Política
25-07-2018
Transparencia cero

En la provincia, la campaña de Cambiemos se hizo con aportes de un puntero que antes recibió millones de pesos para su cooperativa de trabajo, un fiscal municipal acusado de espiar a un concejal justicialista y de la encargada de controlar las cuentas de José Corral. La mayor parte del dinero utilizado para proselitismo salió de funcionarios municipales santafesinos.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur


Los aportes que los partidos políticos tienen para sus respectivas campañas siempre están bajo sospecha. En los últimos años hubo avances importantes para que esa información sea pública y que el control ciudadano pueda ser más exigente y exhaustivo. Pero no alcanza con eso, y a juzgar por los últimos acontecimientos es inevitable una reforma integral sobre la materia.

Todo comenzó cuando se descubrió que en provincia de Buenos Aires la gobernador María Eugenia Vidal presentó un informe de gastos de campaña donde buena parte de los aportantes nunca pusieron un solo peso en la política. Indigentes, desempleados y pasivos nacionales figuran entre quienes sostuvieron con dinero las candidaturas del macrismo.

 

Inmediatamente el tema empezó a sobrevolar en el resto de las provincias argentinas y en varios lugares se detectaron situaciones, cuando no penales, polémicas. En la ciudad de Santa Fe, por caso, el 90% de los aportes que recibió Cambiemos para la campaña 2017 fueron hechos por militantes y funcionarios del gabinete del intendente José Corral.

 

En la nómina de aportes a Cambiemos aparece un puntero que recibió varios millones de pesos para su cooperativa de trabajo, el fiscal municipal acusado de espiar a un concejal justicialista y la encargada de controlar las cuentas de la municipalidad. Todos esos aportes fueron hechos en mano a los recaudadores del macrismo, porque no hay registro de ninguna bancarización.

 

Que la política invierta en su propia supervivencia no es novedad, pero que todo el dinero se haga sin bancarización llama poderosamente la atención. Más aún cuando el discurso aleccionador se centró en la transparencia, sí o sí cambiar lo nuevo por lo viejo y ser la supuesta antítesis de otras expresiones corruptas que tuvo la República Argentina.

 

Sin embargo, en la práctica se dan situaciones por demás de polémicas. Es el caso de la ciudad de Santa Fe, allí hasta quien debe controlar al intendente José Corral y sus actos de gobierno puso dinero para la campaña de un candidato de ese sector en 2017. Así se desprende del Informe Final de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral de la alianza Cambiemos.

 

Se trata de la titular del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Santa Fe, Daniela Veglia, quien colaboró con 20 mil pesos para las elecciones primarias del año pasado. El candidato a apoyar era un amigo de la casa, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral Albor Cantard. Él mismo aportó 80 mil pesos, y mal no le fue con la inversión porque ganó de punta a punta.

 

Entre los aportantes más destacados están el diputado provincial y titular de la UCR Santa Fe, Julián Galdeano, y la empresaria Marisel Del Valle Nievas (la hicieron figurar como Maricel Nieves) con 100.000 pesos cada uno. Galdeano tenía a un candidato propio, Gonzalo del Cerro, en la lista de diputados nacionales. Nievas, de balanzas electrónicas Kretz, lo hizo porque cree en Cambiemos.

 

Flojos para el tipeo

 

Un aspecto sugestivo en el informe pasa por los errores de los nombres y apellidos de algunos aportantes. La lista de Cambiemos tiene, llamativamente, muchos errores en las identidades de los que pusieron dinero. Eso se puede constatar en la nómina elevada a la Justicia Electoral Nacional, pero luego de revisar los números de DNI se pueden advertir bien todas las identidades.

 

Por ejemplo, el subsecretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Santa Fe, Florencio Galíndez, figura como Florencia Galíndez. El asesor de contabilidad y temas fiscales, Silvio Garate, lleva el nombre de Silvia Gorate; y la titular del Órgano de Control de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos, Carolina Galuccio aparece como Carolina Golucero.

 

La lista sigue y es larga. Bernardino Landi, a cargo de Deportes en el municipio, en la nómina figura como Bernardina; y el fiscal municipal, Federico Sedlacek, lleva como apellido Sadlacek. Este último funcionario fue muy cuestionado en 2017 porque un concejal del PJ lo acusó de “trabajos de inteligencia” sobre él y su familia en Facebook, Twitter y otras redes sociales.

 

Según contó el edil Juan Cesoni, Sedlacek realizó esa maniobra para “determinar algún grado de afinidad política” con la fiscal Carolina Parodi, quien investigaba a secretarios del gabinete de Corral y después utilizó esos datos y fotografías para recusar a la funcionaria y desplazarla de la causa. El fiscal regional le dio la razón y Parodi se quedó sin investigar.

 

La transparencia no suele ser el mejor aliado de Cambiemos en la ciudad de Santa Fe y con el tema de los aportes se reactivaron otros escándalos. Por ejemplo, aparece con una ayuda para la campaña de Cambiemos el funcionario municipal Rubén Lamanna, un ex puntero justicialista que con el paso del tiempo prefirió pasarse a las filas del radicalismo.

 

Lamanna fue el Coordinador Ejecutivo del Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo, pero el año pasado en el marco de la investigación que se denominó Corral Papers (https://www.corralpapers.com/08) se descubrió que también era el apoderado de cooperativas de trabajo que tuvieron millonarios aportes del municipio.

 

Para no aparecer como beneficiario directo en los convenios firmados entre cooperativas y el municipio que conduce José Corral, Lamanna puso a su hija Jésica Rocío, de 26 años, como segunda apoderada de las asociaciones. La joven firmó convenio por las cooperativas Frente Transversal I y II, y Juntos por un Barrio Mejor, por más de $ 8.000.000 entre 2015 y 2017.

 

Ahora se sabe que el mismo Rubén Lamanna, funcionario municipal a cargo de las cooperativas y beneficiario del plan para cooperativas apoyó con 15 mil pesos a la lista de Albor Cantard. En 2013, ese mismo personaje de la política local fue candidato a concejal de la ciudad de Santa Fe en la lista Nace una Esperanza, del Frente Justicialista para la Victoria.

 

Silencio sigilo

 

Entre los aportantes privados a Cambiemos aparecen personas vinculadas a las empresas Kretz, Fiambres Paladini, Transcaden SRL y Caden SRL, Terragene SA, Cerdos San Juan SA, Bounus Hermanos Sociedad Anónima Industria Metalúrgica, Mercado Modelo SRL, Motores Czerweny, Alberto Prieto SA, Garmet SRL, Helvética SA y Chacras del Sur SRL. Juntaron 575 mil pesos.

 

El 90% de los aportantes son funcionarios y trabajadores jerarquizados de la administración de José Corral, que juntaron otros 2.244.778 pesos. Otros 3.054.596,37 pesos de aportes públicos fueron girados a Cambiemos por la Nación, producto de una ecuación en la que se calculan los votos que sacó esa misma fuerza en la elección inmediata anterior.

 

No es la primera vez que el PRO es cuestionado por sus gastos de campaña y la transparencia en el manejo de esos aportes. De hecho, el ex candidato a gobernador Miguel del Sel tiene una condena judicial donde no puede ejercer cargos públicos por seis meses por no haber podido justificar los fondos y aportes al partido durante la campaña de 2011.

 

Del Sel era en presidente del PRO en aquel momento, luego compitió como diputado nacional y entró al Congreso, volvió a candidatearse a gobernador en 2015 y posteriormente el presidente Mauricio Macri lo nombró embajador del país en Panamá. Hoy, alejado de la política, continúa con su carrera artística aunque llama la atención lo que demora la justicia para expedirse (siete años).

 

Ninguna autoridad actual del PRO, por caso su presidente provincial Federico Angelini y el concejal Roy López Molina, opinan sobre la decisión del juez federal Reinaldo Rodríguez. Solo el edil rosarino -después de mucho tiempo sin formular declaraciones- hizo una escueta declaración pero solo sobre el caso que más le interesa, salvar a la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

 

En diálogo con Radio Dos, López Molina dijo: “La gobernadora tomó dos decisiones que me parecen que van en el sentido de la transparencia, una es haber desplazado a una funcionaria que por lo menos quedó alcanzada en el discusión –dijo en referencia a Fernanda Inza, quien destituyó como contadora general– y después, acercar a la Justicia electoral toda la información”.

 

“Si hay alguna falla o error, alguna falta cometida lo peor que podemos hacer es esconderla, hay que mostrarla y acompañar el proceso de investigación”, remarcó el dirigente del PRO que quiere ser intendente de Rosario en 2019. Respecto del caso Del Sel, o cómo se constituyeron los aportes de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, prefirió no hacer menciones.

 

En provincia de Buenos Aires, se detectó que ya hay más de 1200 casos de financistas fantasma que fueron identificados. También anunciaron que el 94% de los supuestos contribuyentes figuran como afiliados al PRO que preside María Eugenia Vidal, lo que compromete seriamente a la gobernadora que en el macrismo la ven como el recambio natural de Mauricio Macri.

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