Sociedad
01-08-2018
“Hay que confiar en la gente”

Daniel Erbetta, ministro de la Corte, se mostró de acuerdo con el proyecto de ley que habilita a ciudadanos comunes a participar de un tribunal de justicia, que el jueves último tuvo media sanción en Diputados. Aunque mostró reparo en algunos de los delitos que podrían abordar.

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 Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

El proyecto de juicios por jurados que presentó el diputado Ariel Bermúdez y Rubén Galassi y fue apoyado por diversos estamentos del Estado, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. Hasta el momento son cinco las provincias que usan este sistema de enjuiciamiento y hay otras que están evaluando su implementación. Es un reclamo de vieja data, incorporado en la Constitución Nacional de 1853. El proyecto tiene como eje el enjuiciamiento de delitos graves por jurados legos integrados por 12 personas, hombres y mujeres, que tendrán la carga pública de cumplir con la tarea asignada y determinar si una persona es culpable o no de un delito. Finalmente será el juez el que fijará, en caso de un veredicto de culpabilidad, la pena a imponer.

 

Consultado sobre el tema, el ministro de la Corte Daniel Erbetta explicó que el proyecto en términos generales y, más allá de algunos matices, es de avanzada. “Uno de los mejores logrados, un proyecto altamente positivo acorde a los estándares internacionales”, señaló. Para el ministro este proyecto viene a coronar la reforma al código procesal penal que se puso en marcha en la provincia en febrero de 2014. Sumando así al juicio oral, en caso de aprobarse, los jurados populares.

 

El proyecto fija cuáles son los delitos graves que serán juzgados por este medio, entre los que se encuentran los homicidios dolosos, los abusos sexuales gravemente ultrajantes o por acceso carnal, la promoción o facilitamiento de la prostitución o corrupción de menores de 13 años, las torturas, vejaciones, severidades, apremios ilegales y estragos dolosos cometidos por funcionarios públicos y finalmente las lesiones gravísimas cometidas mediante la utilización de armas o vinculadas a la violencia de género, lo que abre un gran abanico de casos.

 

Este listado es el único punto que cuestionó Erbetta del proyecto. El ministro entiende que la variedad de delitos que incluye el proyecto implicará un número importante de casos que se tramitará con esta modalidad y ello puede traer algunos inconvenientes. Independientemente de ello, señaló que los jurados son una cuestión estrictamente constitucional que ya estaba establecida en la carta Magna en 1853 y si bien el constituyente tuvo la posibilidad de remover la institución en 1994 lo ratificó al dejarlo.

 

“La aprobación de este proyecto implicaría un hecho histórico, significativo y muy concluyente”, dijo y resaltó la importancia de que el ciudadano participe en el servicio de Justicia, bastión que hasta el momento estaba limitado a la participación de los abogados, aseguró. “Ello democratiza y brinda transparencia al sistema”, detalló.

 

Al ser una institución tan antigua cuenta con muchos años de desarrollo. El proyecto fija que podrán ser jurados las personas mayores de edad, de nacionalidad argentina, con instrucción básica (saber leer, escribir y expresarse), tener domicilio en la jurisdicción y gozar de derechos políticos. Se excluye a los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los integrantes de fuerzas armadas o de seguridad. Tampoco podrán ser jurados los abogados, procuradores, escribanos y profesores universitarios vinculados al mundo jurídico o de la medicina legal, ni los directivos de partidos políticos o sindicatos. Ni quienes enfrenten un proceso penal o tengan algún problema físico o psíquico.

 

Aquellos que estén en condiciones de ser jurados serán depurados del padrón electoral, lista con la que se hará el sorteo. Los designados a participar como jurado en un juicio tendrán derechos, entre ellos a percibir un JUS por día, lo que equivale a 2166,23 pesos diarios. Erbetta explicó que el jurado tendrá instrucciones generales que tienen que ver con los principios que rige el juicio oral instrucciones particulares vinculadas al caso puntual, una especie de guía que deberán cumplimentar y al final del debate el jurado determinará si el acusado es o no culpable.

 

Esa decisión se tiene que tomar por unanimidad, es decir por los 12 miembros que lo componen explicó. En caso que no se logre se llama a una nueva deliberación para ver si logran la unanimidad. Si ello no sucede el paso siguiente es lograr un veredicto por mayoría agravada, es decir con 10 de los 12 miembros del jurado. Si tampoco se logra y el jurado queda estancado, el proyecto prevé dos posibilidades: que el fiscal mantenga la acusación y se fije un nuevo juicio por otro jurado o no acuse y se absuelva al acusado, detalló.

 

 En cuanto a los recursos que existen tras un veredicto, el ministro explicó que puede ser revisado por otro tribunal. “Es un error decir que no hay recurso o doble conforme”, dijo. Explicó que el jurado determinará si el acusado es o no culpable, en caso de no serlo el fiscal puede únicamente presentar una impugnación en casos muy puntuales ante la Corte cuando por ejemplo demuestre que hubo soborno. En cuanto al acusado, “se habilita el recurso en casos de vicios de procedimiento o afectación de garantías y se tramita ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia”, explicó.

 

En relación a la participación ciudadana dijo que la sociedad santafesina está en condiciones de ser jurado, “hay que tener confianza en la gente”, aseguró. La experiencia de las provincias en tribunales populares es positiva y es destacable la actuación de la población al asumir la responsabilidad. Erbetta espera que el proyecto que envió al Congreso el gobernador Miguel Lifschitz a principios de junio y obtuvo media sanción en Diputados, tenga la misma suerte en Senadores y se logre la aprobación.

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