Sociedad
07-11-2018
Un secuestro extorsivo, detenidos y un joven que no aparece
La familia de Cristian Enrique, un joven de 22 años de Cabín 9, no tiene noticias de él desde el 23 de octubre pasado, un día después de que un operativo allanara muchas viviendas del barrio por el secuestro extorsivo de un comerciante gitano. Creen que el muchacho estuvo vinculado con este rapto y que las razones de su paradero desconocido tienen que ver con el botín conseguido como rescate tras el forzado cautiveri.
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Alberto Carpintero | Cruz del Sur


Un muchacho que no aparece, policías en la mira, fiscales que demoraron el inicio de la investigación por su paradero e históricas bandas enfrentadas de la zona oeste que ahora aparecen aliadas. Todo en el marco de un secuestro extorsivo en el seno de la comunidad gitana local, que no es el primero de características parecidas en los últimos tiempos. Y la omnipresente sombra de Los Monos, bautizada como la “afip de la zona sur” hace ya más de una década, una actividad que hoy aparece complejizada por devaluaciones e inflaciones varias. Un complejo panorama que rodea el misterioso caso de Cristian Enrique, de 22 años, vecino de Cabín 9, con un antecedente por encubrimiento de robo de autos. Precisamente el rubro de la compraventa de la víctima del rapto extorsivo. Y la sospecha de que en busca de mejicanear parte de ese rescate algunos uniformados, o algunos civiles, o una mezcla de ambos, se llevaron a este joven para conseguir el dinero.


Allá por 2007 la comunidad gitana de la zona de Oroño al 4200 sufrió al menos cuatro violentos y espectaculares asaltos con jugosos botines en joyas y moneda nacional y estadounidense. De pronto, los golpes cesaron. Algunos creen ver en el parentesco de las clanes gitanos Traico y Miguel con Mariano “Gordo” Salomón, histórico ladero del líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, las razones de esa pax romana.


Más de una década después, y mientras en el medio hubo repetidas versiones de extorsión como marco de aprietes y balaceras, Colián Miguel, el patriarca de la colectividad, fue secuestrado en el predio de su comercio de la zona de Arijón y Crespo. Dos autos, varios hombres a cara descubierta y armados, incluso con ametralladora, se lo llevaron en plena tarde el 3 de septiembre pasado después de meterle un culatazo en la cabeza a su hijo y tras recomendarle que juntara el dinero para el rescate: un millón de dólares.


Cuatro horas después, cuando apenas había caído la noche, lo dejaron ir. La familia jura que no se pagó el rescate, pero en los mentideros del hampa se habla de un abono de cien mil dólares. Una hipótesis que confirman investigadores es que la víctima pagaba 300 mil pesos cada mes como protección a la banda de Los Monos. Y que el diferendo en la discusión paritaria por este monto se saldó con el secuestro.


En el fin de semana del 20 al 21 de octubre, dicen fuentes extraoficiales, otro episodio sumó preocupación a la colectividad gitana: un joven fue secuestrado en la zona sudoeste, “lo drogaron y lo tiraron en las vías para que lo pasara encima el tren”. Según esta versión, alguien lo vio, lo auxilió y lo llevó a un centro asistencial.


El 22 de octubre, un megaoperativo de la Justicia federal con auxilio de la Policía de Investigaciones provincial dio por desbaratada la banda que secuestró a Miguel. Entre ellos cayó preso Gustavo “Bocha” Figueroa, conocido hombre de una de las bandas de Cabín 9, Los Cuatreros, aunque entre los sospechosos –hay al menos tres prófugos, incluido un veterano y conocido asaltante– también figuran integrantes de Los Stifler, otra gavilla de la zona que históricamente estuvo enfrentada con la anterior.


Para sumarle complejidad al asunto, al Bocha lo tabulan como alfil de la banda de Los Monos en el narcomenudeo. Pero, además, en forma paralela al operativo de la PDI la Prefectura hizo allanamientos el mismo día en otra causa, que tiene al menos un hombre vinculado en el caso del secuestro. Entre estos últimos procedimientos, hubo uno en una celda de la cárcel federal porteña de Villa Devoto, donde está detenido Walter Rivero, un narco de la localidad de Pérez, justo en el límite con el barrio Cabín 9, que supo ser socio de un enemigo del clan Cantero: Esteban Alvarado.


Al día siguiente de los allanamientos, la familia de Cristian Enrique, un albañil de 22 años que es pariente del Bocha Figueroa, denunció que se lo habían llevado cuatro hombres armados que se movilizaban en un auto blanco sin chapa patente y vestían como policías, incluso con chalecos de la PDI, desde la esquina de su casa de Cabín 9. La semana pasada, por orden del fiscal provincial Matías Edery, la Prefectura se incautó de los libros de guardia en la sede de la PDI en la zona sur, ante la sospecha de que bien pudieron haber sido uniformados de esa fuerza quienes regresaron al barrio el día siguiente al megaoperativo para llevarse a este joven.


Una primera hipótesis es que Enrique pudo haber estado al volante de la VW Suran que secuestró al comerciante gitano, y que quienes se lo llevaron buscaban conocer dónde está guardado parte del rescate. En la causa federal, aseguran fuentes del caso, no está asentada esta sospecha sobre el muchacho.


Otra hipótesis es que la banda que secuestró al comerciante pudo haber concretado una represalia por razones aún no esclarecidas. Otro trascendido que manejan los investigadores es que el joven se esfumó el día después de los allanamientos ante la sospecha de que podía quedar detenido en la causa del secuestro.

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