Economía
08-08-2018
Bolsillos flacos, comercios jaqueados
El consumo sigue a la baja y los comercios y pequeñas empresas de la región acusan el impacto, que se suma al incremento de las tarifas y los insumos. Sólo en la industria alimentaria se perdieron 2.300 puestos de trabajo en los últimos dos años. El mes pasado, las familias rosarinas necesitaron 32.500 pesos para vivir.
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Suben los precios, se desploma el consumo y el desempleo comienza a instalarse como una de las principales preocupaciones para los argentinos. Este negro panorama gestado por las políticas macroeconómicas el gobierno de la alianza Cambiemos y que se agudizó con la fortísima devaluación del peso, se exponen mes a mes en los diagnósticos de las entidades que nuclean a las pymes comerciales e industriales, que son las que más sienten el impacto de la retracción del consumo interno y la pérdida del salario del los trabajadores. Del último relevamiento informado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac)  se desprende que una familia rosarina necesitó en julio 32.500 pesos para cubrir las necesidades que contempla la canasta básica. La entidad de usuarios y consumidores apuntó que eso implica un 2,53 % de aumento con respecto a Junio y que los mayores aumentos se dieron en servicios, aunque los alimentos siguen elevando sus precios de manera sostenida y preocupante.

El titular de la entidad, Juan Marcos Aviano, analizó: “Arrancamos el segundo semestre con nuevas y  malas noticias para el usuario y consumidor. A los ya acostumbrados incrementos tarifarios vuelven a sumarse fuertes aumentos en los alimentos encareciéndose sólo este rubro $300 en Julio con respecto a Junio”. En la región, entidades como la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo) se manifestaron en alerta por la caída del consumo minorista en todos sus rubros y cargaron contra los tarifazos, uno de los factores que más inciden en la dificultad para sostener la actividad. En un comunicado, la federación calificó a estos incrementos en los servicios esenciales como “un golpe muy duro al bolsillo de las pymes, muchas de las cuales están en situación terminal”. Al margen de la dura carga que los tarifazos representan para los comerciantes, subrayaron que, en los bolsillos de los consumidores tiene un efecto notorio: “provocan una disminución importante no sólo en su capacidad de compra sino también en las posibilidades de pago de compromisos asumidos con anterioridad”, explicaron.

Una mano del Estado local

El lunes pasado la intendenta de Rosario, Mónica Fein, junto a su Gabinete Económico y Productivo, anunció una serie de medidas para sostener la actividad económica y el empleo en el marco de la complicada coyuntura nacional. Las mismas contemplan la prórroga automática por un año de las habilitaciones municipales de aquellos comercios o empresas cuyo vencimiento opere en 2018, y el desarrollo de una plataforma digital para agilizar los trámites referidos a todo el ciclo de vida de los locales, lo que actuará como ventanilla única electrónica para la concreción de dichas gestiones de forma totalmente virtual. “Ha caído la industria, cae el sector comercial, se marca una caída de la construcción. Nosotros no podemos determinar la macroeconomía, no tenemos créditos, pero sí podemos tomar decisiones para acompañar y evitar que el municipio les exija trámites administrativos que no son urgentes para seguir funcionando”, consideró la mandataria. “La ciudad tiene cerca de 37 mil comercios y empresas y entendemos que podemos facilitarles acciones prorrogándoles las habilitaciones por 365 días”, amplió.

Asimismo, la intendenta anticipó que en el marco del denominado programa especial de Apoyo a la Actividad Económica y el Empleo comenzará un proceso de reingeniería de los trámites que deberá estar finalizado antes de fin de año para que todo sea más en línea y menos presencial. “Con esto buscamos acompañar a las fuerzas productivas de la ciudad en este momento complicado de la actividad económica, donde el financiamiento también se ha dificultado. Queremos que el comercio siga abierto, empleando trabajadores, sosteniendo familias y si es una pequeña o mediana empresa que siga prestando actividad económica en la ciudad”, expresó.

Combo letal para la cadena de los alimentos

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda aportó datos contundentes sobre el crítico escenario que padece un sector clave como lo es la industria alimentaria: en los últimos dos años se perdieron 2.300 puestos de trabajo en ese rubro y la capacidad instalada es del 63 por ciento, la más baja desde 2001. La retracción en el consumo, la suba del dólar y los insumos y el ingreso de productos importados explican el duro presente. “Este retroceso no sólo genera problemas coyunturales sino también para el largo plazo. La fábrica sin producir pierde habilidades y limita las posibilidad de desarrollo de una sociedad”, señalan en el informe. El documento registró caídas importantes en el consumo real de alimentos centrales para la canasta básica. Lácteos bajó 4,8 por ciento en el primer semestre respecto del mismo período del año pasado y acumula una caída del 22,9 por ciento contra 2015. En el caso de verduras y frutas, la baja fue de 4,5 y 15,9 por ciento, respectivamente, mientras que en carnes fue de 2,5 y 15,9 por ciento y en panadería, de 2,6 y 13,1. “Las caídas en la producción, las ventas y el consumo implicaron que en 2018 haya menos puestos de trabajo en la industria de alimentos, una situación que se suma a la caída en la capacidad de compra de los asalariados del sector”, indicaron en la Undav. Precisaron que “el camino elegido por el Gobierno para convertirse en el supermercado del mundo no fue el correcto. La caída de la actividad, el aumento de los precios de los alimentos, la retracción del consumo son muestras del fracaso de las medidas aplicadas, las cuales sólo beneficiaron a un pequeño grupo de propietarios en detrimento de la industria nacional y las mayorías”.La pérdida de puestos de trabajo se aceleró este año aunque ya venía observándose en períodos anteriores.

“El rubro que tuvo la mayor pérdida fue la producción y el procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (-1456 puestos), seguido por la fabricación de productos lácteos (-490 puestos) y elaboración de bebidas (-350 puestos)”, indicó la Undav. En su relevamiento computó una suba de 87,7 por ciento en el precio de la harina durante el primer semestre, seguido por el 35,9 por ciento en pan francés, 39,9 en fideos, 34,2 en arroz, 50,2 en huevos, 21,2 en paleta y 26,6 en aceite de girasol. La fuerte devaluación a partir de abril fue un factor clave del salto de los precios de alimentos. Estos productos son transables (es decir, pueden exportarse) y, cuando no hay impuestos a la exportación, tienden a fijar sus precios en el mercado interno en base al dólar. En la Undav criticaron el rumbo de la política económica por su falta de efectividad. “Desde el Poder Ejecutivo suponían que la eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones de granos y soja se traducirían en más materias primas para transformar en el país”, indicaron. Agregaron que “pasados dos años y medio de gestión, los resultados de la industria alimenticia contradicen ese supuesto. La industria en general atraviesa una grave crisis y los productores de alimentos no se encuentran ajenos a esa realidad”.


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