Política
05-09-2018
Depredador

En algo más de dos años y medio de gestión, Cambiemos quitó subsidios y se dispararon las tarifas, no pudieron contener la inflación ni el déficit, el dólar se disparó más de un 150 por ciento, los salarios perdieron poder adquisitivo, los negocios venden menos, hay más importaciones que exportaciones y el desempleo  agita el contexto social. Santa Fe, otra vez perjudicada.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

El gobierno de Mauricio Macri resolvió implementar un duro ajuste con el objetivo de adelantar el financiamiento del FMI. La moneda de cambio fue acelerar su política de déficit cero mediante un combo de medidas fiscales y de ajuste. Reducción del gasto de capital (obras) y de gastos corrientes, recortes en subsidios para los sectores populares (transporte y energía) y de remuneraciones.

 

A su vez, suspendieron la reducción del Mínimo No Imponible en aportes patronales y reimplantaron retenciones para todo el sector exportador. Ahora bien, a Santa Fe el Estado nacional le debe 50 mil millones de pesos (sin actualizar desde la megadevaluación) por el juicio por coparticipación que ganó en la Corte Suprema y el compromiso firmado por Macri era pagarlo en marzo.

 

La rúbrica del Presidente fue para que Santa Fe se sume al Consenso Fiscal y, de paso, la provincia recuperaba ese activo. Sin embargo, Nación no cumplió con su parte y en vista a la situación que atraviesa el país parece una fantasía conseguir semejante volumen de recursos. De hecho, el gobierno de Miguel Lifschitz aceptó cobrar una parte con títulos pero ajustables a la inflación.

 

La Casa Rosada no aceptó el pedido del gobernador y calculó en 33 mil millones de pesos la deuda, por lo tanto no hay acuerdo. El PRO (Federico Angelini) y los radicales amarillos (José Corral) justifican ese incumplimiento en el contexto de crisis que vive la Argentina y a pesar de la existencia de un fallo judicial del máximo tribunal del país que obliga pagar a la Nación.

 

Ahora se viene otro golpe duro: la quita de subsidios a tarifas sociales que decidió Mauricio Macri provocará una suba en la luz, el gas y el colectivo a los sectores más vulnerables de la provincia de Santa Fe. El recorte oscila entre los 4.900 y 5.500 millones de pesos, que tendrán que salir de los bolsillos de los vecinos con la consecuente carga inflacionaria y caída del consumo.

 

Se trata de un círculo vicioso. Y de un pasamanos de recursos para contener el malestar social de desocupados y jubilados, ya que habrá aportes únicos de 1.200 pesos a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y se respetará la movilidad jubilatoria. En definitiva, lo que ingresa excepcionalmente también se irá por un tubo por imperio de los mayores precios relativos.

 

Manos de tijeras

 

¿Cuál es el impacto del ajuste en la provincia de Santa Fe? El trazo fino de ese análisis está siendo relevado por el gobierno de Miguel Lifschitz, pero con los anuncios del presidente Macri y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya hay indicios de una larga temporada de achicamiento de las prestaciones nacionales. Menos elíptica, Elisa Carrió dijo que “vamos a vivir seis meses difíciles”.

 

En primer lugar, en Santa Fe saben que la retracción del Estado nacional en el territorio implicará una mayor presión sobre el gobierno provincial en el mediano plazo y sobre su presupuesto en lo inmediato. La alternativa de compartir el costo político del ajuste con las provincias seduce sobremanera al macrismo y van a tratar de explotarlo en el camino hacia el proceso electoral de 2019.

 

En términos concretos, con la decisión de Mauricio Macri los santafesinos perdieron 2.940 millones de pesos que se entregaban para subsidiar al transporte de colectivos. Así las cosas, desde el 1 de enero de 2019 los usuarios deberán pagar boletos muchos más caros y eso también provocará otra escalada inflacionaria que impacta de lleno a los sectores populares.

 

Hasta ahora el sistema de subsidios al transporte tenía 2.940 millones de pesos divididos de la siguiente manera: 1.920 millones eran compensaciones a la provincia para financiar la paritaria del sector, 480 millones provenientes del impuesto a los combustibles como parte del Sistema de Transporte Automotor (Sistau) y los 540 millones restantes destinados a gastos de combustibles.

 

De esos 540 millones de pesos (equivalente 60 millones de litros de combustible a 9 pesos el litro, aproximadamente), el 40 por ciento se destina a líneas provinciales (755 colectivos) y el 60 por ciento restante a las líneas municipales (1.128 colectivos, conformados por 803 unidades en Rosario, 251 en Santa Fe y 57 en diversas localidades de la provincia).

 

En la actualidad el porcentaje de cobertura de los subsidios en el costo final del boleto es de 40 por ciento del costo total en líneas interurbanas provinciales y 45 por ciento del costo total en líneas urbanas (Rosario y Santa Fe). Con la eliminación de dicho porcentaje de subsidio, si se trasladaran los costos al boleto, directamente tendría un incremento del 80 y 90 por ciento.

 

Con la quita de subsidios a la energía pasa algo similar. La eliminación de la Tarifa Social Eléctrica implicará un recorte aproximado de 2.000 millones de pesos anuales a Santa Fe, según explicó la secretaria de Energía Verónica Geese. Ese beneficio abarca a 210 mil familias vulnerables de toda la provincia, que desde enero del próximo año tendrían otro tarifazo nacional.

 

Los santafesinos con Tarifa Social provincial (EPE) no serán perjudicados: jubilados con la mínima y vecinos que se incluyeron en diversos programas como Luz y Agua Segura y Plan Abre. Eso se cubre con recursos del Tesoro local, pero los santafesinos que tienen el subsidio nacional lo perderán. Lo dijo el Presidente de la Nación y lo confirmó el ministro nacional Nicolás Dujovne.

 

“Esperamos reunirnos con Nación y analizar esta situación (…) porque la aplicación de estos ajustes están haciendo inviables zonas de la Argentina y Santa Fe, ya que sabemos que hay lugares que necesitan sí o sí de refrigeración durante varios meses del año y eso no se puede reducir porque no se puede vivir de otro modo”, indicó Verónica Geese.

 

Todo al revés

 

Entre los múltiples errores del macrismo está el haber liberado que los fondos de inversión internacionales puedan operar libremente en el mercado local, al punto de comprar Lebacs a mansalva con rendimientos en dólares que son inéditos en el mundo. Esa especulación dejó aún más endeble al sistema y ahora las correcciones (ajuste) recaen sobre el grueso de la ciudadanía.

 

Las equivocaciones del mejor equipo de los últimos 50 años –posreducción a la mitad el gabinete– también acentuaron los problemas estructurales del país, como la primarización de la economía; los industriales santafesinos lo dijeron con todas las letras. Uno de los que argumentó esto fue el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín.

 

“Mercado interno en baja o sin crecimiento, drástico ajuste en las tarifas, altísima presión tributaria, elevada inflación, exorbitantes tasas de interés, importaciones sin control y ausencia del crédito productivo. (…) Porque hay que decirlo con todas las letras: estamos transitando por un lento y sostenido exterminio industrial”, recalcó el dirigente empresarial.


El déficit mellizo, de balanza de pagos y presupuesto, fue otro de los asuntos que en lugar de atemperarse se pronunciaron desde 2016 a la fecha. Por su parte, preocupado por no tener previsibilidad, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, dijo sin medias tintas: “Se nos hace difícil saber qué va a pasar el mes próximo”.


No menos gravosa fue la decisión de pensar a la crisis (inflación + devaluación + incipiente recesión) y solución desde una perspectiva netamente monetarista. El fracaso fue rotundo, incluso economistas muy vinculados con el macrismo dejaron en claro que esa política era inconducente. La mínima crítica pasó por culpar al jefe de Gabinete Marcos Peñas, que igual maneja los medios y redes.


En tanto, esos mismos sectores invitados a jugar en el sistema financiero argentino salieron a comprar dólares como pocas veces en los últimos días y así se produjo la corrida. Además, tuvieron que volver a implementar retenciones y suspender algunas rebajas fiscales con el objetivo de no seguir desfinanciando las arcas del Estado. Para la previsibilidad, un golpe duro; para la gente, peor.


Sin capacidad de reacción inmediata, sin plan B, la respuesta del lunes del presidente Macri se inscribió en dos grandes montajes: por un lado, le echó la culpa de casi todo al contexto internacional, la herencia recibida y los cuadernos Gloria, y con ello llegaron las justificaciones; por otro lado, después de hablarle a sus propios electores y medios afines, se presentó el ajuste real y concreto.


Recortes en políticas públicas (menos estructura ministerial), lo que además ya significó la expulsión de trabajadores estatales; eliminación de subsidios al transporte y a la energía; reinstalación del derecho de exportación con una tarifa plana de entre 3 y 4 pesos por dólar (sin importar el valor al que la moneda extranjera llegue); y menos inversiones en gastos de capital: obras.


Lejos, muy lejos, quedaron aquellas promesas de campaña de Mauricio Macri y sus dirigentes santafesinos donde manifestaban que la inflación se iba a resolver fácil y sin ajuste; que no se iba a devaluar, ni recurrir al Fondo Monetario Internacional, ni generar tarifazos; tampoco que iba a haber despidos en el Estado ni recortes en educación, salud y trabajo. Todo al revés y sin solución.

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