Sociedad
12-12-2018
Un agente federal acusado de asesinato
Luego de tres años desarchivan el Caso Zamudio, un adolescente ejecutado por un efectivo de Prefectura en barrio Tablada. En Tribunales se dirime si fue una ejecución sumaria o una legítima defensa, como arguye la defensa. La causa fue antes archivada por dos fiscales.
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Carina Ortiz

Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando fue asesinado por un agente de prefectura. La investigación fiscal por ese caso lleva tres años y medio y dos archivos fiscales. En ambas oportunidades la familia del adolescente logró desarchivar el expediente. Ahora la investigación está en manos de la fiscal Karina Bartocci y este lunes tuvo lugar la primera audiencia de la investigación ante un juez penal. Allí el hombre de Prefectura fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La funcionaria no pidió la prisión preventiva, a diferencia de la querella, al entender que el acusado siempre estuvo sujeto al proceso. En cambio, planteó una fianza de un millón de pesos que no fue otorgada por el magistrado. Finalmente, el uniformado se fue de la sala con una restricción para salir del país y la obligación de notificar un cambio de domicilio. El abogado de la familia de la víctima resaltó que, a pesar de todo, lo más importante es reactivar la causa y avanzar a un juicio oral y público.

Maximiliano vivía en barrio Tablada con su familia. El 27 de mayo de 2015 un Ford Falcon con una persona a bordo ingresó por un pasillo ancho ubicado en Patricias Argentinas 4350, entre Ameghino y Uriburu. Eran cerca de las 22.50. Según el relato de la fiscalía, Zamudio estaba unos metros más adelante y se acercó al auto. Intercambiaron unas palabras con el conductor, quien sacó un arma y disparó.

Según la reconstrucción y la evidencia recogida, el primer balazo salió del interior del auto e impactó en la axila del chico que cayó al piso. La querella, a cargo de Guillermo Campana y Salvador Vera de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, contó que el segundo disparo se efectuó desde fuera del auto cuando la víctima estaba indefensa y le impactó en la cabeza.

El agente de Prefectura, que estaba de civil, salió corriendo y abandonó el auto después de recibir algunos golpes de la gente que salió de sus casas tras escuchar las detonaciones. Mientras, Maximiliano fue trasladado por tres mujeres en un remis hasta el hospital Roque Sáenz Peña dónde llegó muerto. La autopsia determinó que la muerte se produjo por daño encéfalo craneal por impacto de proyectil de arma de fuego.

El agente

El miembro de Prefectura Naval fue imputado en libertad por el primer fiscal de la causa, Miguel Moreno. En su descargo aseguró que era su cumpleaños y llegó hasta el lugar a buscar un equipo de música. Dijo que Zamudio intentó robarlo. Le sacó la billetera y el celular y él se defendió. El fiscal tomó esta teoría y archivó la causa. Esa fue la primera vez. Pero María, la madre de la víctima, no se resignó y cuestionó la decisión.

El fiscal regional dispuso el desarchivo y el caso quedó en manos de Rafael Coria, quien siguió el camino de su par Moreno al considerar que hubo una legítima defensa. La querella insistió una vez más y hace aproximadamente un mes el agente, que ya no está en la ciudad, fue notificado de la reapertura de la investigación.

El lunes pasado se llevó adelante una audiencia en la que se lo volvió imputar, esta vez ante un juez. Tanto la Fiscalía como la Querella coincidieron en encuadrar el hecho en un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La pistola de grueso calibre que usó el agente federal no era la reglamentaria y estaba de civil al momento del hecho.

Los investigadores secuestraron del auto una vaina servida entre la puerta y el asiento del conductor calibre 40 y, fuera del coche, dos vainas del mismo calibre. También se secuestraron dos armas, una de ellas era la del agente y la otra una culata de escopeta de madera y metal sin caño de disparo. Uno de los testimonios más importantes es el de una kiosquera que observó la secuencia y nunca mencionó un intento de robo. Dijo que vio un intercambio de palabras entre la víctima y el agente, a lo que le siguieron los disparos. Un testimonio similar dio un testigo ocular y otras personas que contaron segmentos parciales del hecho.

También dieron lectura al testimonio de una mujer que intentó sostener la coartada del prefecto. Dijo que se llamaron previamente para ir a buscar un equipo de música. La testigo aseguró que se bajó del auto y luego escuchó las detonaciones. La fiscal dijo que la pericia telefónica no demostró un intercambio de llamadas entre ellos ni antes ni después del hecho.

Los querellantes, por su parte agregaron que en marzo de ese año un adolescente que vive en el lugar fue detenido por personal policial del Comando Radioeléctrico, a quien le preguntaron si era Machote (el apodo de la víctima). El chico dijo que no y le preguntaron si lo conocía. Para los querellantes es un indicio de que lo estaban buscando aunque aseguraron que el hecho habla por sí solo y no se trató de un intento de robo. Explicaron que el celular del agente siguió teniendo actividad posterior al hecho, con llamadas a números habituales que realizaba el acusado. A lo que agregaron que en caso de haber sucedido lo que la defensa sostiene, el efectivo de Prefectura debió actuar de otra forma. Con el primer disparo ya lo tenía reducido y podría haber aplicado el protocolo y no escudarse en una legítima defensa. Para la querella se trató de una ejecución sumaria. Explicaron que el primer disparo fue de adelante hacia atrás y pegó en la zona axilar, mientras que el segundo se produjo desde abajo del auto y tiene una trayectoria de atrás hacia adelante en la zona de la sien.

La defensa

El efectivo es asesorado por Horacio Corvacho. El abogado destacó los dos archivos en el caso y mantuvo la postura de la legítima defensa. Dijo que después del episodio su cliente dejó el auto porque lo querían matar. Aclaró que los llamados eran por WhatsApp y reparó en los antecedentes de la víctima para sostener que fue a robarle. Su defendido esta vez prefirió hacer uso de su derecho a no declarar.

Bartocci no pidió que el agente quede detenido preventivamente aunque reclamó una fianza de un millón de pesos, la prohibición de salir del país sin autorización y notificar en caso de que cambié el domicilio debido a su trabajo. En cambio, la querella dijo que la pena mínima del hecho supera los 10 años y pidió una prisión preventiva a lo que la defensa se opuso. La última palabra la tuvo el juez Juan Andrés Donnola quien evaluó que la cuestión de fondo aún no está resuelta, hay una persona muerta y también el planteo de una causal de justificación –en referencia a la legítima defensa–, dijo, por lo que no hizo lugar a la prisión efectiva ni a la fianza que pidió la Fiscalía. Solo fijó las restricciones.

Al terminar la audiencia, Campana –abogado querellante–, aseguró que si bien no es lo que esperaban, lo principal era reactivar la causa, tener una audiencia delante del juez y avanzar a un juicio oral y público en un caso que ya lleva tres años y medio de trámite.

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