País
25-07-2018
El macrismo se pone las botas

En medio de su mayor crisis, el gobierno de Macri firmará un decreto que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior con la excusa del narcotráfico, lo que está prohibido por leyes de Alfonsín y de hace 12 años. Este jueves habrá marchas de repudio organizadas por organismos de derechos humanos.

 

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El presidente Mauricio Macri se apresta a firmar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que le permitirá reformar la Ley de Defensa Nacional (23.554) y habilitará a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior, algo que quedaba por completo afuera de la mentada ley, sancionada hace doce años. El inminente DNU –por el que hasta ahora sólo agrupaciones de izquierda con representación en el Congreso y los legisladores de Unidad Ciudadana repudiaron enérgicamente y reclamaron su tratamiento parlamentario, además de organizaciones de derechos humanos y civiles– habilitará a las Fuerzas Armadas a prestar ayuda “logística” en seguridad interior, y “custodia” en puntos que hoy vigila Gendarmería y Prefectura (las dos fuerzas federales que ya produjeron dos muertes de civiles en protestas en el sur, la de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel).

 

Ayer, martes, el ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro calificó como un “error” la decisión de Macri que sus diputados por Santa Fe apoyan, entre ellos Albor Cantard, ex rector de la Universidad Nacional del Litoral. “Hubo dos leyes, una en el gobierno de Raúl Alfonsín otra en el de Néstor Kirchner, que definieron y determinaron el rol de las intervenciones y del rol de las Fuerzas Armadas y creo que es un error modificar ese rol”, declaró Pullaro al finalizar un acto de cadetes de la policía provincial en el Instituto de Seguridad Pública santafesino (Ispe).

 

Según evaluaron varios analistas, las Fuerzas Armadas podrían llegar a debutar en el escenario de la seguridad interior en noviembre próximo, cuando patrulle la cumbre del G20 en Buenos Aires en la que, según trascendió, se habilitará la actuación de militares extranjeros para custodiar a mandatarios de sus países.

 

“Una vez que se posicionen en las fronteras para combatir el narcotráfico, van a terminar patrullando las ciudades argentinas y militarizando la sociedad”, declaró el ex ministro de Defensa del gobierno anterior, ahora diputado, Agustín Rossi.

 

Organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, anunciaron para este jueves a las 17 en Buenos Aires, frente al edificio de Defensa, Rosario (en la plaza 25 de Mayo) y otras ciudades del interior, movilizaciones de repudio al plan presidencial de girar los fusiles de los militares hacia el interior del país.

 

El mismo Rossi, como lo hicieron analistas y periodistas especializados, explicó que este nuevo rol de las FFAA responde a la subordinación de la política de Defensa a la iniciativa del Comando Sur (la comandancia del Pentágono en América del Sur): “Anulan en términos prácticos a las Fuerzas Armadas de la Defensa, y las convierten en fuerzas de seguridad”, le dijo a un periodista de radio Sí 98.9 de Rosario.

 

Según lo relató Rossi, quien viajó junto con agregados militares a distintos países de América latina mientras fue ministro, la experiencia le resulta “horrible” incluso para los militares. Si la supuesta lucha contra el narcotráfico en las fronteras cae en manos de soldados mal pagos, con una dirección política preocupada por reprimir el descontento social producto de la crisis económica, los resultados pueden ser terribles.

 

De hecho, el ejemplo más visible es hoy día México, como lo ejemplificó en más de una oportunidad la periodista Cecilia González –conocida por sus incómodas intervenciones para el presidente Macri en conferencias de prensa en Casa Rosada–: la intervención de los militares en el combate del narcotráfico no sólo no disminuyó el tráfico de drogas y la influencia de los narcos, sino que incrementó la violencia y elevó los muertos inocentes a cifras inconmensurables.

 

México usa la fuerza militar contra el narcotráfico hace 13 años y generó más de 100 mil muertos en las calles y una cifra de desaparecidos que multiplica casi por diez la de Argentina durante la dictadura cívico militar de 1976-1983. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, incluyño entre sus promesas de campaña regresar al Ejército a sus cuarteles.

 

El decreto de Macri, según reveló el sitio LetraP.com.ar, establece que dentro de los 50 kilómetros previos al límite exterior del país, y también en las zonas que sean definidas como “estratégicas”, los efectivos de las Fuerzas Armadas contarán con la posibilidad de repeler un ataque, es decir, que podrán detener y utilizar sus armas de guerra contra aquellos que protagonicen un ataque externo, pero no necesariamente de una fuerza extranjera, sino de las “nuevas amenazas” que definirá el Gobierno. También podrán cuidar “objetivos estratégicos” con las fuerzas de seguridad y participar en misiones internacionales de Naciones Unidas “u otros organismos internacionales”.

 

La definición de esos objetivos estratégicos y las nuevas amenazas es lo que constituye una amenaza para las instituciones democráticas tal como se han concebido hasta hoy. En este mismo diario, hace menos de un año, uno de los creadores del PRO, Iván Petrella, se refirió a “¿Por qué?”, el libro del politólogo José Natanson que definía a ese partido como “la nueva derecha democrática”.

 

Decía Petrella: “Me parece que es un libro que está escrito para personas a las que realmente se le cruza por la cabeza que el gobierno de Cambiemos podría ser una dictadura”. Parece que esos lectores encuentran en el DNU de Macri nuevos motivos para se les cruce por la cabeza los fantasmas más oscuros y nefastos de la república.

 

México

 

“El actual jefe del Ejército (Claudio Pasqualini) –contó Agustín Rossi– fue agregado militar en México cuando yo era ministro de Defensa. Él vio cuál fue la experiencia en México: totalmente negativa. Van a salir más desprestigiados de lo que fueron en la dictadura”.

Hubo dos casos emblemáticos en el que quedaron involucrados militares: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de la comunidad de Tlataya donde ejecutaron a 15 personas pero fingieron un enfrentamiento.

 

Una de las hipótesis sobre el cambio de roles en el Ejército es que el gobierno pretende liberar a Gendarmería de las fronteras y afianzar el control social ante posibles protestas. “Todos tenemos las sospechas de que justo ahora la conflictividad social irá en aumento a raíz de las políticas del gobierno, le abre la puerta para que las FFAA se puedan involucrar en tareas de represión”, señaló Rossi, quien también sostuvo que si van al debate parlamentario las leyes de Defensa Nacional, de Inteligencia y Seguridad Interior y el decreto 727 de 2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior y hoy quiere modificar el presidente Macri, “no pasan”. “El gobierno –dijo el actual diputado a periodistas de Radio Sí– va a intentar modificar el decreto y decir que están habilitadas las FF.AA. Y es ilegal”.

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