País
04-12-2018
A quemarropa

El gobierno de Mauricio Macri habilitó un reglamento para que las fuerzas de seguridad puedan disparar sus armas contra una persona (incluso por la espalda y sin dar la voz de alto) si el uniformado considera que está ante un “peligro inminente”. Organismos de derechos humanos y de lucha contra la represión institucional como la Correpi cuestionaron duramente la medida, a la que equipararon con la instalación de la pena de muerte. Piden que la provincia de Santa Fe no adopte ese protocolo.

 

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Redacción Cruz del Sur


Ya no hará falta que una persona esté armada o intente agredir en forma directa a un uniformado de una fuerza federal para que éste, con solo considerarlo un “peligro inminente”, lo acribille por la espalda y sin dar la voz de alto. Así de brutal y peligrosa es la nueva concesión que el gobierno nacional de Cambiemos hace –con la resolución 956 publicada ayer en el Boletín Oficial– a buena parte de la sociedad argentina que pide pena de muerte y hasta linchamientos para los delincuentes; esa amenaza casi siempre encarnada en ladrones de carteras o celulares, morochos y con gorrita, y nunca en millonarios evasores fiscales o multiplicadores seriales de deuda y hambre.

 

La iniciativa en cuestión fue anunciada este viernes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero acotada al desarrollo de la cumbre del G-20 en Ciudad de Buenos Aires, aunque su posterior publicación en el Boletín Oficial la dejó firme desde hoy y con aplicación en forma permanente para cualquier lugar del país donde actúen fuerzas federales.

 

El decreto es claro en este punto: deroga “toda disposición o normativa contraria a la presente medida dictada en jurisdicción del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.


La nueva reglamentación establece un protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de fuerzas federales y, en su segundo artículo especifica los motivos que los habilitan a disparar. Allí se destacan las acciones que se interpreten como presuntas puestas en peligro de la vida propia o de otra persona, la oposición de resistencia a la autoridad y la fuga.

 

El concepto de “peligro inminente” es uno de los puntos más peligrosos de esta nueva reglamentación. En el quito artículo, entre las circunstancias que se enumeran dentro de esta categoría que habilita a disparar se destaca “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.

 

Esta última situación hipotética alertó sobre un caso que vale como antecedente y que hoy, con el nuevo protocolo, hubiera terminado en una tragedia y con el homicida exculpado. Un nene de 9 años con una discapacidad que se encontraba jugando con un revolver de juguete en la puerta de su casa cuando fue abordado por un policía de la Bonaerense que se bajó de su móvil y lo ahorcó con la remera y lo golpeó salvajemente. Cuando la madre salió en defensa de su hijo, el uniformado le dijo que debía agradecer que había dejado su arma en el patrullero.

 

También son considerados “peligro inminente” cuando “se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”, sea que integre un grupo “de dos o más personas” en la que uno de ellos posea un arma o haya disparado o lesionado a otras personas y hasta “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Todo esto, claro está, queda librado al criterio del uniformado, a quien la justicia amparará por actuar en el “debido cumplimiento de su deber”.

 

El caso del policía Chocobar –un explícito episodio de gatillo fácil adoptado por el gobierno macrista como un paradigma de su avanzada represiva– se encuentra tipificado en uno de los puntos del artículo 5 que menciona las situaciones que habilitan a las fuerzas federales a abrir fuego sin miramientos: “Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”, reza el texto.


Lobo suelto

 

Oficializada la medida, organismos de derechos humanos, de lucha contra la represión institucional, y referentes sociales y políticos expresaron su repudio a este reglamento que, entre otras cosas, debilita el estado de derecho y abre las puertas a un nuevo modelo represivo que, incluso, pondrá un manto de legalidad a los casos de fusilamientos.  

 

“Esta es la conversión en ley del gatillo fácil”, resumió la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, quien precisó que cada una de las hipótesis que ponen para justificar el uso de armas letales “son las excusas que dan los efectivos en los juicios por fusilamiento de gatillo fácil: delito de lesiones (caso Chocobar), o que la policía suponga que el otro está armado aunque no lo esté (caso Céspedes)”.  

 

La abogada recordó que existen dos tratados internacionales de la Asamblea de la ONU (uno de 1979 y otro de 1999) incorporados a la normativa de aplicación interna, que son los códigos de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que contemplan “sólo usar arma de fuego cuando otros medios sean ineficaces, respetando y protegiendo la vida”.

 

Por medio de un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que con esta nueva medida el Gobierno “busca evitar también el control judicial”. “A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”.

 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también se sumó a la ola de repudios y acusó al gobierno de Mauricio Macri de poner en práctica la teoría del enemigo interno que utilizó en la última dictadura cívico militar. “No vamos a tener miedo como ellos quieren. No nos deprimimos, seguiremos luchando por recuperar el país”, sentenció.


A la plaza

 

El espacio Juicio y Castigo, un espacio que en Rosario nuclea a entidades como Abuelas, Madres, Familiares, APDH, MEDH e Hijos, entre otros espacios gremiales, sociales, estudiantiles y políticos de la ciudad, convocó a realizar un repudio a esta resolución del gobierno nacional concentrando este jueves a las 18 en la ronda de las Madres en la plaza 25 de Mayo (Córdoba y Buenos Aires).


La invitación a la ciudadanía para participar de esta manifestación cierra con llamado a decir “no a la inconstitucional resolución N° 956/2018” y pide por el “fin de la criminalización de la pobreza y de la protesta”.

 

Por su parte, el diputado provincial del Frente Social y Popular (FSyP) Carlos Del Frade presentó un proyecto en la Cámara baja de la Legislatura santafesina para que se declare la “preocupación y rechazo a la resolución que autoriza la utilización de las armas de fuego de parte de las fuerzas de seguridad, derogando y flexibilizando al extremo los reglamentos vigentes y las recomendaciones de Naciones Unidas para el empleo mortal de la fuerza”.



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