Provincia
03-10-2018
El blues de la recesión
El gobierno de Cambiemos tomó decisiones macroeconómicas que tienen a la población y a la industria nacional en estado de absoluta indefensión. En Santa Fe, la Nación decidió retraer recursos y eso perjudica a la provincia y a los propios ciudadanos. De cada 10 pesos que prometieron invertir en obra pública durante 2018, llegaron menos de 4 pesos

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Orlando Chircaz

Una máxima que suele aplicarse en la economía doméstica es que por efecto de la inflación aumenta la recaudación y eso ayuda a afrontar los mayores gastos cuando todo sube. Esa es una parte de la ecuación, pero si baja la actividad económica lo que cae drásticamente es el nivel de ingreso. Esa es la mayor preocupación que hoy tiene la provincia en una crisis recesiva que va en alza.

Hasta ahora, el gobierno de Miguel Lifschitz consiguió que sus cuentas no entren en déficit y allí hay un gran mérito de la gestión pero también de decisiones que se tomaron hace varios años: como las actualizaciones tributarias y una ampliación de la base de contribuyentes. Del mismo modo, el Frente Progresista consiguió la devolución del 15% de la coparticipación federal de Santa Fe.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón en noviembre de 2015 al ex gobernador Hermes Binner, que inició la demanda, y un mes después ya no hubo descuentos. Esos dineros se volcaron en su totalidad a gastos de capital, a inversión en obras, con lo cual se dio inicio al plan más grande de infraestructura en la provincia en los últimos 50 años.

El dato es muy importante, porque más de 20 mil santafesinos hoy tienen trabajo con la obra pública provincial. Sin esos recursos sería imposible tener el ambicioso plan de infraestructura que está en marcha, generar mayor integración territorial y contener el gasto social. Dicho sea de paso, en ese rubro también hubo una disparada desde hace cuatro meses.

El ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez, solicitó a Nación un refuerzo en distintas partidas que se destinan a sectores vulnerables pero hasta el momento no tuvo suerte; mucho menos los que más lo necesitan. Pero allí no termina el tema, los despidos y la escalada de la inflación dejan aún a más ciudadanos sin poder cubrir sus necesidades más básicas.

Eso el Estado provincial lo empieza a sentir en sus arcas porque la Nación cada vez retrae más su participación (Cambiemos apenas tiene en Rosario una mayor actividad para que lo aprovechen sus concejales del PRO). Hoy ni siquiera se sabe cuánto puede llegar a resignar la provincia de Santa Fe si sale como está del Congreso el Presupuesto 2019 y la Adenda del Consenso Fiscal.

Por lo pronto, en la provincia creen que por efecto de la cláusula gatillo que se acordó en paritarias con los trabajadores del Estado habrá un gasto superior a los 2.000 millones de pesos en 2018. La tensión social, advierten, igual vendrá en ascenso; como los pedidos de municipios y comunas para tratar de contener la creciente demanda de la población y cumplir con sus servicios.

Municipios y comunas

Frente al contexto antes mencionado, el ministro de Economía Gonzalo Saglione presentará un proyecto de ley que propone que municipios y comunas santafesinas puedan gestionar el cobro de las deudas vencidas al 31 de diciembre de 2017 del Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural). Además, se les incrementa el porcentaje de coparticipación a favor de las localidades.

En la actualidad, un 50% se coparticipa y el otro 50 queda a favor del gobierno provincial, y con este proyecto de ley el 60% será para los municipios y comunas, y el 40 por ciento restante para el Estado santafesino. “Desde el gobierno provincial buscamos herramientas que permitan compensar parcialmente la merma en los recursos de los gobiernos locales”, dijo Saglione.

La decisión se fundamenta “ante la caída en la coparticipación de impuestos derivada de la menor actividad económica, y en virtud del impacto que tiene sobre los municipios y comunas la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero)”. La estimación que hace la provincia es que municipios y comunas podrían conseguir unos 360 millones de pesos extras.

La nueva norma establece un plan de pagos que facilita el cumplimiento de los contribuyentes que registran deuda. En este sentido, para el pago contado hay una reducción del 10% de los intereses resarcitorios. Si se cancela en hasta 6 cuotas, el interés mensual es del 1%. En cambio, si el pago es de entre 7 y 12 cuotas, el interés mensual es del 1,5%, y entre 13 y 48 cuotas, de 2,5%.

También habrá un reconocimiento al contribuyente cumplidor: quienes no registren deuda al finalizar los períodos 2015, 2016 y 2017 inclusive, se les aplicará un descuento del 10% en el monto del Inmobiliario a pagar en 2019. Y a quienes no estén alcanzados por el beneficio anterior, pero estén al día al 31/12/2018, se les aplicará un descuento del 6% en el Inmobiliario 2019.

“A los contribuyentes que por razones ajenas a su voluntad han tenido dificultades para pagar el Impuesto Inmobiliario a término, les ofrecemos planes de pago beneficiosos, en cuotas y con intereses muy inferiores a los del mercado financiero”, detalló Saglione, y añadió: “A los contribuyentes que han hecho su esfuerzo y han tenido un comportamiento ejemplar, los premiamos”.

El hachazo real

El titular de la cartera económica santafesina también se refirió a que apenas un 37% de la inversión nacional en obras públicas para la provincia se ejecutó en nueve meses de 2018. Esto significa que la Casa Rosada ni siquiera podrá cumplir con lo que se comprometieron a realizar en el presupuesto vigente. Radicales amarillos y el PRO prefirieron no contestar y se llamaron a silencio.

En contrapartida al ajuste de Cambiemos, la provincia alcanzó en 2017 el mayor nivel de inversión pública en lo va del siglo XXI, en relación a la producción de la economía santafesina. Lo que destacan en la Casa Gris es que son varios los elementos que permitieron -hasta ahora- la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura económica de apoyo y en infraestructura social.

Por caso, en 2017 solo el 3% de la inversión pública fue financiada por recursos discrecionales girados por el Gobierno Nacional, o sea, que la inversión pública santafesina no está anclada en transferencias del presidente Mauricio Macri que en caso de discontinuarse puedan poner en riesgo diversas obras. En 2018 el panorama es similar pero para 2019 hay incertidumbre.

Por eso es tan importante saber qué presupuesto nacional votará el Congreso argentino para conocer el impacto sobre Santa Fe. A juzgar por los números que diseñó Cambiemos, la realidad parece sombría: bajar el déficit primario del 2,6% al 0%, inflación del 23%, un dólar a $40,10 y una caída de la economía del 0,5% en el PBI. Muchos de esos porcentajes hoy mismo ya están desactualizados.

Un punto a favor de Santa Fe, en relación a otros distritos del país, es que tiene un muy bajo nivel de endeudamiento. Las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires tienen un nivel de deuda per cápita que está entre 4 y 6 veces la que tiene Santa Fe. Además, la presión tributaria es menor a la de esas provincias que son similares en cuanto a su grado de desarrollo.

Por último, San Luis y Santa Fe son las únicas dos provincias que tienen fallos emitidos por la Corte Suprema de la Nación por los cuales deberán cobrar en los próximos años un monto significativo. Hoy no se sabe si Nación cumplirá con ese fallo, pero un cálculo actualizado que hicieron legisladores de la oposición prevé una deuda que ya trepó a los 80 mil millones de pesos.

Esos recursos no se los deben al Frente Progresista o al gobernador Miguel Lifschitz, sino a los casi cuatro millones de santafesinos y santafesinas. Por tanto, hoy la realidad nacional devuelve a la provincia recortes, ajuste, inflación, devaluación del peso, incremento exponencial de la deuda externa, menos obras públicas y el incumplimiento de fallos judiciales.


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