Sociedad
24-10-2018
Otra megaestafa “profesional”

Mil millones de pesos es la estimación del jugoso fraude provocado por una asociación ilícita integrada por profesionales y destinada a desapoderar de propiedades a sus legítimos dueños. Todos fueron puestos en libertad y llovieron críticas al juez de Venado Tuerto que presidió las audiencias.

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

La estafa del siglo, que puso presos a 15 imputados que en su mayoría son profesionales bajo acusación de fraude con 36 propiedades, sacudió a la provincia la semana pasada. Mil millones de pesos es la estimación de la maniobra ilegal llevada adelante con diversas maniobras, como la falsificación de escrituras. Todo transcurría según los carriles esperados, luego de una investigación de más de un año llevada adelante por el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo con auxilio del Ministerio de Justicia provincia, hasta el sábado, cuando el juez de la causa pateó el tablero: decidió dejar en libertad al sindicado cabecilla y al resto de los sospechosos. “Gravedad institucional”, definió el propio Merlo. “Les estamos dando pasto a aquellos que plantean que el sistema penal solamente agarra a los más pobres”, estimó el ministro Ricardo Silberstein. “Da impotencia que ante tanta prueba contundente, resultado del trabajo de investigación que se realizó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) esbaratar a esta banda de guantes blancos, un juez decida que sigan libres”, dijo su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

 

La Policía de Investigaciones (PDI) hizo el último miércoles 18 allanamientos en Rosario, Villa Cañas, Casilda, Cañada de Gómez, Buenos Aires, Armstrong, Las Rosas y Venado Tuerto. Detuvo a 10 hombres, entre médicos, abogados y escribanos. Uno de ellos un gestor rosarino, al que ubicaron en una casa de pasaje Polonia al 1300. Allí también encontraron dólares y pesos por un total de medio millón de pesos.

 

Los operativos concluyeron con la detención de cuatro mujeres que, siempre según explicaron desde el gobierno santafesino, funcionaban en la trama como prestanombres. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia provincial, dijo: “Fue algo burdo. Las estafas eran sistemáticas y reiteradas. Por más que sean profesionales, no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera esgrimiendo un arma le dictan prisión preventiva, estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una birome, también tienen que quedar en prisión preventiva”.

 

La operatoria

 

El caso llegó a la Justicia en 2017. El gobierno de Santa Fe detectó una venta en Venado Tuerto hecha con un documento apócrifo de una persona ya fallecida. La provincia encaró una tarea de inteligencia para detectar a todos los involucrados. “Lo fuimos presentando en denuncias en el MPA, donde se creó una unidad fiscal especial sobre delitos económicos en Venado Tuerto para llevar adelante la investigación”, explicó Escauriza. Otra de las modalidades, siempre según las denuncias, consistía en hacer comparecer a la persona fallecida como si estuviese viva para completar la transacción. Son 13 las propiedades que figuran en la causa como las que hicieron pasar de manos con documentación falsa.

 

En octubre pasado, la Justicia allanó tres campos en las localidades de Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto. Eran 460 hectáreas valuadas en 300 millones de pesos que estaban a nombre de uno de los imputados por la estafa. El hombre vivía en una casa humilde en Venado Tuerto y es señalado como un prestanombre. Dos meses más tarde la Policía hizo más allanamientos después de que Figueroa Escauriza presentara una demanda por la venta de un lote de 800 metros cuadrados tasado en tres millones de pesos que habría sido apropiado por el grupo. En total, las autoridades calculan que fueron 36 operaciones con inmuebles (32 en ciudades y 4 en campos que comprenden mil hectáreas del sur santafesino). Una de las maniobras fue la venta ilegal de un terreno de 2.600 metros cuadrados. El dueño había muerto en 1987.

 

La resolución

 

Tras una larga jornada de imputativas el jueves, las audiencias por la megaestafa inmobiliaria con eje en Venado Tuerto sumaron el viernes un decimoquinto detenido mientras que otro de los acusados se acogió a la figura del arrepentido. Se trata del contador oriundo de la provincia de Buenos Aires (partido de 3 de Febrero) Walter Díaz Franco, quien fue beneficiado con la libertad tras declarar. Para el sábado había quedado pendiente el debate sobre las cautelares de algunos imputados, entre ellos el abogado Antonio Di Benedetto, el venadense considerado jefe de la asociación ilícita.

 

El sábado, el juez Benjamín Révori tras aceptar los términos de la imputación fiscal decidió dejar en libertad a Di Benedetto. Quienes también fueron beneficiados con la resolución aparte de este abogado fueron Milena Fischer (empleada del abogado); el venadense Juan Carlos Rullo; Díaz Franco; el gestor rosarino Raúl Jaime; el escribano venadense Eugenio Casadei; su par de Armstrong, Angel Moreale; Luis Bentati, Alberto Long, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Roberto Sainz, Danisa Pintos y María de los Angeles Sarría.

 

Todos contra el juez

 

La decisión del magistrado desató una ola de críticas. “El juez para dictar prisión preventiva tiene que sumar tres cuestiones: una que el delito haya existido, que la pena sea de prisión efectiva y la peligrosidad procesal que quiere decir que se pueda fugar o pueda entorpecer la investigación”, explicó Merlo, quien de inmediato añadió: “El juez justificó durante una hora y media que nos encontrábamos ante una asociación ilícita, después consideró que en caso de ir a juicio la pena sería de cumplimiento efectivo, pero, erróneamente consideró que no hay peligrosidad procesal”. Y cerró el fiscal Merlo: “El juez tiene una interpretación que no entiendo. Vamos a apelar esta cuestión ya que es grave institucionalmente, errónea y sorpresiva”.

 

En el mismo sentido se expresó Silberstein: “El sistema penal argentino es particularmente benévolo cuando hay estructuras de poder, sobre todo si hay abogados y escribanos involucrados. No puede haber una interpretación ingenua ni descontextualizada de las leyes. Cuando usted tiene una organización criminal, no puede tratar la prisión preventiva de la misma manera que cuando está tratando un delito individual”.

 

Y agregó: “Una persona tiene muchísimo menos capacidad para poder adulterar e incidir en el desarrollo de un proceso, pero acá se trata de una organización criminal donde hay 30 o 40 personas, de alta capacidad intelectual y económica, que han manejado miles de millones de pesos, lo que les da la posibilidad de poder entorpecer la investigación e incidir sobre testigos. Si uno no diferencia eso, realmente estamos teniendo una interpretación ingenua del proceso penal”.

 

También dijo lo suyo Pullaro. “A estas organizaciones delictivas de cuello blanco hay que atacarlas y caerles con todo el peso de la ley” porque muchas veces pareciera que “solo cae el ladrón de bicicletas”, afirmó el ministro, para redondear: “No queremos impunidad para nadie. Todos los poderes debemos entender que la sociedad nos pide señales claras de lucha contra las mafias. La medida del juez produce preocupación. Estuve en Venado Tuerto en las últimas horas y no hubo persona con la que me crucé que no mencionara el tema y me pidiera por favor que no queden impunes”.

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