Sociedad
28-11-2018
Despenalización y derechos
El psicólogo Ignacio Canabal cuenta en esta entrevista cómo fue el camino lo llevó de involucrarse en el abordaje de consumos de drogas y militar por la despenalización a ponerse al frente del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat), donde trabaja en la prevención y asistencia en el corazón de barrio Triángulo. “El Estado debe responder porque es responsable de la prohibición”, dice.
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Pablo Makovsky | Cruz del Sur

 

Detrás del gigantesco paso de las políticas sanitarias públicas de Santa Fe hay pequeñas historias, incidentes acaso. Detrás de la ley que intenta garantizar la producción de aceite medicinal de cannabis en la provincia –frenada desde Nación por razones que se cuentan en esta conversación– hay, entre otras anécdotas, una detención policial, hace 15 años, a un joven que llevaba entre sus cosas unos cigarrillos de marihuana.

 

Ignacio Canabal fue reconocido el martes pasado, entre otras veinte figuras de Rosario, por periodistas del diario El Ciudadano que ven en él un referente de la pelea cotidiana para mejorar los modos de vida de la comunidad de la que es parte. El Estado reconoció este año con una personería jurídica a la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (Aupac), de la que forma parte Canabal.

 

“Canabal (Rosario, 1984) es licenciado en psicología y desde el principio de su carrera eligió el barrio antes que la oficina. En el centro de salud de Villa Margarita entendió que el consumo es algo que atraviesa sin excepciones a toda la sociedad, pero cuando es problemático necesita aún más de profesionales sensibles donde el Estado llega poco, tarde y muchas veces sólo a reprimir. En paralelo, militó por que el cannabis saliera del closet en una ciudad donde se hizo la primera marcha para pedir por la despenalización de la marihuana en el país. Fue en 2002 y desde ese momento se formaron muchas organizaciones que llevaron a la fundación de Arec”, se lee en el perfil en el que se anunció su distinción.

 

Hace cuatro años armó el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) en Seguí al 5500, en el corazón de barrio Triángulo, uno de los que lamentan los peores índices de pobreza de la ciudad. Siempre en equipo, gestionó con Sedronar la remodelación de la casa de Deliot que hoy brinda cada día, de 9 a 17, un espacio de referencia para la zona oeste y el resto de la red de salud que los necesite.

 

—¿Cómo te formaste en el abordaje de consumos o lo que a grandes rasgos podría llamarse “cultura del cannabis”? ¿Qué autores, movimientos, figuras influyeron?

 

—Cuando tenía 18 años la policía me detuvo con cinco cigarrillos de marihuana que en total eran 2,5 gramos y me hicieron una causa por tenencia para consumo. De ahí surgió una indignación total por una ley que me parecía injusta. Y encontré otras personas en un local que se llamaba Sanabis. Junto con esas tres personas conformamos una pequeña asociación con la idea de hacer unos folletos, luego una marcha. Al principio éramos 15 personas, después 20, otro año 50, 100 y ahí fue creciendo el movimiento. Nos formamos leyendo mucho. En particular nos gustaba mucho Antonio Escohotado, que es un filósofo y profesor de Derecho español que planteaba en rasgos generales las políticas sobre drogas y nos sirvió muchísimo. También nos sirvió Arda, la asociación de reducción de daños de Argentina y la Asociación Intercambio con Graciela Touzé y Mariano Fusero y Emilio Ruchansky, que es un periodista. De ahí tomamos mucho. Y también mucho material científico de distintas organizaciones mundiales. Después tuvimos la suerte de ir a algunos encuentros de organizaciones de toda Latinoamérica. Y en particular lo que influyó fue el movimiento por la diversidad sexual, el feminista, fueron todas banderas con las que militamos en conjunto.

 

—Desde Arec (Asociación Rosarina de Estudios Culturales) hasta tu trabajo en la Casa Deliot, Rosario y Santa Fe se convirtieron en pioneras en el uso medicinal del cannabis y en esto de visualizar el consumo sin demonizarlo. ¿A qué lo atribuís y cómo definirías tu trabajo en ese proceso?

 

—Desde la Asociación Rosarina de Estudios de Cannabis, que tuvimos que cambiar el nombre a Estudios Culturales porque la Inspección General de Persona Jurídica no nos dejaba poner la palabra Cannabis, creo que fuimos pioneros en esto en Argentina y nos convertimos en los grandes referentes porque logramos construir un consumo de cannabis que no sólo incluyese la parte medicinal, que para nosotros era importante, sino que también incluimos lo que éramos nosotros: usuarios, personas que consumíamos, profesionales. Siempre pusimos el eje en la diversidad, no sólo del cannabis, sino de todas las drogas, y eso nos permitió generar un conocimiento que no era limitado a una práctica o una disciplina exclusiva, sino a un saber general, lo que nos permitió incluir a todos y creo que eso fue lo que definió cómo trabajamos: estudiar mucho, reunirse, multiplicar la cantidad de personas que éramos y sobre todo influir políticamente, reunirnos con todos los partidos. Muchos veníamos de alguna militancia partidaria, pero en la Asociación era todo transversal en relación al cambio general en las políticas de drogas.

 

—¿El trabajo sobre adicciones puede hacerse de manera privada o es el estado el que debe asumir ese compromiso?

 

—Creo que por parte del Estado tiene que haber una respuesta, primero porque la prohibición de todas las drogas es por parte del Estado. Nosotros que trabajamos en zona Oeste, frente a la comisaría 19º, en Seguí a 5500, realmente vemos lo que sucede con la población que recurre no sólo al consumo de sustancias para solventar el frío y el hambre en el caso del Poxiran, que la comunidad qom con la que trabajamos consume en exceso, sino también, por ejemplo, en el consumo de cocaína o de marihuana muchas veces para soportar una realidad y unos indicadores que son los peores de la ciudad. Y después tenemos que ser realistas: las economías en la zona Sur y Oeste de Rosario están totalmente vinculadas a la venta de drogas y en este lugar se nota mucho más cuáles son los efectos de esto. Y muchas veces los pagos son a través de sustancias. Entonces, si no vemos esa problemática social como un negocio que genera efectos en la salud de las personas, le estamos errando. Y son personas que claramente no van a poder cubrir una atención privada y en los momentos en que hubo instituciones privadas tercerizadas por el Estado el mayor problema era que las metodologías que utilizaban no eran acordes a las necesidades de las personas. Eran abstencionistas, planteaban que había dejar de consumir o planteaban la necesidad de creer en Dios. Y acá es gratuito, laico e inclusivo, para hombres, mujeres, trans, comunidades originarias. Después, puede haber respuestas privadas, pero el Estado tiene que ser el que dirija las instituciones, el que garantice que se respete la ley de Salud Mental, que en muchos lugares no se hace.

 

—¿Qué es lo que ves a diario en tu trabajo en el Sedronar y la casa Deliot?

 

—Lo que uno ve a diario en el Diat es mucha necesidad de restitución de derechos –educación, trabajo, salud. La ciudad de Rosario tiene una red muy grande de instituciones públicas pero sin embargo es muy difícil lograr la inclusión de una población que está en situación muy compleja. Hay personas que usan las drogas como un modo de poder sobrevivir, de acceder a un trabajo con el que obtiene un rédito económico que en otros lugares es muy difícil. Por ejemplo, para la comunidad qom el acceso a un trabajo registrado en blanco es muy disminuido. Y lo que uno ve también son situaciones muy complejas vinculadas al narcomenudeo, a la violencia policial o la intervención de la policía muchas veces en el negocio del narcotráfico. Entonces, lo que vemos es jóvenes que lo que necesitan es un lugar que les garantice el derecho a la salud, con tratamiento para quienes tienen problemas con el consumo de sustancias. Pero lo que muchas veces necesitan es un lugar donde comer, dormir, donde alguien pueda escucharlos, donde alguien pueda resolver cosas más básicas como inscribirlo en una escuela, garantizarles el DNI. Y esas intervenciones que no parecen específicas del consumo tienen que ver con el sufrimiento humano que es lo que lleva a muchas personas a consumir sustancias.

 

—¿Puede ser que desde 2015 en Argentina se haya retrocedido en cierto trabajo que tiende a la despenalización de la marihuana?

 

—Desde 2015 ha habido un retroceso claro en relación a la despenalización del cannabis y en particular en nuestro país la ley de cannabis medicinal no garantizó ningún acceso a ese cannabis, de hecho la Anmat puso más restricciones y lo limitó sólo a la epilepsia refractaria cuando en principio se trataba de más patologías. La despenalización no es el único objetivo que debemos tener, sino que tenemos que tener normativas que avancen en relación a un lugar donde el Estado regule y todos los países que están avanzados en esta materia, como Uruguay, Canadá, España, México, están yendo a modos de regulación por parte del Estado. Porque las drogas son un negocio y como todo negocio hay una gran influencia del mercado. Es un problema de seguridad, hay que regular las sustancias y tiene que ser el Estado el que se haga cargo y no como sucede hoy, cuando tenemos una ley de 1989 que sabemos que fracasó en sus dos principales objetivos: disminuir la demanda y la oferta. Hay más oferta de drogas, más diversificada, con precios accesibles y en vez de intentar nuevos cambios volvemos a sostener estas leyes y no avanzamos en una legislación más inclusiva que nos permita pensar políticas más integrales por parte del Estado.

 

—¿Cuáles son los principales intereses en la infructuosa guerra contra las drogas que tiene lugar hace casi un siglo?

 

—EEUU es el mayor consumidor de drogas del planeta y el que fue avanzando en la guerra contra las drogas, que empieza en el gobierno de (Richard) Nixon como movimiento global de prohibición de las drogas. Sin embargo es uno de los lugares en los que la mayoría de los estados flexibilizaron el acceso al cannabis legal. Y si ha fracasado en esta guerra es relativo, porque muchas veces planteamos que en sus objetivos explícitos fracasó, pero los implícitos, que es el control de la población, de los lugares de producción de sustancias –tenemos que pensar que Afganistán, el mayor productor de opio del mundo, cuando se hizo la invasión tras la destrucción de las Torres Gemelas, multiplicó 18 veces su producción. Creo que la guerra contra las drogas ha sido un gran negocio en el que Estados Unidos y Rusia han controlado la producción, se sabe que en relación a la venta de cocaína el 1% queda para los campesinos, el 9%, para quienes la distribuyen y el 90% restante queda como resultado del levado de dinero en lugares como EEUU. Hace poco se multó al HSBC por 3 mil millones de dólares por lavar dinero del narcotráfico mexicano. Pensemos en esos intereses y es fácil concluir por qué se mantiene una guerra contra las drogas aunque sepamos que ya fracasó.

 

—¿Cómo está hoy el acuerdo con Nación para producir cannabis para producción medicinal en Santa Fe?

 

—Santa Fe logró una de las mejores leyes del país, más de avanzada aún que la nacional, donde explicita qué patologías podrá tratar, pone el eje en la producción pública y no en la importación y en particular tiene el know how instalado en la producción pública de medicamentos para hacerlo y la traba es el gobierno nacional. La provincia cumplió con todos los protocolos pero la Nación plantea que no puede garantizar la seguridad del traslado de las flores que vendrían desde Uruguay de manera gratuita para hacer una primera producción, que luego el LIF devolvería a los uruguayos en forma de aceite. Sin embargo, Nación autoriza una producción muy grande de cannabis en Jujuy, que se exportaría a Chile, donde se haría el aceite para que lo compre el estado argentino. Estamos pensando en producir materia prima para que le ponga valor agregado una empresa chilena que tiene capitales estadounidenses, en lugar de pensar en la producción santafesina, que tiene un modelo de generación de valor agregado. Habría que preguntarle por qué a la Nación.

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