Sociedad
22-08-2018
Los que no le pagan el sueldo a los empleados públicos

Mientras crece un conflicto cercano por el que los pequeños comerciantes ven en los gastos de salud pública una amenaza a sus bolsillos, las grandes empresas evaden sumas millonarias en impuestos que terminan abonando trabajadores y monotributistas. El dinero que fuga el reducido grupo de empresas que gobierna el mercado representa 5 puntos del PBI argentino.

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Pablo Makovsky | Cruz del Sur

 

La inmensa mayoría de los argentinos paga en impuestos lo que evaden las grandes empresas radicadas en la ciudad, la provincia y la nación. Según datos que ya tienen casi dos años –la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tiene esos números detenidos en el año 2016, cuando el dólar no había superado aún los 20 pesos–, la evasión impositiva de las empresas que más facturan en Argentina llega a unos 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI: lo que Argentina produce en un año): los 25 mil millones de dólares que se ahorran en impuestos las firmas más grandes del país deben ponerlos los kiosqueros que graznan por su carga impositiva y llegan a pensar que hay demasiados empleados públicos.

 

Ciertos medios nacionales comenzaron a fogonear desde hace tiempo lo que podríamos llamar “conflicto de cercanía”: el comerciante de barrio siente que paga demasiado por impuestos que, según la fantasmagoría que se agita a nivel oficial, van a parar a los abultados bolsillos de empleados públicos o a la atención médica que reciben bolivianos o senegaleses en dispensarios públicos.

 

En 2016 –de acuerdo a la organización Tax Justice Network, la misma que reveló en 2012 que un puñado de argentinos (muchos de los cuales hoy gobiernan el país) mantienen en paraísos fiscales poco menos de un PBI: 400 mil millones de dólares– el estado argentino perdió 21.406 millones de dólares por maniobras de evasión impositiva, lo que representa alrededor del 4,4% del PBI.

 

“Si los grandes pagaran lo que deben pagar por ganancias no deberían existir ni los monotributistas ni las mismas retenciones: tuvieron que aplicar retenciones porque los productores de soja no pagan impuesto a las ganancias. Al impuesto a las ganancias lo paga la mitad de la gente a la que le corresponde pagarlo. Ahí está el desequilibrio”, nos dice el economista especializado en finanzas Federico Fiscella.

 

El año pasado, los investigadores Alex Cobham, director Ejecutivo de Tax Justice, y Petr Janský, economista de la Universidad Carolina de Praga, elaboraron un informe en el que señalan que durante 2016, a nivel mundial, las grandes compañías multinacionales evadieron más de 500.000 millones de dólares en cada uno de los países donde operan, con maniobras de ‘profit shifting’, un mecanismo que consiste en ocultar las ganancias que obtienen por su operación en países con alta presión tributaria e imputarlas en subsidiarias radicadas en paraísos fiscales o distritos con menores cargas impositivas.

 

Desde Tax Justice elaboraron un ránking en el que Argentina aparece en 2016 en el quinto escalón global entre los 102 países comprendidos por los investigadores, rodeada de las principales potencias económicas del planeta. El primer lugar corresponde a los Estados Unidos, donde la evasión el año pasado fue estimada 188.830 millones de dólares, una cifra que equivale al 1,13% de su PBI.


Del otro lado del charco

 

Hace once años, en julio de 2007, cuando promediaba el gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez en Uruguay, se lanzó una reforma tributaria bajo el lema “los que más tienen deben pagar más”. Además de una casi imperceptible baja del IVA (del 23 al 22 por ciento), el cambio de política impositiva eliminó el IRP (una renta que por década pagaron por igual todos los uruguayos) para más de un 80 por ciento de la población.

 

“En materia de eficiencia –declaró a un periodista de Cronicas.com.uy hace unos días Danilo Astori, entonces y ahora ministro de Economía oriental– el gobierno entendió, cuando hicimos la reforma, que Uruguay necesitaba eliminar unos cuantos de los impuestos, siempre en línea con el objetivo de la equidad, y lo hicimos. Hubo una importante cantidad de tributos nacionales que dejaron de existir y esto tiene que ver con la eficacia de la administración tributaria”. En total, Uruguay eliminó 14 impuestos de baja recaudación, entre ellos el Cofis, que tuvo como resultado la reducción de los impuestos al consumo.

 

La reforma tributaria uruguaya generó un aumento considerable en la recaudación. Según datos aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a periodistas del sitio Crónicas, entre 2008 y 2016, la recaudación de la Dirección General Impositiva aumentó en 34% en términos reales. “También el PBI creció en esa proporción –dijo Astori–, lo que explica que la recaudación medida como porcentaje del PBI se haya mantenido estable en torno a un 19 por ciento”.

 

Renta a lo bruto

 

A principios de este año la Bolsa de Comercio rosarina dio a conocer las cifras récord de exportaciones de Cargill, en Punta Alvear: la empresa tuvo en 2017 una rentabilidad neta de 324.000 mil dólares por hora y 5.403 por minuto. “Hay pocas compañías en el mundo con este extraordinario margen de ganancia”, señalaba el periodista de RosarioPlus.com que relevó esas cifras que se hicieron públicas al tiempo que la empresa anunciaba el despido de 50 trabajadores.


Pese a las gigantescas y excepcionales ganancias, Cargill, lo mismo que el resto de las empresas que exportan cereales en la región, no pagan Ingresos Brutos, como sí lo hace la gran mayoría de los monotributistas que perciben una renta que raras veces puede calificarse de excepcional.

 

En total hay 12 empresas sobre la ribera del río Paraná que a partir de distintos pactos fiscales están eximidos de pagar Ingresos Brutos. En los últimos años, estas firmas facturaron un promedio total de 250.000 millones de pesos, según relevaron los legisladores Carlos Del Frade y Mercedes Meier, quienes presentaron un proyecto para gravar con el impuesto a Ingresos Brutos a las exportadoras asentadas en la provincia. El proyecto aún duerme en la legislatura santafesina.

 

El borrador del proyecto que firmaron Del Frade y Meier solicita crear un artículo para “gravar con el Impuesto a los Ingresos Brutos, con una alícuota del 4.50 por ciento, a las exportadoras de cereal ubicadas en la provincia de Santa Fe que superan los 80 millones de pesos de facturación anual”.

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