Política
31-10-2018
Los ganadores del modelo muestran la hilacha

Diputados sanciónó una leve suba tributaria a bancos y cerealeras para compensar la quita de subsidios de Nación al transporte. Pero las agroexportadoras, principales beneficiarias del modelo, y legisladores de Cambiemos rechazan la medida y amenazan con despidos.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur


Las entidades empresariales del poderoso sector agroexportador, ese que el gobierno de Mauricio Macri no se cansa de mostrar como la nave insignia del crecimiento económico del país y promotor del utópico “efecto derrame” del dogma liberal, volvió a mostrar la hilacha: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y la Sociedad Rural de Rosario pusieron el grito en el cielo por el aval que el jueves pasado la Cámara baja provincial dio a la aplicación de pequeñas subas tributarias para 18 cerealeras de la región para evitar trasladar a los sectores populares la quita de los subsidios al transporte urbano e interurbano por parte de la Nación.


La iniciativa del legislador socialista Rubén Galassi, que ahora quedó en manos del Senado para su aprobación definitiva, establece elevar de 0,25 a 1 por ciento la alícuota de Ingresos Brutos a esas firmas agroexportadoras que operan en puertos del cordón al norte de Rosario e incrementar en un 300 por ciento el Impuesto Inmobiliario. Esta última medida alcanza también a las entidades financieras, el otro sector más beneficiado por el modelo de la alianza Cambiemos.


El proyecto en cuestión prevé que la Provincia recaude unos 700 millones de pesos para destinar en forma íntegra al Fondo Compensador del sistema de transporte. A su vez, por iniciativa del justicialista Luis Rubeo, el Ejecutivo provincial pasa a destinar a ese fondo el 10 por ciento de lo recaudado por en concepto de impuesto al sello.


Al margen de las seis abstenciones de los radicales del grupo NEO, los del interbloque de Cambiemos fueron los únicos diputados que votaron en contra de esta iniciativa que busca una mayor equidad tributaria. Referentes de ese espacio político salieron a respaldar a las agroexportadoras y a agitar el fantasma de los despidos.

 

Lo tuyo es mío y lo mío es mío

 

Una de las primeras entidades que repudió la media sanción fue la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En un duro comunicado, habló de “un nuevo golpe legislativo al campo santafesino”, haciendo extensivo el efecto de esos cambios impositivos al conjunto de la cadena productiva: “Esta nueva carga tributaria recaerá sin dudas sobre las espaldas de los productores agropecuarios, que sufrirán una disminución de los precios que reciben por su producción, un incremento en el precio de compra de los insumos necesarios para la implantación de los cultivos y un aumento de los costos de acondicionamiento de los granos que comercializa a través de acopios”, argumentaron en el documento.


Por su parte, el gerente de relaciones corporativas de la Cámara de la Industria Aceitera, Andrés Alcaraz, se mostró “sorprendido” por la iniciativa aprobada en Diputados y acusó a sus impulsores de actuar con “falta de información” ya que –según aseguró en diálogo con LT8– “ignoran que, como consecuencia del aumento de las retenciones que dispuso el gobierno nacional, se han reducido notablemente los márgenes de la industria”. Cabe destacar que según datos del Indec, estas agroexportadoras fueron las principales beneficiadas con la brusca devaluación, permitiendo que entre julio y septiembre su rentabilidad trepara a los 143.200 millones de dólares. “Estas medidas están poniendo al sector en una situación dramática y deja en peligro miles de empleos”, acotó el directivo.


Al coro de quejas se sumó también la Sociedad Rural de Rosario, que emitió un comunicado en el que aseguró que estas medidas sólo ayudarán a complicar “un escenario de fragilidad económica del sector” (léase, de los grandes productores agropecuarios). “Comprendemos en nuestra entidad la compleja situación que enfrenta el transporte urbano e interurbano de pasajeros, pero entendemos que el agro, ahogándose, ya aporta toda su capacidad tributaria en detrimento de su posibilidad básica de inversión”, expresaron.


El comunicado de los ruralistas cierra con una propuesta que parece haber sido redactada por algún iluminado del gobierno macrista: “Hoy la provincia cuenta con un consolidado superávit fiscal en sus cuentas públicas. Por lo tanto, la manera real de disminuir la pobreza, crecer y desarrollarse en el mundo es bajando impuestos, permitiendo la inversión y creación de puestos de trabajo productivos”. Para el cierre, llaman a los “gobernantes” a “hacer un esfuerzo de austeridad y ajustar su presupuesto, para así, no incrementar a los contribuyentes santafesinos con nuevos tributos, actuando en consecuencia a la realidad y necesidad de estos tiempos”.


En defensa de estos sectores y con los mismos argumentos se expresó el diputado de Cambiemos Federico Angelini. “Los malos acá parecen que son las grandes empresas que son las que generan empleo santafesino, directa e indirectamente. No entiendo esa manera de ver, de afectar a aquellos que generan laburo y emplean a coprovincianos, y sean los malos simplemente porque les va bien”, dijo el hombre que pugna por competir en 2019 para aplicar el modelo macrista desde la Casa Gris.

 

“Les molesta el modelo Santa Fe”

 

La respuesta de los legisladores que impulsaron el proyecto no se hizo esperar. Uno de los primeros en responder fue el propio autor, Rubén Galassi, quien enmarcó la embestida de la Bolsa de Comercio en una cuestión ideológica antes que económica. El legislador socialista fue al hueso: “Siempre han cuestionado el modelo Santa Fe, que les molesta”, dijo, y aludió al titular de la entidad bursátil, Alberto Padoán: “Era algo que esperábamos porque el presidente de la Bolsa es de Vicentín, una de las empresas afectadas”, sostuvo.


Siguiendo con la sintonía que la Bolsa mantiene con la gestión macrista, Galassi apuntó: “Me llama la atención que habiendo medidas del gobierno nacional mucho más gravosas para los pequeños productores, no digan nada. Es una posición más ideológica que económica. Esta institución tiene un claro sesgo ideológico contra los proyectos que tenemos en Santa Fe y aplaude todo lo que hace Macri”.


El jefe de la bancada socialista explicó que esta iniciativa va a permitir que haya mayores recursos para municipios y comunas al momento de afrontar el costo que tiene el trasporte público de pasajeros y para que la quita de subsidios nacionales no impacte tan fuerte en el precio del boleto.


Galassi también puso de relieve la responsabilidad del gobierno de Cambiemos al podar los subsidios nacionales al transporte para responder al legislador macrista Federico Angelini. “Si él no quiere que las empresas despidan empleados que le diga a su gobierno nacional que no tenga tasas por encima del 70 por ciento, que no ponga retenciones a la exportación de la actividad industrial y que tenga un plan económico que favorezca al mercado interno en lugar de en el FMI”, fustigó Galassi.


Por último, el diputado socialista aclaró que los pequeños productores no se verán afectados porque están exentos por la Ley Pyme que aprobó la legislatura provincial, y que el proyecto de ley busca la “equidad tributaria” y, en rigor, sólo grava a 18 empresas. “La mayoría de ellas son de capitales multinacionales y son los únicos sectores que vieron multiplicada su rentabilidad por la devaluación. No van a tener ningún inconveniente en aportar este tributo”, cerró.


Otra contundente respuesta a las críticas del empresariado fue la del diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, quien calificó de “bestias” a los representantes de las agroexportadoras que se quejan por esta leve modificación tributaria argumentando drásticas consecuencias en el mundo laboral. “Mienten con descaro y creen que son semidioses. Extorsionan al poder político diciéndole a la gente que habrá miles de despidos, un acto que revela su bajeza humana. Se creen los dueños de la provincia porque, lamentablemente, muchos de nuestros gobiernos les han dado ese lugar poniéndolos en el centro de las decisiones políticas y económicas de Santa Fe”, dijo. “Estamos hablando de un impuesto mínimo a empresas que en el último balance presentaron una facturación de 388 mil millones de pesos, que es el doble del presupuesto provincial”, concluyó.


La sanción definitiva de este proyecto está ahora en manos del Senado provincial, donde se espera un debate más intenso dado el componente conservador que rige en ese ámbito, con legisladores más permeables al lobby de los agro-negocios y que tiene a Armando Traferri, jefe de la bancada del PJ (que es mayoría), anticipando su voto negativo. El oficialismo tendrá allí al senador por el departamento Rosario, Miguel Ángel Cappiello, defendiendo la iniciativa.


El socialista rebatió el argumento de las cerealeras y de sus defensores políticos que sostienen que esta carga tributaria se traducirá en despidos. “Cuando ellos echan gente nunca piden permiso. Han dejado mucha gente en la calle ya”, dijo en diálogo con Radio Sí y recordó que es justo que “los que más tienen deben pagar para solventar a los que menos que tienen”. “Santa Fe le aporta más de 95 mil millones de pesos en retenciones al gobierno nacional y eso se debería tener en cuenta. Si nos pagaran la deuda tendríamos una posibilidad de subsidiar el transporte y no recurriríamos a estas medidas”, afirmó.

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