Sociedad
24-10-2018
Una segunda oportunidad

Cegada por la desesperación, una joven madre en situación de calle le dio ansiolíticos a su hija en una plaza de zona oeste. Estuvo presa y su caso dio un giro cuando se trabajó con perspectiva de género. La muchacha fue sobreseída y ahora el objetivo es la revinculación con su niña.

 

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Georgina se fue en libertad. La sobreseyeron. Estaba acusada de intentar matar a su hija. En septiembre de 2017 la echaron de la casa con lo puesto, una beba y una mochila cargada de conflictos familiares y violencia. No tenía dónde ir y ese día explotó. Con los pocos pesos que tenía compró algo de comer para la beba y una botella de vino espumante que mezcló con algunas pastillas. Y se perdió. Era sábado. Llegó hasta las cuatro plazas en barrio Belgrano. Su actitud comenzó a llamar la atención. Estaba eufórica, intentó regalar a la pequeña, decía que se iba a matar, hasta que en un momento le metió a la nena una pastilla en la boca y alguien intervino, se la sacó de los brazos y la hizo vomitar. Mientras, la policía detuvo a Georgina que a esa altura estaba incontenible. Su caso se mediatizó, la mostraron esposada y la imputaron mientras lloraba.

 

No se acordaba de nada. Estuvo siete meses presa hasta que el caso cambió de manos. Un fiscal decidió sondear el hecho más allá de lo superficial y lo hizo con perspectiva de género. Trabajó junto con la defensa y citaron a diferentes entes estatales en miras de proteger los intereses de la niña, y evaluar la situación de una madre víctima de violencia machista. Se le otorgó un arresto domiciliario y finalmente se logró un sobreseimiento.

 

Si bien se llegó a ese resultado al considerarla inimputable, la audiencia fue más allá y demostró que un trabajo integral de los distintos órganos del Estado con una mirada de género puede llegar al fondo del problema. Ahora el resto de los entes involucrados en el caso trabajan en la revinculación de la madre y la hija.

 

La madre de Georgina había muerto y ella vivía con sus hermanos en una humilde vivienda del barrio Ludueña. La convivencia era conflictiva y Georgina se llevaba la peor parte, muchas veces era víctima de su propia familia. Pero no tenía dónde ir ni otros familiares a quiénes acudir. Ese sábado, 9 de septiembre de 2017, se enteró que uno de sus hermanos tenía HIV y tuvo una pelea con otro de ellos. La sacaron con lo puesto a la puerta junto a su nena.

 

Con la plata que tenía en el bolsillo le compró a la pequeña un jugo y algo para comer, también un vino espumante que se fue tomando mientras caminaba. Recorrió unas 30 cuadras, en el trayecto mezcló alcohol con clonazepam. Llegó hasta las cuatro plazas, en Mendoza y Provincias Unidas. Su actitud comenzó a llamar la atención de la gente que disfrutaba del sol en el espacio verde.

 

Intentó regalar a su hija, decía que se iba a matar, que iba a matar a la nena. Una mujer se le acercó y vio cuando intentaba hacerle tragar una pastilla y se la sacó de los brazos. La testigo la hizo vomitar mientras otras personas se cruzaron hasta el puesto de la policía comunitaria que había en otra de las plazas.

 

Georgina estaba eufórica, así la describieron, costó detenerla. Se la llevaron presa y al lunes siguiente fue la noticia del día. La primera reacción fiscal fue imputarla de tentativa de homicidio calificado. En la audiencia lloró y contó que no se acordaba: “Estaba mal, perdida. No quería matarla, me quería perjudicar yo. ¡Mirá si la iba a querer matar!”, declaró. En aquella oportunidad el juez José Luis Suárez dictó la prisión preventiva y dispuso la realización de una junta médica. Georgina estuvo siete meses presa en una cárcel.

 

La pericia médica tardó más de lo esperado y el caso siguió adelante con una mirada netamente punitiva hasta que cambió de manos. Se hizo cargo el fiscal Luis Schiappa Pietra y el defensor oficial Darío Pangrazzi. Desde la Fiscalía decidieron profundizar el caso, ir a los orígenes, entender por qué una madre llega a esa instancia y encontraron mucho. Georgina logró un arresto domiciliario después de que una amiga de su abuela conociera la historia y se apiadara de ella. En una oportunidad anterior se había intentado el beneficio en la casa de una tía pero como allí estaba la víctima, el pedido fue rechazado.

 

Con una mirada de género Schiappa Pietra amplió la investigación y pidió diversos informes además del de la junta médica. Lo hizo al juzgado de familia que intervino en la situación de la niña; a la Secretaría de Niñez, que dispuso una medida excepcional por la cual la pequeña se quedó a cargo de una tía de Georgina que ya no puede seguir teniéndola; a la Subsecretaría de Políticas de Género, que tuvo un contacto con Georgina; al área de psicología del Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Niño.

 

La semana pasada se hizo una nueva audiencia para tratar un pedido de sobreseimiento para Georgina. Esta vez estuvieron presentes todos los entes públicos que actuaron en el caso. El defensor pidió el sobreseimiento por inimputabilidad. Lo hizo en base al informe de juntas médicas. El documento explica que al momento del hecho la chica estaba en situación de calle, abandonada y a la deriva. A cargo de una beba “cuya inscripción simbólica como hija aún no se había producido”. Estaba bajo los efectos del alcohol y una dosis considerable de ansiolíticos que podrían haber afectado la dirección de su conducta. Es factible que la conjunción de esos factores hayan favorecido un estado anímico caracterizado por una gran impulsividad, descontrol y marcada desesperación, expresó el documento.

 

El fiscal no se opuso al pedido pero hizo hincapié en la falta de dolo en el hecho, tomó en cuenta el lugar dónde se produjo y la actitud previa de la joven, también la situación de vida que tenía Georgina y la violencia que había padecido. Hablaron los representantes de los distintos entes, entre ellos de la Subsecretaría de Políticas de Género que se refirió al trabajo que realizaron con la joven y el abordaje que se hizo del caso. Mientras que la representante de la Defensoría de la Niñez apostó a la relación entre la niña y su madre esperando el fortalecimiento del vínculo siempre y cuando estuviese acompañada y apoyada por los diferentes organismos que trabajan en el tema.

 

Si bien el juez Suárez no resolvió el planteo en base a la atipicidad –es decir que la acción que cometió la chica no encuadra en un delito–, se apoyó en el informe de juntas médicas y dictó el sobreseimiento por inimputabilidad, lo que implica que no entendió la criminalidad de sus actos al momento del hecho. A pesar de ello, en la audiencia resaltó el tratamiento integral y con visión de género con que se trabajó el caso, lo que marca un camino a seguir en este tipo de situaciones.

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