Sociedad
26-09-2018
Acusada de un secuestro a los 18 años

La adolescente habría participado de un rapto extorsivo junto con tres hombres en 2014. Le faltaban días para cumplir la mayoría de edad cuando secuestraron al hijo de un supermercadista chino. La Justicia aún no resuelve su situación procesal.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

eis días antes de cumplir 18 años quedó vinculada al secuestro extorsivo de un joven de nacionalidad china. La causa ya tiene 4 años y la situación procesal de la adolescente sigue sin resolverse. Las otras personas que participaron en el frustrado rapto aceptaron un procedimiento abreviado y una condena a 11 años de prisión. A ella, la justicia de menores la absolvió en un primer momento, decisión que la Cámara Penal revocó y reenvió a otro juzgado para que dicte nueva sentencia.

 

En esa oportunidad la jueza María del Carmen Mussa la declaró responsable del hecho. Lo mismo que su defensa, el asesor de menores cuestionó la decisión que ahora se discute en la Cámara Penal y dijo que el 50 por ciento de la prueba que se utilizó para declararla coautora se desechó por la mala actuación policial. Ahora es el turno de un nuevo tribunal de apelaciones que decidirá sobre el futuro de esta joven que hoy tiene 22 años.

 

J. era pareja de uno de los secuestradores en 2014, fueron detenidos en el domicilio que compartían tras el secuestro. El 18 de julio de aquel año Guang salió del supermercado que su familia explotaba en una propiedad de San Lorenzo al 3700. Había caminado unos metros junto con su madre cuando frenó un Peugeot 504 del que bajaron dos hombres y una mujer. Uno de ellos, con un arma en la mano, amenazó al joven y se lo llevaron a los golpes hasta el auto, que conducía otro hombre, y se lo llevaron.

 

La madre realizó la denuncia en la comisaría 7° y un rato después llegó una comunicación telefónica dónde le pedían a la familia un rescate de 150 mil dólares. Las negociaciones fueron arduas. Los captores hablaban sólo con el padre, quien pidió una comunicación con su hijo para asegurarse de que estuviese bien. Hubo falta de entendimiento en las consignas por dificultades idiomáticas e incumplimientos en los horarios pactados para las comunicaciones. Todo esto demoró el encuentro, que finalmente se pactó unas 35 horas después del secuestro, explicó en aquel momento la pesquisa.

 

Si bien las intervenciones telefónicas dieron indicios de la zona donde lo tenían secuestrado, los investigadores no pudieron determinar exactamente la vivienda, por lo que montaron una guardia en la zona de Francia y Gaboto. La data orientó a la pesquisa y brindó un segmento de 100 metros en el que podía estar la víctima.

 

Cuando estaba todo listo para la entrega del dinero, los captores hicieron subir al padre a un auto y conducir fuera de la ciudad, le iban dando indicaciones por el celular. Era la mañana del 20 de julio y el hombre tomó la ruta 18. Según explicaron en aquel momento los investigadores, el hombre se detuvo en una estación de servicios porque no entendía lo que le estaban diciendo y en ese momento llegaron dos móviles policiales. Esta situación generó la ira de los captores que llamaron al padre para insultarlo y terminaron las negociaciones.

 

Rescate

 

Sin cobrar el rescate, los secuestradores decidieron liberar a la víctima ante el temor de ser detenidos. Lo dejaron en la zona de avenida presidente Perón y Avellaneda, dónde el muchacho se tomó un taxi hasta su casa. Durante el cautiverio no lo golpearon pero lo tuvieron con escasa comida y agua, descalzo y pasando frío. Una vez que el joven estuvo a salvo, los pesquisas siguieron la información que tenían hasta el momento y tres semanas después se produjeron una serie de allanamientos en la zona donde la víctima estuvo secuestrada.

 

Los allanamientos tuvieron lugar en Casilda al 2300, Urquiza al 5600 y Cerrito al 3900. En estos procedimientos se detuvieron a cuatro personas, entre ellos a J. y su pareja. En la vivienda encontraron el celular y algunas prendas de vestir de la víctima. Luego se hicieron otros tres allanamientos. En boulevard Seguí y Avellaneda fue detenido un hombre a quien se le secuestró un Peugeot 504 con características similares al utilizado en el hecho. De los detenidos, tres de los hombres quedaron involucrados en el secuestro extorsivo y el cuarto fue condenado en un acuerdo abreviado por tenencia de arma. Mientras que la situación procesal de J, quedó a cargo del Juzgado de Menores.

 

Fiscalía

 

Los sospechosos que quedaron bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fueron imputados y estuvieron a un paso del juicio oral. Pero en marzo de 2016 se pidió la suspensión del debate porque los defensores Ignacio Carbone y Andrea Corvalán llegaron a un acuerdo con las fiscales Karina Bartocci y Mariela Oliva. El convenio consistió en que los tres hombres que participaron en el hecho –Marcelo A., Juan Carlos D. y Juan Carlos A., este último pareja de J.– aceptaron su responsabilidad que incluyó una pena de 11 años de cárcel por el secuestro extorsivo (la Fiscalía en la audiencia preliminar había pedido 16 años).

 

J. fue sometida a un proceso penal en el fuero de menores. Allí la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena dictó la absolución pero la Fiscalía apeló la decisión. En junio de 2017 los camaristas Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Carina Lurati revocaron parcialmente la decisión de la jueza de menores y resolvieron reenviar el caso a otro juez para que dicte un nuevo fallo.

 

En las conversaciones con el padre, los captores le hablaban del rescate, si había juntado el dinero y sobre el intercambio. Le aclararon que vaya solo. También usaron ese número para hablar entre ellos, lo que posibilitó a la policía determinar cuántos eran los captores y ubicarlos. Entre las conversaciones nombraban a J. como parte de grupo. Contaban que fue una de las secuestradoras y cómo se demoró el pago porque el que hacía las negociaciones se quedó sin crédito en el celular.

 

En su declaración la víctima ubicó a la mujer al momento del secuestro y en la vivienda donde lo tuvieron cautivo. Contó que viajaron unos 15 minutos, lo bajaron en una zona de villa de emergencia y lo metieron en una casa de material precaria. Escuchó perros, las voces de niños y cumbia a alto volumen. Dijo que al sacarlo de la casa lo subieron a otro auto, esta vez eran todos hombres. Le decían que lo matarían hasta que pararon y lo empujaron del auto con la consigna que no mire para atrás.

 

Para la jueza, J. es responsable del secuestro del joven chino. La magistrada tomó en cuenta las declaraciones de la madre del joven y de la víctima a lo que sumó el contenido de conversaciones telefónicas entre los acusados, las que fueron captadas en tiempo real. También el secuestro de las pertenencias de la víctima en la casa de la adolescente.

 

Pero la defensa y el asesor de menores apelaron la decisión. Este fallo fue revisado el viernes pasado por los camaristas Carlos Carbone, en la presidencia, Daniel Acosta y Gustavo Salvador. El planteo buscó la revocación de la decisión al entender que los autores del hecho ya están condenados.

 

La defensora Estrella Galán se quejó del poder de interpretación de la policía al tomarle declaración a la madre de la víctima y el testimonio del joven secuestrado. Mientras que el asesor de menores Daniel Papalardo aseguró que el 50 por ciento de la prueba recabada por la policía que se usó en el fallo fue descartada por la primera jueza al considerarla inválida.

 

Dijo que esos elementos fueron reincorporados por la Cámara Penal. Afirmó que este nuevo fallo vulnera el derecho de defensa y el principio por el que no se pude juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Por su parte, el fiscal Guillermo Corbella pidió la confirmación de la resolución, que ahora quedó en manos de Carbone, Acosta y Salvador, quienes dispusieron un cuarto intermedio para decidir la suerte procesal de la joven.

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