Política
06-02-2019
Dos ex funcionarios con condena en suspenso
A 15 años del desborde del río Saldo, que dejó 18 muertos de forma directa, fueron sentenciados el ex ministro de Obras Públicas y el director de Hidráulica de la Provincia (el ex intendente Marcelo Álvarez fue sobreseído por fallecimiento) durante el gobierno de Carlos Reutemann (hoy senador por Cambiemos), quien no aparece en la causa.
Aumentar tamaño del texto Reducir tamaño del texto Tamaño del texto normal
Carina Ortiz

La inundación de la ciudad de Santa Fe, que se produjo en abril de 2003, durante el gobierno de Carlos Reutemann (quien logró quedar afuera de la causa judicial), quedó impresa en la memoria colectiva de la provincia. Un hecho sin precedentes por su envergadura y los daños ocasionados, en la que 18 personas murieron ahogadas, según el fallo. Tras varias denuncias y un extenso juicio que pasó por el cambio de sistema procesal, se conoció el primer día de actividad de la Justicia de 2019 que dos funcionarios del área hídrica fueron condenados. Si bien el intendente también fue acusado, murió poco antes de dictarse la sentencia y fue sobreseído.

Para el juez, ambos funcionarios cometieron el delito de estrago culposo agravado por el fallecimiento de 18 personas y los condenó a una pena condicional de 3 años. Una sentencia que llegó más de 15 años después, luego de transitar un proceso penal que se transformó en una montaña rusa. El caso cerró con una decisión con sabor a poco ante semejante tragedia. En la causa además se dispuso un resarcimiento económico para algunas de las víctimas que accionaron civilmente. El fallo no está firme.

El río Salado atraviesa las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y llega a Santa Fe. Tiene una superficie aproximada de 247 mil kilómetros cuadrados y unos 1.500 kilómetros de largo. El año 2003 el fenómeno meteorológico de El Niño trajo una modificación climática. Las fuertes, periódicas y copiosas precipitaciones empezaron a visualizarse en los informes que llegaban desde distintos entes públicos vinculados al control meteorológico, había un exceso en los valores promedios. En el primer trimestre de 2003 el río tuvo tres picos de crecidas alcanzando el máximo de 7,89 metros a fines de abril. Mes en el que la cantidad de agua caída duplicaba o triplicaba el promedio mensual, explica el fallo.

Había nueve departamentos en emergencia hídrica, incluso un informe de la Subsecretaría de Recurso Hídricos del Instituto Nacional del Agua, de marzo de 2003, hablaba del río Salado. Decía que en la cuenca inferior se habían producido lluvias extraordinarias, dando lugar a una crecida histórica. En lo que iba del año habían caído 700 milímetros de agua en algunos puntos de la cuenca produciendo una situación de emergencia en las cercanías de la ciudad de Santa Fe que no mejoraría hasta el próximo otoño. El 28 de abril de 2003 las aguas ingresaron a la ciudad en una dimensión y volumen inmanejable y produjeron la inundación de la ciudad.

El proceso penal

Luego de varias denuncias penales se abrió una investigación que terminó con varios imputados aunque solo tres fueron procesados en abril de 2006: el Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Edgardo Wilfredo Berli; el director provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Ángel Fratti, y intendente santafesino Marcelo Ignacio Álvarez, todos en funciones en ese momento. También se sumaron como actores civiles varios damnificados que además demandaron a la provincia y a la municipalidad.

Para la Fiscalía, a partir del 26 de abril de 2003 los imputados actuaron en forma negligente al no haber adoptado los recaudos en las tareas que les eran propias de sus funciones para reducir o minimizar los efectos del ingreso de las aguas del río Salado a la ciudad de Santa Fe, lo que provocó la muerte de 18 personas e innumerables daños materiales en la ciudad capital y otras localidades del departamento.

En 2006 el fiscal Norberto Nisnevich pidió que el caso llegue a juicio. Para la Fiscalía se probó que la crecida e inundación del río Salado era previsible por diversos factores: precipitaciones extraordinarias, picos de crecida del rio previos a la inundación, anegamiento de varias localidades, falta de un sistema hidrológico de alerta temprana, la ocupación urbana del valle de inundación natural del río, el puente de la autopista Rosario-Santa Fe que estrechaba el escurrimiento del río a 155 metros, el fin abrupto de una de las defensas de la ciudad en la zona baja de calle Gorostiaga por dónde ingresó el agua, entre otros, y pidió llevarlos a juicio por estrago culposo agravado.

Estrago culposo

Para el juez santafesino Luis Octavio Silva, en el caso hubo un delito por omisión (es decir no hicieron lo que debieron hacer), dónde actuar surge como consecuencia de un peligro. En el caso puntual, esta situación de peligro y su desenlace estuvo conformada por factores naturales y humanos. En el primer caso hubo fuertes y prologadas precipitaciones entre diciembre de 2002 y abril de 2003 que se concentraron en la cuenca hídrica del río Salado y sus afluentes lo que generó la saturación de suelos y el crecimiento extraordinario del río.

En cuanto a los factores humanos, el fallo cita el estrechamiento del valle de inundación del río Salado a causa de la traza del terraplén de defensa oeste que redujo su ancho y las obras transversales al cauce que obstaculizaron el drenaje de la corriente aguas abajo, especialmente la insuficiente luz de flujo hidráulico del puente de la Autopista Provincial Santa Fe-Rosario, que produjo un efecto de remanso y la sobreelevación de niveles aguas arriba; la falta del tercer tramo defensivo y el final abrupto del terraplén de la defensa noroeste en una zona desprotegida de cotas bajas en la ciudad, por donde ingresó el mayor volumen de agua.

También el cerrado anillo defensivo de los tramos 1 y 2 en el sur y oeste de la ciudad, sin esclusas o compuertas estructurales de desagüe, con estaciones de bombeo insuficientes que dejaron de operar a medida que eran afectadas por la inundación, explica el fallo entre otros ejemplos

Para el magistrado, la tarea que desarrollaban los imputados y su calidad de ingenieros hidráulicos hacían que el riesgo fuera conocido o al menos cognocible. También valoró el planteo relacionado con la prescripción de la causa por el transcurso del tiempo, traído a juicio por las defensas.

En el caso de Álvarez, presentó dos veces el pedido de sobreseimiento que fue desechado, finalmente lo sobreseyeron por fallecimiento cuando murió en abril de 2018. A pesar de la insistencia, el juez descartó el planteo. Si bien la causa tramitó por muchos años, estuvo en movimiento y hubo un periodo de 4 años y 4 meses, en lapsos intermitentes, que las demoras se debieron a las presentaciones dilatorias y disfuncionales de las defensas. Además, dos de ellos permanecieron en la función pública y el restante fue desvinculado en 2003, pero el delito se cometió durante el ejercicio de su tarea como funcionario público, lo que motivo la interrupción del plazo.

El arquitecto Álvarez fue intendente desde el 11 de diciembre de 1999 hasta diciembre de 2003. De allí se fue al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), luego al Ministerio de Educación provincial y finalmente trabajó en la Cámara de Senadores. Mientras que el ingeniero en recursos hídricos Edgardo Wilfredo Berli, fue titular del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, pasó por decreto del gobernador a gerente de Relaciones Institucionales del ENRESS hasta su jubilación en febrero de 2018. Mientras que Ricardo Ángel Fratti, también ingeniero hídrico, fue removido en 2003 y se desvinculó de la administración pública.

Garantes


Para el juez, en un aparato organizado de poder como es un gobierno, los titulares de las áreas involucradas en la prevención y contención del riesgo hídrico, con poderes de decisión y conducción, como lo fueron el Ministro de Obras Berli, el director provincial de Obras Hidráulicas Ricardo Fratti, asumieron una posición de garantes y el incumplimiento de sus roles funcionales en el control y contención oportuno del foco de peligro, conllevó un incremento del riesgo y su concreción en un resultado lesivo, explica el fallo

En cuanto al planteo de que no era competencia provincial la construcción de obras defensivas contra inundaciones en espacios o jurisdicción municipal o nacional, el fallo explica que el deber de cuidado no siempre implica ajustarse a otras reglamentaciones legales o técnicas sino que es necesario reconducir el riesgo a límites tolerables para disminuir o evitar sus efectos. Con ese criterio, para no infringir el artículo 5 de la ley de obra pública hay que dejar que la ciudad se inunde, explica el magistrado y citó la existencia de normas nacionales y supranacionales.

“En el caso, nadie pudo dudar que el deber de protección de toda la gama de bienes jurídicos más encumbrados de la comunidad y la propia subsistencia de la ‘población’ como elemento constitutivo y razón de ser del ‘Estado’ Provincial, estaba muy por encima de cualquier limitación o condicionamiento por cuestiones jurisdiccionales o de competencias”, dijo.

El fallo explica que el puente sobre el río Salado de la “Autopista Brigadier Gral. Estanislao López”, tiene un pasaje de agua de 155 metros lo que provocó el efecto remanso y sobreelevación de los niveles de la crecida que, aguas arriba, ingresó a la ciudad por calle Gorostiaga, puente que desde 1979 es de jurisdicción provincial y desde 1994 estaba concesionado por el gobierno provincial. También se realizaron varios estudios de redimensionamiento del puente justamente por el problema de la escasa luz de escurrimiento que tenía sin el abordaje de ninguna obra provincial. El mismísimo río Salado es un recurso natural de dominio provincial”, explicó

Dado el indubitable protagonismo que tuvieron en la tragedia, el rio Salado, los tramos de defensa construidos por la provincia y luego pasados a Nación y el defectuoso puente de la autopista no existen dudas acerca de la responsabilidad compartida de la provincia en las acciones preventivas y defensivas que debió encarar a través de los funcionarios que al momento del evento ostentaban el rol de garantes. Los acusados tenían muy en claro esto y sus obligaciones legales, según otras intervenciones hídricas que le precedieron por lo que resolvió condenarlos por estrago doloso agravado por la muerte de 18 personas a la pena de 3 años de prisión condicional.


Dejanos tu comentario...

Domingo 17 de Febrero de 2019
Erotismo del poder femenino
Hockey con futuro
Todo caso policial
Salud Pública
Charlie Egg
El año de la división
Bricco
Acquarone
Tessa
Libros en alpargatas
Citas
Scher
podo
Mujica
Sasturain
ricciardino
Sietecase
Jugar contra el prejuicio
Economía parasitaria
Por qué se lame el perro
Eros y civilización
Maten al rugbier
Expertos en recortes
Villanos y empresarios
foto