Sociedad
07-01-2019
Le apuntan a los pibes
El Gobierno busca bajar a 15 años la edad de imputabilidad. Por ello, enviará al Congreso un proyecto que sería discutido en extraordinarias. Como la implementación de las pistolas Taser tuvo baja repercusión negativa, la Casa Rosada avanza en otras iniciativas.
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El Gobierno nacional promueve un nuevo Régimen Penal Juvenil, a partir de un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año. Sin embargo,  recobró impulso en las últimas horas,

El Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La principal novedad en la letra del texto tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las pistolas Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.

En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años pero le había dado su conformidad al ministro Garavano para que quede en 15 años, porque, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.

En el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.

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