Economía
26-09-2018
¿Quién crea valor en la economía?
Diez años después de la crisis económica mundial, las ganancias se recuperaron, pero la inversión sigue siendo débil. La razón es que la política económica continúa siendo informada por la ideología neoliberal más que por la experiencia histórica. En toda gran empresa, el Estado fue siempre el primer inversor.

 

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Mariana Mazzucato* | Project-Syndicate.org

 

Tras la crisis financiera global de 2008, surgió el consenso de que el sector público tenía la responsabilidad de intervenir para rescatar sistemáticamente bancos importantes y estimular el crecimiento económico. Pero ese consenso se demostró fugaz, y enseguida las intervenciones económicas del sector público llegaron a considerarse causa principal de la crisis y, por lo tanto, era necesario revertirlas, lo cual resultó un grave error.

 

En Europa, sobre todo, los gobiernos se vieron vapuleados por haber incurrido en deudas elevadas, aunque fue la deuda privada, y no los préstamos pedidos por el Estado, lo que provocó el derrumbe. A muchos se los instruyó para que introdujeran la austeridad, en lugar de estimular el crecimiento con políticas anticíclicas. Entretanto, se esperaba que el Estado llevara a cabo reformas del sector, las cuales, añadidas a la reanimación de la inversión y la industria, harían que se recuperase, como era de suponer, la competitividad.

 

Pero hubo en realidad poca reforma financiera y en muchos países el sector todavía no ha vuelto a ponerse en pie. Si bien se han recuperado los beneficios en numerosos sectores, la inversión sigue siendo débil, debido a una combinación de acaparamiento de efectivo y creciente financiarización, con recompra de acciones – para que se disparen los precios de las acciones y con ello las opciones sobre acciones (“stock options”), que baten también marcas de altura.

 

La razón es sencilla: al vilipendiado Estado se le permitió ensayar solamente tímidas respuestas políticas. Este fracaso refleja en qué medida la política continua informada por la ideología, concretamente, por el neoliberalismo, que aboga por un papel mínimo del Estado en la economía, y su primo académico, la teoría de la “elección pública” (“public choice”), a la vez que recalca las limitaciones de los gobiernos, en lugar de su experiencia histórica.

 

El crecimiento requiere un sector financiero que funcione bien, en el que las inversiones a largo plazo tengan su recompensa por encima del juego a corto plazo. Sin embargo, en Europa se introdujo una tasa a las transacciones financieras solamente en 2016 y las llamadas finanzas pacientes siguen siendo inadecuadas en casi todas partes. Por consiguiente, el dinero que inyecta en la economía, por ejemplo, la facilitación monetaria, acaba regresando a los bancos.

 

El predominio del pensamiento a corto plazo refleja una incomprensión fundamental del papel económico adecuado al Estado. Contrariamente al consenso posterior a la crisis, la inversión estratégica activa del sector público resulta crucial para el crecimiento. Esta es la razón por la que las grandes revoluciones tecnológicas –sea en la medicina, las computadoras o la energía– han sido posibles gracias a que el Estado actúo como primera opción para un inversor.

 

Sin embargo, seguimos con las fantasías de los agentes privados en sectores innovadores, ignorando su dependencia de los productos de la inversión pública. Elon Musk, por ejemplo, no sólo ha recibido más de 5.000 millones de dólares en subvenciones del gobierno norteamericano; sus empresas, SpaceX y Tesla, se han levantado gracias al trabajo de la NASA y el Departamento de Energía, respectivamente.

 

La única forma de reanimar nuestras economías de manera plena requiere que el sector público retome su papel esencial como inversor estratégico, a largo plazo y orientado a un objetivo. Para ese fin, resulta vital desmentir los relatos errados respecto a cómo se crea valor y riqueza.

 

La presunción popular es que el Estado facilita la creación de riqueza (y redistribuye la que se crea), pero no crea en realidad riqueza. Por el contrario, a los líderes empresariales se les considera agentes económicos productivos, una noción a la que algunos recurren para justificar la creciente desigualdad. Dado que las actividades de las empresas (a menudo arriesgadas) crean riqueza –y por tanto empleos– sus directivos merecen ingresos más elevados.

 

Esos supuestos tienen también como resultado un uso equivocado de las patentes, que en los últimos decenios han estado bloqueando, en lugar de incentivar la innovación, en la medida en que había tribunales bien dispuestos hacia las patentes que les han permitido cada vez más utilizarlas de manera demasiado amplia, privatizando los instrumentos de investigación, en lugar simplemente de los resultados del final del proceso.

 

Si estos supuestos fueran ciertos, los incentivos fiscales espolearían un aumento de la inversión empresarial. En cambio, esos incentivos –tal como los recortes fiscales a las empresas en los EEUU promulgados en diciembre de 2017– reducen los ingresos del Estado, en conjunto, y contribuyen a impulsar beneficios empresariales que baten marcas, mientras que producen poca inversión privada.

 

Esto no debería resultar chocante. En 2011, el empresario Warren Buffett señaló que los impuestos a las ganancias del capital no impiden que los inversores realicen inversiones ni socavan la creación de empleo. “Se añadió una red de casi 40 millones de puestos de trabajo entre 1980 y 2000,” advirtió. “Ya sabemos lo que ha ocurrido desde entonces: tipos de impuestos más bajos y una creación de empleo bastante más reducida”.

 

Precio y valor

 

Estas experiencias chocan con las creencias forjadas por la llamada Revolución Marginalista del pensamiento económico, cuando la teoría del valor trabajo fue sustituida por la moderna y subjetiva teoría del valor de los precios del mercado. En resumen, asumimos que, en la medida en que una organización o actividad alcanza un precio, está generando valor.

 

Con ello se refuerza esa noción que normaliza la desigualdad según la cual quienes ganan mucho debe ser que crean una gran cantidad de valor. Es la razón por la que el director de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, tuvo el valor de declarar en 2009, justo un año después de la crisis a la que había contribuido su propio banco, que sus empleados se contaban entre “los más productivos del mundo”.

 

Y es también la razón por la que las empresas farmacéuticas se salen con la suya recurriendo a la “fijación de precios basada en el valor” para justificar el precio astronómico de los medicamentos, aun cuando el gobierno norteamericano se gasta más de 32.000 millones de dólares anuales en los eslabones de alto riesgo de la cadena de innovación de la que salen estos medicamentos.

 

Cuando el valor no se determina con una métrica concreta sino más bien por medio del mecanismo del mercado de la oferta y la demanda, el valor se convierte sencillamente “en el ojo del que mira” y las rentas (los ingresos inmerecidos) acaban confundiéndose con los beneficios (ingresos bien ganados), la desigualdad aumenta y cae la inversión en la economía real. Y cuando las posiciones ideológicas defectuosas respecto a cómo se crea valor en la economía son las que configuran la aplicación de las medidas políticas, el resultado son medidas que recompensan sin darse cuenta el cortoplacismo y socavan la innovación.

 

Una década después de la crisis, seguimos teniendo la necesidad de abordar debilidades económicas duraderas. Eso significa, primera y primordialmente, reconocer que el valor lo determinan de manera colectiva las empresas, los trabajadores, las instituciones públicas estratégicas y los organismos del a sociedad civil. La forma en que interactúan estos diversos agentes determina no sólo el ritmo del crecimiento económico sino también si el crecimiento lo guía la innovación, incluso si es sostenible. Sólo reconociendo que la política debe tener tanto que ver con dar forma y co-crear activamente los mercados como con arreglarlos cuando las cosas van mal podemos poner punto final a esta crisis.

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