Sociedad
01-08-2018
Monos, más tiros, y más cruces entre Justicia y Ejecutivo

La nueva intimidación vinculada con el clan Cantero, esta vez contra la magistrada Marisol Usandizaga, desató un enérgico pedido de seguridad por parte de los jueces y una réplica por parte del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. En el medio, tensa audiencia de habeas corpus y la Corte Suprema contra la ley de Narcomenudeo.

 

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Alberto Carpintero |Cruz del Sur


Una nueva intimidación vinculada con funcionarios que intervinieron en el caso Los Monos volvió a causar estupor y, por supuesto, nuevos choques entre la Justicia y el Ejecutivo a partir de la seguridad que reclaman los magistrados: en la noche del jueves y madrugada del viernes sendos ataques armados sobre edificaciones que habían pertenecido a la jueza que integró el tribunal que condenó al clan Cantero Marisol Usandizaga, hija del ex intendente de Rosario, dejaron sólo daños materiales, tal como ocurrió en los casos anteriores, cuando los blancos fueron no sólo jueces sino también policías. En ese marco el Colegio de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura cargaron duro contra las fuerzas de seguridad locales y el gobierno. Les contestó vía Twitter el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en una referencia a la habitual prédica de los integrantes del Poder Judicial de colocarse fuera de la problemática que atañe al sistema penal: “Todos, incluido los magistrados, somos responsables de la seguridad de los que de una u otra manera sufrimos amenazas por combatir a las mafias”. En este ambiente enrarecido, el Senado dio media sanción a la ley de Narcomenudeo y el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, tiró fuerte para el caso de que el proyecto se apruebe: “Yo personalmente les plantearé a mis colegas de la Corte que esta ley no entre en funcionamiento hasta que no tengamos los medios necesarios”.

 

Los ataques en Zeballos al 2500 y Dorrego al 1600, en inmuebles que habían pertenecido a la familia Usandizaga, se sumaron a los ya padecidos en viviendas que habían estado vinculadas con los jueces Ismael Manfrín, quien encabezó el tribunal que condenó a Los Monos por asociación ilícita y a la vez integró otro que absolvió a los imputados de matar a Claudio “Pájaro” Cantero, y Juan Carlos Vienna, quien instruyó el caso. A ellos se suman balaceras relacionadas con los policías de la ex Brigada Operativa de la División Judiciales Luis Quevertoque y Ariel Lotito, quienes llevaron el peso de aquella pesquisa. En casi todas se usaron pistolas 9 milímetros y motos. Sólo en una balacera el gatillero utilizó una calibre 40 y al menos en otro de los ataques los tiradores iban en auto. Para el diputado provincial Carlos del Frade la elección de los blancos demuestra una capacidad de inteligencia que sólo pueden llevar adelante uniformados. Este lunes, el ministro Pullaro dijo que la pesquisa que lleva adelante la fiscal Natalia Benvenutto tiene pistas sobre los autores: “Vamos a encontrar a los responsables, hay importantes investigaciones que están avanzando, no puedo dar detalles”. Si bien la hipótesis principal apunta al clan Cantero, no se descartan otras puntas.

 

Magistrados

 

Pasado el fin de semana, el Colegio de Magistrados sentó postura a través de su titular, Gustavo Salvador, quien se mostró cauto pero firme al señalar al Ejecutivo luego de admitir que el avance de la investigación es escaso: “No podemos seguir tolerando este nivel de amedrentamiento e intimidación por hechos que no pueden ser resueltos y va más allá de la seguridad personal del magistrado”.

 

“Los jueces penales van a seguir cumpliendo su rol como lo hicieron hasta ahora. No hay ningún atisbo de miedo o temor de seguir adelante con el camino que se emprendió, de prestar el servicio de justicia”, añadió. Luego de haber sufrido la intimidación que alcanzó dos de sus ex domicilios el pasado 29 de mayo, el juez Manfrín se apartó de la pesquisa, lo que fue avalado por sus superiores. Esto desató críticas de la oposición.

 

 

Quien fue más vehemente fue el camarista Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, el que describió los ataques como “una provocación a todos los poderes del Estado”, y opinó que “no hay situaciones comparables en otros lugares” que contemplen “un plan de intimidación y amenaza de estas características”. Ariza dijo que es “la fuerza de seguridad provincial” la que debe tener “una determinación contundente para hacer cesar estos hechos”, aunque las fuerzas federales “tampoco están ausentes de lo que es este inconveniente”.

 

Recogió el guante el ministro Pullaro, quien en forma habitual lleva la voz cantante en las críticas a la Justicia. Pidió “seguir enfrentando a las organizaciones criminales” y también “apresar a los tiradores”, lo que puso la lupa en la Fiscalía, la que lleva adelante la pesquisa, incluso con fuerzas que no son provinciales.

 

“Todos podemos mejorar aún más, nosotros mejorando el servicio policial como venimos haciendo, y del otro lado revisando decisiones judiciales sobre detenciones domiciliarias y libertades transitorias, alojamiento de presos y cantidades de elementos que se ingresan a la cárcel”, dijo, al tiempo que pidió “más compromiso de algunos sectores de la justicia”.

 

El titular de Seguridad reiteró así su crítica a un supuesto garantismo judicial, que incluye choques entre poderes por quién define el lugar de alojamiento de los detenidos y por el tope de comida que pueden ingresar los familiares de los detenidos a las unidades penitenciarias, maniobra que serviría para ingresar otros objetos, como celulares. 

 

“Todo lo que decidimos para proteger a magistrados lo consensuamos con sus propios representantes, poniendo más de los recursos con los que contamos, con enormes esfuerzos para no resentir el servicio de seguridad para el resto de los ciudadanos que merecen la misma prioridad”, cerró vía Twitter Pullaro, haciendo público algo que en la calle y en las redes sociales es una constante: los ataques sobre viviendas no son una novedad en los barrios, incluso con víctimas fatales. Y poniendo el eje sobre la forma en que algunos funcionarios judiciales utilizan la custodia, muchas veces como si fuera un servicio de valet y cadetería.

 

Audiencia y narcomenudeo

 

La nueva intimidación se produjo en la víspera de que en la Cámara Penal se tramitara un habeas corpus interpuesto por Ariel “Guille” Cantero y Jorge “Ema” Chamorro ante la Cámara Penal, en este caso ante el juez José Luis Mascali. Ambos están condenados en el fuero provincial por asociación ilícita y homicidio y procesados ante la Justicia federal por narcotráfico en el caso Los Patrones. Su traslado a prisiones federales fuera de la provincia se efectivizó, ordenado por el Tribunal Oral Federal Nº 3, en la madrugada del 30 de mayo pasado, horas después de los ataques sobre ex viviendas de Manfrín.

 

En la audiencia, ambos responsabilizaron a Mascali por sus vidas en caso de no hacer lugar al pedido, lo que efectivamente sucedió este martes: el camarista denegó el pedido. También en la audiencia, por videoconferencia, Cantero responsabilizó al ministro Pullaro de manipular jueces y le achacó prometer seguridad a los magistrados que luego no pudo cumplir.

 

“Para mí no es agradable que un sicario, que está condenado por ser responsable de haber matado a una persona y por eso está condenado, haga una mención sobre mí en el juicio y que afirme que tengo incidencias en los jueces, no es agradable, ni saludable”, dijo, para completar: “Pero es una política de Estado, los tres poderes estamos juntos y no vamos a retroceder ante las amenazas y posibles amedrentamientos, los delincuentes que se creyeron dueños de la vida de muchas personas en un sector de Rosario tienen que estar detenidos”.

 

En este marco, el titular de la Corte Gutiérrez volvió a tensionar con el Ejecutivo:


“Nosotros desde la Junta Federal de Cortes ya fijamos la posición. Si la ley sale, indudablemente hay que acatarla. Pero lo que decimos nosotros y lo que dice la misma ley de transferencia que la Nación debe garantizar a la provincia todos los medios necesarios para la investigación.

 

No tenemos jueces especializados en este tipo de investigaciones que son complicadas. No tenemos Policía Judicial, ni gabinete, ni infraestructura necesaria para esto. Más allá de que la Legislatura apruebe la ley, dicen que le van a dar dos años para que se ponga en funcionamiento, yo personalmente le plantearé a mis colegas de la Corte que esta ley no entre en funcionamiento hasta que no tengamos los medios necesarios”.

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