Política
12-09-2018
Ni socio ni silencio

Con Lifschitz ausente de la reunión de gobernadores que trató de legitimar en Buenos Aires el ajuste a las provincias, Santa Fe se desvinculó de políticas que, según destacan en la Casa Gris, ya aplicaron Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo. Mientras, el mandatario provincial busca una compensación económica para enfrentar la eliminación de subsidios a energía y transporte, al fondo sojero y a obras nacionales anunciadas y nunca ejecutadas.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

El Gobierno Nacional necesita anticipar este año desembolsos que el FMI había comprometido para 2019, con el objetivo de blindar los desfasajes financieros que nunca lograron resolver y que en esta última etapa se acentuaron. Ni los más pesimistas de los dirigentes de Cambiemos previeron una crisis como la que se desató, al punto que acusaron al mercado de querer dar un golpe.

 

Pedalear en el aire es un problema grave en política, más aún cuando gran parte del equipo de gobierno del Presidente de la Nación se formó o trabajó hasta no hace poco en bancos internacionales que fueron los principales compradores de dólares en las últimas semanas. Paso siguiente, la Casa Rosada prefirió dejar la victimización y pasar a la negociación política.

 

Antes recortó el fondo sojero, subsidios al transporte y la energía, reinstaló retenciones fijas y empezó a explorar otros ajustes en el gasto nacional. Ahí se inscribe la discusión con los gobernadores por el presupuesto nacional 2019: Nación quiere achicar y Santa Fe prefiere que aumente la base imponible para, entre otras cosas, los que tienen bienes en el exterior paguen más impuestos.

 

Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya mostraron las cartas sobre la mesa. Hay una serie de recursos discrecionales que se envían a las provincias que pueden sufrir recortes y los distritos más pequeños del país lo sufren por su dependencia fiscal y política. En el caso de Santa Fe, hay ventajas comparativas y una acreencia: la deuda por coparticipación.

 

Ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó algunos de los números gruesos que tendrá el Presupuesto 2019, en el que el Gobierno Nacional prevé que el dólar termine a 42 pesos y la inflación en 23%. El año pasado habían escrito en el Presupuesto que la inflación en 2018 iba a ser de 15,7% y la moneda norteamericana no llegaría a 20 pesos.

 

Esta vez dicen que no mienten y aseguran que tampoco le van a errar como hasta ahora. Desde ese lugar piden mayor confianza a representantes políticos de distintos partidos, mayormente justicialistas, a los que les están anunciando un traspaso de responsabilidades económicas en materia de obras, transporte y energía. Licuar el costo político es una necesidad manifiesta.

 

En el caso de Santa Fe, ni siquiera le cumplieron el punto del Consenso Fiscal donde Nación se compromete a pagar la deuda por coparticipación. Esa deuda quedó totalmente desactualizada por el impacto inflacionario y ni así hubo una propuesta formal de la Nación. Compensar a la provincia por el no traspaso de la Caja de Jubilaciones es otro asunto donde Santa Fe siempre pierde.

 

De Alsogaray a Cavallo

 

El vicegobernador Carlos Fascendini envió en las últimas horas una nota de la Cámara de Senadores de la provincia a diputados y senadores nacionales que representan a Santa Fe para solicitarles que defiendan a los santafesinos de los recortes de subsidios y obras que aplica Nación. El planteo es un proyecto de Declaración aprobado por 18 de los 19 representantes departamentales.


Quien no adhirió fue el senador por Iriondo, Hugo Rasetto, que es el único radical que trabaja dentro del esquema de Cambiemos. “Se perjudica a la provincia de Santa Fe en el orden de los 5.000 millones de pesos, según estimaciones de las autoridades económicas locales, sumándole a ello la eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesto días atrás”.

 

Más allá de esa postura institucional, Fascendini hizo declaraciones públicas donde remarcó que los radicales macristas santafesinos tienen “fecha de vencimiento” y que muchos de ellos optaron por irse a Cambiemos con la sola finalidad de cumplir objetivos personales electorales. Un claro tiro por elevación hacia el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral.

 

El vicegobernador también indicó que el Gobierno Nacional dejó a la economía y a la ciudadanía en una situación de “debacle” y fue más duro cuando advirtió que esas mismas políticas ya las vio en los programas económicos de Álvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, José Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Además dijo que los radicales macristas le dan “vergüenza ajena”.

 

Antes, el gobernador Miguel Lifschitz ya había plantado bandera cuando señaló que la provincia no va a ser socio en el ajuste que intenta aplicar la Nación. Santa Fe busca una compensación económica para hacer frente a la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte, al fondo sojero y a las obras nacionales que fueron anunciadas y nunca avanzaron.

 

Una idea de Lifschitz, que el ministro de Economía Gonzalo Saglione elevó en Nación para que se analice, es grabar hasta un 1% el impuesto a los activos en el exterior y así no depositar todo el peso del ajuste en subsidios, transferencias directas a provincias, recortes de beneficios sociales y en infraestructura. El gesto político del gobernador molestó mucho en Cambiemos.

 

Algunos dirigentes amarillos dejaron entrever que la postura del mandatario santafesino tiene por finalidad posicionarse electoralmente de cara al año que viene, como posible presidenciable, ya que el PRO no acompañó en Santa Fe la reforma constitucional con reelección. En la Casa Gris desmienten esa afirmación y señalan que está en juego la paz social.

 

Flan no, hachazo sí

 

La modificación del sistema de movilidad jubilatoria por el actual modelo de ajuste según inflación, según estimaciones, oscilaría los 100 mil millones de pesos menos en salarios para jubilados nacionales durante 2018. Un dato concreto: entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año los jubilados percibieron un aumento del 19,2% al pasar la mínima de $7.246,64 a $8.637,13.

 

En el mismo período la inflación interanual será, si se confirman las previsiones que la ubican en 4% para agosto, del 32%. O sea, un 13% más alta que la actualización salarial que recibieron los pasivos nacionales. Es decir, el ajuste que ahora padecen más claramente las provincias, los municipios y las comunas hace un tiempo largo tiene entre los más viejos a los más perjudicados.

 

La nueva fórmula para calcular los salarios de las jubilaciones nacionales prevé que el 70% depende de la variación del IPC y el 30% restante de la variación de la remuneración imponible de los trabajadores estatales (Ripte). Legisladores santafesinos del PRO y de la UCR amarilla argumentaron que al incluir la inflación en el cálculo los jubilados no perderían poder adquisitivo.

 

Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya es posible calcular la movilidad de las jubilaciones para el último trimestre de este año, que será del 7,79% en diciembre. Ese porcentaje, sumado a las subas del 5,71% en marzo, 5,69% en junio y 6,68% en septiembre dan total del 28,47% para el período marzo 2018-marzo 2019.

 

La inflación del año será bastante mayor al 28,47%: entonces cabe preguntarse qué falló en la fórmula para que la inflación real sea compensada con aumentos equivalentes. Esto se debe a que la fórmula ajusta por una inflación rezagada seis meses, lo que significa que en un contexto inflacionario las jubilaciones no logran recuperar el poder de compra perdido.

 

Este panorama sirve de contexto para explicar lo que se viene: tarifas de energía más caras (luz y gas principalmente), boletos de colectivo que tendrán un precio un 80% más alto, falta de obras públicas anunciadas por Nación y ahora demoradas u olvidadas y una situación financiera de municipios y comunas que perjudicará mucho más al interior profundo.

 

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