Personas con Discapacidad y la Comisión de Pensiones Asistenciales para crear una desfinanciada y poco clara Agencia Nacional de Discapacidad. Asimismo, restringió derechos migratorios endureciendo el control de migraciones y acelerando los trámites de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de migrantes.

 

Los trabajadores en actividad y también los jubilados fueron blanco de la voluntad de reforma legislativa del Ejecutivo. Si bien mediante proyectos de ley enviados al Congreso se buscó reformar la normativa laboral para flexibilizar los derechos de los trabajadores (que no fue aprobada) y la ley jubilatoria, que restringió el alcance de los derechos de los pensionados, en medio de cuestionables maniobras para obtener quorum y una fuerte represión a los manifestantes.

 

Para contener la protesta social inevitable tras el modelo de ajuste y antiderechos, y en sintonía con otras medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad, Presidencia decretó la legalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, modificando el viejo Decreto 727/06, para que éstas puedan intervenir mediante la introducción del concepto poco preciso de “otras agresiones externas”, además de la “hostilidad bélica” establecida en la anterior normativa.

 

Brasil

 

Para comprender los caminos que utilizará Jair Bolsonaro, cuyo mandato está recién comenzando, para imponer su agenda política es relevante comprender dos cuestiones: por un lado, la función determinante que tiene el Congreso Nacional (más todavía un Poder Legislativo que viene precisamente de destituir a una presidenta), espacio en el cual el presidente actual no tiene mayoría propia. Por otro, que se viene de un período de transición, el Gobierno de Michel Temer, que resultó abusivo respecto del uso de los decretos presidenciales (Medidas Provisorias) como instrumento legislativo.

 

En su mandato, Michel Temer llegó a tener un promedio de 1,16 decretos con fuerza de ley por semana, la mayoría de los cuales justificaba a partir de una “urgencia económica”. No se trata de un simple dato: resulta que muchas de las iniciativas que vaya a plantear Bolsonaro en los próximos meses –por ejemplo, ya presentó su propuesta de reforma de las jubilaciones ante el Congreso– deberá esperar a que sean consideradas (para su confirmación, rechazo o modificación) todavía otros 39 decretos anteriores y 17 vetos presidenciales, buena parte de los cuales corresponden, precisamente, a la gestión anterior.

 

Esta “agenda heredada” irá a demorar en parte las iniciativas planteadas por Bolsonaro. Entre los pendientes del Gobierno de Temer –son en total 20 Medidas Provisorias– hay algunos que son económicamente relevantes, como el decreto que abre el sector aéreo al capital extranjero y el que facilita la privatización de Amazonas Energía y la Companhia Energética de Alagoas, hoy controlada por Electrobras. Entre los Decretos emitidos por Bolsonaro este año está el que redefine el organigrama administrativo del Estado, que estipula la reducción de los 29 ministerios a 22.

 

Por la complejidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional –ninguna de las autoridades de las cámaras de diputados o senadores son del partido del presidente– puede ser que Bolsonaro repita la dinámica de Temer para llevar adelante las principales propuestas planteadas durante la campaña mediante Medidas Provisorias, aún bajo el riesgo de que estas sean cuestionadas luego. Hasta ahora, las principales medidas impulsadas por Bolsonaro fueron: la Medida Provisoria Nº 871, que coloca mayores restricciones para el acceso a la jubilación actual; la Medida Provisoria que libera la portación de armas; la Medida Provisoria que flexibiliza las licencias ambientales (coincidente con la tragedia minera en la localidad de Brumadinho); entre otras medidas más específicas referidas a cargos públicos o actos administrativos rutinarios. Esto al margen de los dos más importantes proyectos de ley enviados al Congreso:

 

—Ley “antidelito”: un paquete de medidas que alteran la legislación penal, electoral y las características de lo que se comprende como “combate a la corrupción”; entre algunas consecuencias, modifica los criterios de uso legítimo de la fuerza (para los policías) y las modalidades de progresión de la pena.

 

—Ley de reforma de las jubilaciones: es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Paulo Guedes, y su aprobación será fundamental para la legitimidad del resto de las medidas económicas a llevar adelante. Si bien ya se avizora una discusión intensa en el Congreso, la consolidación de un régimen de capitalización individual, el aumento de la edad jubilatoria y la reformulación de los aportes estatales al área son los núcleos principales.

 


* El original puede leerse en Bit.ly/2NCWni3.

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