Sociedad
03-10-2018
Fin del sistema conclusional
El máximo tribunal provincial le puso punto final al viejo sistema procesal penal de la provincia, uno de los últimos bastiones inquisidores del país. Lo hizo a través de una acordada el día del paro general. El sistema desaparecerá a mediados de octubre.

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Carina Ortiz

El acta acuerdo Nº 35 de la Corte Suprema de Justicia de la provincia puso fin al sistema conclusional. El máximo tribunal ordenó el traspaso de las causas que aún quedan en el viejo sistema, también pasaran los empleados y funcionarios que trabajan en esa área del fuero penal y sus destinos serán los nuevos Ministerios de la Acusación (MPA), del Servicio Público de la Defensa y la Oficina de Gestión Judicial(OGJ). La fecha elegida es el 16 de octubre, momento en que las 2500 causas que aún subsisten de las más de 600 mil que había, pasen al nuevo sistema de enjuiciamiento aunque con algunas particularidades según la etapa del trámite en la que se encuentren.

En marzo de 2018 la Corte especificó en la acordada N.º 10 que fijaría la fecha límite para materializar el traspaso de las causas que se tramitan en el sistema conclusional que quedó como un resabio del viejo sistema inquisitivo dónde la escritura era el eje del proceso. También habló del traspaso de empleados y funcionarios a los ministerios públicos. Ello implicó la necesidad de que aquellos que prestaban servicio en el fuero penal del viejo sistema realizaran su opción ya sea al MPA, al Servicio Público de la Defensa, a la Oficina de Gestión Judicial o a otra repartición del Poder Judicial. Lo mismo pasó durante el año con el paso al nuevo sistema de fiscales y defensores, los últimos que quedaron jurarán este miércoles en sus nuevos cargos.

Para la Corte la fijación de una fecha para el traspaso de los expedientes que iniciaron con anterioridad al 10 de febrero de 2014 (es decir cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal Penal) es el fin de una serie de medidas que se fueron implementando en estos últimos 4 años. Según la acordada, al 19 de febrero de 2014 había 601.942 expedientes penales en todas las materias — juzgados correccionales, de instrucción y de sentencia – y en la actualidad ese número se limita a 2500.

La Corte dispuso que los expedientes que pasen desde los juzgados de instrucción y correccionales deben ser remitidos al Ministerio Público de la Acusación con asiento jurisdiccional dónde fueron iniciados y se tramitarán según el 1 artículo de la ley 13699. Es decir intervendrán en estas causas los fiscales del MPA y los defensores del Servicio Público de la Defensa y se regirán por las normas procesales fijadas en la ley 6740 (es el anterior código procesal penal) y la ley 13004 (que reguló el periodo de transición entre un sistema y otro) salvo que el imputado haya optado por la aplicación del nuevo código de procedimiento.

Con los expedientes deberá ir toda la documentación anexa y los efectos secuestrados si los hubiere. Para las cuestiones jurisdiccionales tendrán competencia los magistrados del Colegio de jueces de primera Instancia y se priorizará la intervención de los jueces que venían actuando en esas causas y pasaron al nuevo sistema.

Para los expediente que se encuentran en los juzgados de sentencia, en etapa de juicio, aparecen dos situaciones: si ya hubo ofrecimiento de prueba, se regirán por las normas procesales que venían determinando su tramitación. En este punto la acordada explica que “una solución contraria implicaría retrotraer el proceso a etapas anteriores a los efectos de la adecuación al trámite oral con la consiguiente dilación temporal en procesos que, ya de por sí, han tenido demoras que perjudican tanto a los intereses de las partes como los fines mismos del sistema de justicia penal”. Ahora si el trámite no llegó al ofrecimiento probatorio el juicio deberá tramitarse en forma oral y pública en la circunscripción en las que fueron iniciadas, en las que tendrá injerencia la Oficina de Gestión Judicial e intervendrán los jueces de primera instancia del Colegio de Jueces.

En cuanto a las causas que tramitan actualmente en el juzgado de ejecución de sentencia, tanto el Coronda, Las Flores o Rosario, deberán remitir las causas a la OGJ de Santa Fe y Rosario (en el caso de la última localidad). Esta decisión implica que los jueces de sentencia que quedaron trabajando en el sistema conclusional pasarán al nuevo sistema procesal penal. También hubo casos en que los jueces del viejo sistema suplían en las causas de los juzgados de menores (a los que la reforma procesal aún no alcanzó y de los 4 juzgados dos están vacantes), en estos casos las suplencias quedarán en manos de los jueces de primera instancia del nuevo sistema.

En cuanto a la necesidad de adecuar el sistema a las normas vigentes el ministro Daniel Erbeta aclaró en su voto que la Constitución Nacional los faculta a dictar reglamentos que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial pero ello no los habilita a contradecir las normas vigente salvo que sean inválidas en un caso concreto. Agregó que las leyes de organización de tribunales penales y de oficinas de gestión judicial son posteriores a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial resultando, por aplicación del principio “ley posterior deroga ley anterior”, que las mismas prevalecen a cualquier disposición de la ley orgánica del Poder Judicial.

Recalcó que el artículo 1 de la ley 13699 (en vigencia desde enero de este año) es de naturaleza procesal y dispuso en su entrada en vigencia la clausura definitiva del sistema conclusional otorgando plena intervención al MPA y al Servicio Público de la Defensa, lo que impone su estricto cumplimiento de esa disposición sin perjuicio de las razones que atienden los objetivos políticos o institucionales del sistema de justicia penal.


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