Sociedad
23-01-2019
Piden que la Justicia federal investigue la desaparición de Valentín Reales

La Fiscalía provincial considera que la causa por el paradero del adolescente visto por última vez en noviembre de 2016 en Cabín 9 debe cambiar de fuero con la carátula de desaparición forzada, ante indicios de participación policial, además de la presunta responsabilidad de la banda de Los Cuatreros.

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

Allá por 2007 el nombre Los Cuatreros, usado para designar a una banda dedicada a amedrentar vecinos del barrio Cabín 9 para quedarse con sus propiedades comenzó a sonar en las crónicas policiales. Pronto quedó en claro además que esa operatoria estaba destinada al narcomenudeo que, como evidencia cada investigación federal, es imposible de concretar sin connivencia policial.

 

Tras sendos operativos de la Justicia provincial destinados a desarticular la organización en 2014 y 2015, en marzo de 2016 se produjeron allanamientos que mandaron presos a la mayoría de sus integrantes y que produjeron la apertura de una investigación paralela por presunta cobertura de efectivos de la subcomisaría 18a a la gavilla.

 

El jefe de la asociación ilícita, Roberto “Narigón” Cabrera, terminó condenado a cuatro años de cárcel. A fines de 2016 la familia de un adolescente de 15 años, Valentín Reales, denunció su desaparición y enseguida se estableció un vínculo: había sido quien brindó los datos para el desbaratamiento de la organizacion ya que formó parte de ella.

 

Antes de que lo secuestraran y, según un testimonio, lo torturaran y mataran, fue blanco de represalias que incluyeron golpizas en las que, según la Fiscalía provincial, participaron policías. Ahora el Ministerio Público de la Acusación pretende que el caso sea investigado en el fuero federal como desaparición forzada de persona.

 

La jueza María Trinidad Chiabrera encabezó este lunes una audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que el fiscal Guillermo Apanowicz, quien lleva adelante el caso por el pedido de paradero radicado el 7 de noviembre de 2016, pidió que se derive a la Justicia federal la pesquisa.

 

La magistrada le solicitó al fiscal la presentación de un informe con más precisiones sobre las medidas de prueba que produjo en la investigación de la resonante causa, que incluso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que instó a las autoridades nacionales a producir el cambio de fuero ante evidencias de que fue torturado en la subcomisaría 18a en un episodio previo a la desaparición.

 

Según voceros de Fiscalía, Apanowicz derivó el caso a la Justicia federal pero como no había intervenido en este traspaso un juez fue que se convocó a la audiencia de este lunes. La magistrada deberá definir si acepta el pedido fiscal de que se investigue como desaparición forzada y, en caso afirmativo, la decisión quedará en manos de la Justicia federal.

 

Valentín se crió en un contexto de fuerte vulnerabilidad social. Creció entre hermanos y bajo el padrinazgo de vecinos. Primero vivió en la zona de Rouillón y bulevar Seguí y por problemas con otros chicos migró a Cabín 9. Allí, entró en conflicto con otro joven y volvió a desaparecer del barrio.

 

Según un testimonio que obra en la causa, fue secuestrado y torturado en una vivienda del barrio para ser luego asesinado. El móvil: quería abrirse de Los Cuatreros y por eso fue hostigado y ultimado.

 

El cuerpo, dice esta versión, fue descartado en un campo, lo que se corroboró en parte con el hallazgo de una zapatilla manchada con sangre. La presunción es que se filtró el dato del rastrillaje y los asesinos movieron el cadáver.

 

El caso Enrique

 

El 22 de octubre pasado, un megaoperativo de la Justicia federal con auxilio de la Policía de Investigaciones provincial dio por desbaratada la banda que secuestró a Colián Miguel, un comerciante de la colectividad gitana. Entre ellos cayó preso Gustavo “Bocha” Figueroa, conocido hombre Los Cuatreros a quien vinculan con la venta de drogas al menudeo en asociación con la banda de Los Monos.

 

Al día siguiente de los allanamientos, la familia de Cristian Enrique, un albañil de 22 años que es pariente del Bocha Figueroa, denunció que se lo habían llevado cuatro hombres armados que se movilizaban en un auto blanco sin chapa patente y vestían como policías, incluso con chalecos de la PDI, desde la esquina de su casa de Cabín 9.

 

Días después, por orden del fiscal provincial Matías Edery, la Prefectura se incautó de los libros de guardia en la sede de la PDI en la zona sur, ante la sospecha de que bien pudieron haber sido uniformados de esa fuerza quienes regresaron al barrio el día siguiente al megaoperativo para llevarse a este joven.

 

Una primera hipótesis es que Enrique pudo haber estado al volante de la VW Suran que secuestró al comerciante gitano, y que quienes se lo llevaron buscaban conocer dónde está guardado parte del rescate. En la causa federal, aseguran fuentes del caso, no está asentada esta sospecha sobre el muchacho. Otra hipótesis es que la banda que secuestró al comerciante pudo haber concretado una represalia por razones aún no esclarecidas.

 

El cuerpo de Enrique fue hallado cerca de la entrada a la localidad de Soldini el 10 de noviembre pasado, luego de que el gobierno provincial ofreciera una recompensa. Un llamado anónimo le dijo a su madre sobre el lugar donde había sido descartado y además le efectuó amenazas.

 

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