Sociedad
03-10-2018
Tierra de trata con su intendente en problemas
Una nueva investigación federal sobre trata de personas en la zona norte del cordón industrial descubrió connivencia de funcionarios: en este caso, además de los policías de rigor, fiscales acusan al primer mandatario radical de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, por encubrir una red de comercio de mujeres y drogas e incumplir sus deberes de funcionario

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Alberto Carpintero

No son nuevos los casos de facilitamiento de la prostitución en el departamento San Lorenzo y tampoco, aunque menos, las causas por trata de personas. En todas ellas hubo sospechas de funcionarios involucrados, en especial policías. Pero la particularidad de un expediente que fue ventilado días atrás desde un medio de Buenos Aires son los indicios que involucran al intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, al decir de la pesquisa del fiscal Claudio Kishimoto junto con la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), al menos como encubridor.

A diferencia de otras investigaciones de esta década, ahora se investiga a una banda de una docena de personas que ejerce la trata para brindar servicios sexuales no ya a camioneros sino a marineros que llegan a los puertos del norte del cordón industrial con dólares en el bolsillo. A estos extranjeros también les venden drogas, asegura la pesquisa, que pidió allanamientos y once indagatorias meses atrás pero recién las consiguió por estos días, tras la filtración del expediente. Por ahora, aclararon fuentes judiciales, no hay pedido de indagatoria para Raimundo, aunque sigue vinculado con la causa.

Luego de que la información se conociera el sábado por la noche en el sitio web de Clarín, en la noche de este lunes fueron detenidas seis personas en un allanamiento de Gendarmería desarrollado en Oroño al 800 de San Lorenzo, donde funciona un drugstore que, según la pesquisa, es la pantalla para la ejecución de las actividades ilegales. Desde ese lugar, dice la investigación, una mujer apodada Mamu comanda la organización.

Según publicó Rosario3, la propia Mamu fue una de las detenidas en el operativo ordenado por el juez federal Marcelo Bailaque. Según la pesquisa de Kishimoto y sus pares de la Protex Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, la banda funciona al menos desde principios del año pasado y se dedica a captar, trasladar y explotar sexualmente de mujeres y vender estupefacientes.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una víctima de la red, quien hizo la presentación en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Según su testimonio, ejerció la prostitución en el drugstore de Mamu y dio detalles de cómo funcionaba la organización. A ella se sumaron otra decena y media de mujeres que pasaron por ese lugar y declararon en la causa.

Para la pesquisa, Miriam Soto, la mencionada Mamu, llevaba adelante un clan delictivo que componen su pareja, sus tres hijas y sus respectivos yernos, uno de los cuales es policía, igual que otro uniformado que está mencionado como quien brinda protección a la banda. Son once personas, más una duodécima que está bajo investigación: Raimundo.

Según los testimonios, en el drugstore de Oroño al 800 se comercializaba droga y se acordaban los llamados pases a través del pago de copas, mientras que en tres hoteles de la ciudad se concretaban los servicios sexuales. Ambas actividades, sostiene la pesquisa, tenían su tarifa en dólares, habida cuenta de que sus clientes eran extranjeros embarcados que llegan a los puertos de la zona norte del cordón industrial.

Para la pesquisa, había un aceitado sistema de transporte llevado adelante por taxistas, pero también contaba con protección de funcionarios.

El intendente


“Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos– julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, dejaron asentado los fiscales del Ministerio Público de la Nación.

Para los fiscales, el intendente radical de San Lorenzo “al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Su ayuda, concretamente habría consistido en garantizar a los miembros de la organización la continuidad de la explotación sexual de mujeres como así también la impunidad de quienes llevaban a cabo la actividad, a través de acciones tendientes a que ningún agente del municipio que preside lleve a cabo las debidas inspecciones y consecuente clausura del lugar; y lo mismo habría realizado con respecto al personal policial de las diversas fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en su municipio”, consta en la investigación.

 “No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar”, afirman los fiscales.

“Como autoridad suprema del Municipio tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomaron ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente/prostituyente”, añaden los funcionarios judiciales.

En la causa consta el testimonio de una mujer que dice haber conocido al intendente en una cena y que un taxista solía llevarla a la casa del mandatario por las mañanas; afirmó que Mamu, quien se jactaba de tener protección de Raimundo, la obligaba a ir al sostener que de ello dependía la continuidad de su actividad.

Antecedentes


Sobre fines del año pasado dos fallos judiciales ya habían vuelto a poner la mira sobre la ribera portuaria del departamento San Lorenzo, histórico sitio de explotación prostibularia enfocado en brindar servicios sexuales a los embarcados y también a los camioneros que llegan con cargas graneleras a los puertos de la región. Las víctimas, mujeres en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Santa Fe que eran trasladadas por la autopista y la ruta 11 hasta las playas de estacionamiento de camiones de la cabecera departamental y de Puerto General San Martín.

Por un lado, en juicio abreviado la Justicia federal de la capital provincial penó a una madama y un remisero que inicialmente habían sido encausados por trata de personas, aunque ahora bajo una figura penal menos gravosa: facilitamiento de la prostitución. Por otro, Casación federal ratificó que un policía seguiría preso hasta el juicio en un caso de trata que ya tiene sentenciados a dos regentes y el hijo de uno de ellas, quien transportaba a las víctimas. Para la Justicia, el uniformado cobraba por hacer la vista gorda ante el delito.


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