Sociedad
10-10-2018
Toda semilla es política

El rosarino Gustavo Schrauf, ingeniero agrónomo y profesor titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), cuenta en esta charla con Cruz del Sur en que consiste la propuesta que llevó a la reunión de comisión del Congreso en el debate por la Ley de Semillas. "El desarrollo tecnológico que generamos debe ser en función de las necesidades de nuestra sociedad y no de las del mercado", dice, y traza un duro diagnóstico sobre la concentración del mercado en manos de multinacionales que condicionan a los productores imponiéndoles estrictas condiciones de siembra.

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Sebastián Stampella | Cruz del Sur


El rosarino Gustavo Schrauf es ingeniero agrónomo y profesor titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Defensor de la idea de poner el desarrollo científico al servicio de la agricultura familiar y el respeto a las formas tradicionales de producción, participó de numerosos proyectos de extensión, entre los que se destaca un programa participativo destinado a la conservación de semillas de maíz de una comunidad Qom realizada junto al INTA. “El desarrollo tecnológico que generamos debe ser en función de las necesidades de nuestra sociedad y no de las del mercado”, dice en esta charla con Cruz del Sur.

 

La afirmación llega a propósito de su participación en la primera jornada de debate por la nueva Ley de Semilla en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Antes de brindar su posición al respecto, Schrauf prefiere describir cuál es el panorama que no hay que soslayar para comprender qué intereses se juegan en esa discusión: “A nivel mundial las empresas se fusionan y avanzan hacia un mercado de semillas cada vez más concentrado. Todas las semilleras fueron compradas por grandes empresas de agroquímicos. Ya en 2015 Monsanto había comprado 27, Bayer 21, Dow 12 y Dupont otro tanto. Empresas argentinas como Agar-Cross o Morgan fueron chupadas en ese proceso. A eso hay que sumarle que en estos últimos años Bayer compró a Monsanto; Dow y Dupont se fusionan y los chinos compran Syngenta y a Nidera en Argentina”, dice.

 

Y resume: “Así, tres empresas tienen el 60 por ciento de las semillas del mundo y el 70 por ciento de los agroquímicos. Ellos deciden qué y cómo van a sembrar y el productor argentino termina dependiendo de eso”.

 

—¿Y en ese contexto, qué alcances tiene el debate por un nuevo marco normativo para el uso de las semillas en el agro?

 

—Algo que aprendí en forma tardía es que la semilla es mucho más que un insumo con el que se trabaja en el campo. Es un insumo que condiciona el resto de la producción: cuando se siembra, dónde, en qué suelo, con qué herbicida y con qué insecticida. También termina siendo un elemento político. Es tan clave su rol que las empresas de agroquímicos lo aprendieron rápidamente. El mercado de las semillas ahora está en manos de empresas farmacéuticas, que son las que introdujeron el tema de las patentes. Antes no se patentaban las plantas, actualmente solamente en Estados Unidos, y la tendencia en el mundo es seguir esos pasos. El patentamiento implica que nadie va a poder mejorar por el plazo de 20 años esa semilla que está patentada, lo cual favorece aún más la concentración del monopolio de la genética. Las grandes empresas vienen haciendo un lobby bastante importante para avanzar con la Ley de Semillas. Hoy hay entidades que nuclean a pequeños productores y que tienen expectativas de que las grandes empresas hagan desarrollos para ellos. Y eso lamentablemente no va a  ser así. La ley le quita al productor el derecho de conservar la semilla y tenerla para uso propio, y sin embargo la presentan argumentando que no perderán ese derecho y que pueden tener la semilla pero pagando. Entonces, si hay que pagar por eso, ya no hay derecho. Dar el debate sobre la Ley de semillas es necesario para incluir otras cuestiones. Hay como cinco proyectos y muchas variantes.

 

—¿Cuál fue tu posicionamiento en la reunión de comisión? ¿Hubo alguna propuesta?

 

—El planteo que hicimos en la comisión es algo que venimos analizando en la cátedra. Desde hace un tiempo vemos que la Ley de Semilla es algo muy importante porque nos condiciona mucho. Creemos que es necesario evaluar propuestas para mitigar esa situación. Claro que no tenemos el poder de influir en la conformación de esas empresas pero sí podemos tomar algunas decisiones.  Invertir en investigación y desarrollo es una de ellas. Herramientas hay. Podríamos tomar el modelo australiano, que un 1 por ciento de las semillas vendidas de cualquier producto a un fondo para la investigación y el desarrollo. Para el productor no significa mucho y en toneladas son millones. Y lo más importante es que se haría con el productor decidiendo a qué se orienta la investigación en base a sus necesidades, el consumidor de acuerdo a sus demandas, y con el Estado articulando esas cuestiones. Con ese sistema se localiza un problema y luego se estimulan programas investigativos o de desarrollo para dar respuesta. Es decir, como productor podés participar en la decisión sobre a qué desarrollo destinar lo invertido de acuerdo a un problema productivo específico; ante una enfermedad generar una resistencia a eso, por ejemplo. Hay casos puntuales, de problemas muy limitados a una región específica a los que las empresas multinacionales no van a invertir en un producto que dé respuesta porque no les resulta redituable.

 

—¿Y hay algún cultivo regional donde se observe con claridad el obstáculo que imponen estos monopolios en sus desarrollos?

 

—En la reunión de comisión habló gente de Chaco y me preocupó el diagnóstico que hicieron. Hace 20 años allí había 30 cultivares de algodón y hoy hay uno solo, que es de Monsanto. Monsanto puso dos transgenes en cultivares del INTA y tuvo éxito porque esos dos transgenes le dieron resistencia a herbicidas en insectos y desplazaron a materiales de INTA. Es decir, capturó todo el beneficio de mejoramiento que por años desarrolló INTA y logró dominar el mercado. Entonces, si ahora ya tiene el mercado, ¿por qué iría a largar otro cultivar si con el que tiene ya lo domina? Entonces ahí hay un problema de monopolio que va más allá del planteo sobre la Ley de Semilla. Donde hay monopolio no hay estímulo al desarrollo porque no hay una competencia fuerte del otro lado. Esa idea de que con un nuevo marco normativo se van a producir cosas nuevas termina siendo ilusoria si no se logra desmonopolizar al mercado.

 

—¿Y qué posibilidades tienen los avances en genética de semillas que se realizan en el país de llegar a los productores?

 

—Nosotros llevamos a cabo un par de iniciativas. La comunidad que hace mejoramiento genético en Argentina no es muy grande. Pero si hacemos una red de mejoramiento articulado el potencial es enorme. Si hay un acompañamiento del Estado en el desarrollo investigativo, la posibilidad de llegar rápido al productor con buenos productos es enorme. No nos damos cuenta de que muchas veces estamos en una maquinaria que atenta contra nuestro propio desarrollo. Hay trabajos de acá que están muy buenos, pero se eligen publicaciones de afuera. Me refiero a que uno genera investigación y ese resultado va a papers y publicaciones, y a uno lo terminan juzgando por esas publicaciones. Nos suelen premiar cuando nuestras publicaciones son en revistas científicas de afuera. Luego un tecnólogo de afuera captura eso y lo lleva adelante para beneficio de empresas. Esa transformación de una publicación a una tecnología para aplicar la dejamos pasar. Tenemos recursos muy valiosos en lo investigativo, pero falta articular más con entidades oficiales como el INTA, el Conicet, las universidades públicas para que los avances beneficien a la comunidad, sobre todo a los pequeños productores.

 

—Las medidas de ajuste del gobierno nacional en el campo académico y científico no ayudan mucho para revertir esa situación.

 

—La decisión de rebajar el Ministerio de Ciencia y Tecnología a una Secretaría habla a las claras de eso. En genética nosotros trabajamos con insumos dolarizados, algo que ya nos obligó a echar para atrás muchos proyectos. Veo un panorama muy oscuro, es muy triste que eso pase. El Conicet y el INTA cierra vacantes y echa gente. Nosotros en las universidades formamos a investigadores, y ahora se está cerrando esa carrera. Muchos jóvenes comienzan a mandar sus curriculum afuera. Conozco casos puntuales de eso. Tener investigadores que migran es una sangría.

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