Sociedad
19-09-2018
La madre de la desgracia
Un niño de tres años murió a golpes y su joven mamá quedó imputada por la fiscalía por homicidio calificado. Al padrastro, que también estaba implicado, se lo encontró ahorcado en su celda.
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Carina Ortiz

Tenía tres años y vivía en una humilde casa de la localidad de Santo Tomé con su madre, su hermana más pequeña y su padrastro. El viernes 7 de septiembre fue sometido a una feroz paliza que lo dejó hospitalizado. Su mamá contó en un primer momento que el niño se cayó de una moto pero un familiar que estaba en el lugar señaló al padrastro y a la mujer como responsables del ataque. Jorgito, como se llamaba, luchó por su vida, al igual que el plantel médico del hospital de niños de Santa Fe que lo atendió, pero no lograron que superara las lesiones sufridas.

Se constató que la víctima tenía cincuenta y seis lesiones en el cuerpo, diecinueve de ellas en la cabeza, dos o tres de vieja data. El domingo su madre fue imputada por el homicidio, mientras su padrastro estaba prófugo. Dos días después lo encontraron cerca de la casa familiar. El lunes siguiente al crimen lo imputaron por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Esa misma noche se lo encontró ahorcado en su celda. Finalmente se discutió un encierro preventivo para la joven madre y el juez Gustavo Urdiales dictó su prisión preventiva.

Cerca de las 17 de aquel fatídico viernes Florencia Z. tomó un remis en la puerta de su casa ubicada en República de Chile al 4100 de la localidad de Santo Tomé. Llevaba al pequeño Jorge en brazos. Le pidió al remisero ir al Samco local mientras le contaba que el niño se había caído de una moto. Pero al ver a Jorgito el chófer le aconsejó ir directamente al hospital de Niños Orlando Alassia en la capital santafesina y la mujer accedió.

Desde el nosocomio dieron aviso a la comisaría. Explicaron que el niño ingresó lesionado, víctima de una agresión física. Mientras, un familiar del chico que presenció el ataque, se acercó a la subcomisaría 15° y denunció el hecho. El familiar contó que la víctima fue sometida a golpes por la madre y su concubino, dijo que no era la primera vez. Contó que evitó denunciar en otras oportunidades por temor a las reacciones violentas del hombre pero que esta vez vio muy mal al niño y se animó.

Jorgito fue internado en grave estado. La madre de 20 años ya no pudo mantener la versión original. Sus dichos se cruzaron con los del familiar que radicó la denuncia. Esta persona contó que mientras Carlos Alberto P. de 26 años le daba patadas y piñas, la madre le pegaba con la hebilla de un cinto para que se quedara sentado. Estos golpes le provocaron severos traumatismos especialmente en la zona de la cabeza y el cuello. Golpes que algunas horas después lo llevaron a la muerte.

La autopsia determinó que Jorgito murió por un shock hipovolémico hemorrágico como consecuencia de un conjunto lesional. “Se constataron cincuenta y nueve lesiones, diecinueve de ellas en la cabeza. Dos o tres de vieja data”, explicó el informe. Además, comprobaron escoriaciones y heridas contuso cortantes. El niño tenía el tabique fracturado y el hígado lacerado. En la casa se secuestró un cinto presuntamente utilizado en la golpizas, algunos palos y una máscara que el hombre usaba para asustar a los niños, también había manchas de sangre en la habitación dónde le dieron la paliza.

El remisero contó que llevó al chico golpeado, inconsciente y casi sin respiración. Mientras que otro familiar dijo que la hermanita de Jorgito le avisó que el niño estaba tirado en el piso mientras su madre tomaba mates y el padrastro huyó del lugar.

Florencia Z. fue detenida e imputada por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento el domingo 9 de septiembre. En su declaración dijo que los golpes fueron propinados por su pareja que le decía que no se metiera. Para su defensa, a cargo de Javier Casco del Servicio Público de la Defensa provincial, no está probada su participación en el hecho. Dijo que su defendida está involucrada en el hecho por el testimonio de la persona que radicó la denuncia, que es la única que la involucra. Aseguró que se contradice con una declaración anterior donde solo habló del hombre como el autor de los golpes. Mientras que los fiscales, Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, dijeron que si bien en principio sólo nombra al padrastro, inmediatamente después declara en forma detallada y cuenta que la mujer también lo golpeaba con la hebilla del cinto para que se quedara quieto.

Carlos Alberto P. fue detenido ese mismo domingo por la policía. El lunes lo imputaron por el mismo delito que a su pareja, ilícito que conlleva la pena de prisión perpetua. Tras la audiencia fue derivado a una celda de aislamiento en la cárcel de Coronda, dónde según afirmó un representante del Servicio Penitenciario no quiso recibir atención psicológica, poco después lo encontraron ahorcado en su celda.

Con la muerte del padrastro la acción penal continúa solo contra la madre del niño, que el miércoles pasado fue sometida a una audiencia de medida cautelar. En ella el juez Urdiales dispuso la prisión preventiva de la imputada y recientemente se conocieron los fundamentos que justificaron la medida.

Para el juez existió un designio común entre los imputados, lo que implicó darle una feroz paliza al niño con la “seria representación y por lo tanto la intención de causar su muerte”, habló de “una división de tareas que se plasma además en la actitud de la imputada en disimular la golpiza, como si no pasara nada”, explicó.

El magistrado concluyó que el relato de la persona denunciante se ve fortalecido con los objetos secuestrados en la casa, la autopsia y el testimonio de otro familiar que también presenció parte del hecho. No existe la posibilidad que la imputada no se representara que el niño moriría con semejante golpiza, afirmó el juez. Urdiales tomó en cuenta la intensidad y número de golpes. Entendió que su intensión de ayudar a la víctima cuando lo vio inconsciente estuvo más vinculada a un impulso por tratar de disimular la situación y encubrir su conducta y la de su pareja que ayudar al niño, explicó al evaluar la apariencia de responsabilidad.

Para Urdiales la imputación no resulta irrazonable en esta primera etapa de la investigación y será tarea de la Fiscalía acreditar o descartar los agravantes (es decir, la alevosía y el ensañamiento), expresó en su decisión. Además el juez valoró la sanción que trae implícita este delito –conlleva una condena de prisión perpetua en caso de condena– y la posibilidad de un entorpecimiento probatorio, ya que resta la producción de prueba, especialmente testimonial, que es importante para el caso.

El juez dictó la prisión preventiva para la mujer y ordenó a pedido de la defensa asistencia psicológica y la aplicación de medidas de seguridad para resguardar la integridad física de la imputada.


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