Provincia
11-07-2018
ART, una cuestión de prioridades
En plena crisis de la producción y el empleo, el gobierno de Macri volvió a cargar las tintas contra lo que llama “la industrial de los juicios laborales”. El presidente chicaneó a Lifschitz por no adherir a la nueva ley de ART y su tropa local se sumó a la movida. El oficialismo provincial y los gremios ratifican su postura de no permitir que se vulneren los derechos laborales.
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Orlando Chircaz

El cortocircuito entre el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Fe volvió a quedar expuesto en los últimos días con lanzamientos de reclamos y chicanas a un lado y al otro de las trincheras. Los discursos del gobernador Miguel Lifschitz y de la intendenta Mónica Fein en los respectivos actos oficiales por el Día de la Independencia lo dejaron bien en claro. En ambos casos hubo ironías alusivas a la fecha patria en pleno proceso de dependencia al FMI, pedidos por un verdadero federalismo, y cuestionamientos explícitos a las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. El viernes pasado, el presidente Mauricio Macri abrió fuego contra la gestión del Frente Progresista en su propio territorio: en Carcarañá, donde encabezó la reapertura del frigorífico Mattievich, recordó que Santa Fe es la única de las provincias grandes que no adhirió a la nueva ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), una herramienta que presenta como necesaria para ponerle un coto a los juicios laborales, a los que señala como funcionales a una “industria mafiosa”. Flanqueado por el titular del frigorífico y ante un grupo de empleados de ese establecimiento, Macri habló de una supuesta generación de puestos de trabajo, pero dejando en claro que es prioritario que las reglas del juego no den sobresaltos al empresariado. Así, dijo que para que la producción aumente es necesario que “no haya más prepotencia”, y tras citar como ejemplo los piquetes como medio de protesta –“Uno que se pone en el medio de la ruta les caga la vida a todos”, acotó- los equiparó con los juicios laborales.

La primera respuesta a los dichos del presidente llegó desde el Partido Socialista. En un comunicado, el frente gremial de ese espacio ratificó su “posición histórica” de rechazo a la ley de ART tal como lo hicieron en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández y, luego, ante la reforma a esta normativa (sancionada como ley 27348) que Cambiemos impulsó el año pasado. En el texto que difundió el partido de la rosa definieron a esta ley como una herramienta que favorece la flexibilización laboral. “Esta ley no hace nada más ni nada menos que restringir los derechos laborales que se encuentra explícitos en el art 14 bis. La misma beneficia a las empresas a costa de la salud de los trabajadores”, expresa el comunicado.

Al momento de exponer argumentos, mencionaron el rol de las comisiones médicas jurisdiccionales y pusieron de relieve que solo existen 35 en todo el país y 16 en las provincias. “Esto genera que los trabajadores no puedan acercarse en muchos casos a realizar los reclamos y sigan trabajando en formas inhumana”, apuntaron. Asimismo consideraron que con la adhesión de la provincia a esa ley, los trabajadores informales o changarines “seguirán siendo los excluidos y se sumarán otros tantos” y que de ninguna manera se promueve con esto la salud y los derechos a los trabajadores sino objetivos claros que apuntan a “introducir la flexibilización laboral”. El documento cerró con una defensa de la gestión del Frente Progresista que, en materia laboral, vienen exigiendo que se promuevan los comités mixtos de salud y seguridad en lugar de apuntar a la litigiosidad como un problema central. A principios de este año el titular de la cartera de Trabajo provincia, Julio Genesini, había explicado el cuadro de situación en Santa Fe y la posición de su gestión al respecto: “Hay un reclamo empresario de adhesión y hemos tenido reuniones con todos los actores. Todos hemos coincidido en que para la adhesión se debe adaptar. Tal como está es inviable porque en la provincia hay una sola comisión médica. Además, la ley tiene inconsistencias jurídicas que traería planteos de inconstitucionalidad. Para cualquier decisión queremos agotar todas las consultas necesarias porque es un tema que debe tener consensos”, dijo al diario El Ciudadano.    

Presión amarilla

Tras modificar en enero del año pasado el decreto 54/2017 de “Régimen de Riesgos del Trabajo”, que rige la ley N° 27.348 de 1996 y conseguir ratificarlo al mes siguiente en el Congreso, el gobierno de Mauricio Macri asumió casi como una obsesión reclutar provincias que adhieran a esta nueva normativa tan celebrada por el empresariado. Cada discurso presidencial reservó, desde entonces, un párrafo al tema del supuesto “abuso” de los juicios laborales y su demonización bajo la forma de “mafias” que generan “costos parasitarios a la producción nacional”.

Rápido para los mandados de Casa Rosada, el intendente de Santa Fe, José Corral, acompañó al presidente en su fugaz visita a Carcarañá y se hizo eco de su arenga para que el gobierno de Lifschitz se sume a los distritos grandes que ya aprobaron su adhesión a la ley nacional de ART. “Confiamos en que lo haga porque esa ley ha traído beneficios concretos en Córdoba, Buenos Aires o Mendoza. Donde se aprobó han bajado las primas, se redujo la litigiosidad y los trabajadores cobran más rápido”, afirmó.

Cabe destacar que en la Legislatura santafesina, Cambiemos intentó por medio de los diputados del PRO Federico Angelini y Germán Mastrocola promover el tratamiento de la adhesión de la provincia a la normativa. Pero el obstáculo que encontró fue contundente: el frente oficialista, el peronismo, la izquierda, y el grueso de los movimientos sindicales se plantaron en el rechazo. Mastrocola –hombre del ministro de Trabajo Jorge Triaca en la provincia y dirigente proveniente del sindicato del Plástico, aprovechó la embestida de Macri del viernes pasado para sacar a relucir con un informe las bondades de la ley de ART y sacudirle al gobernador con el dato de la que, según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT), su provincia tiene “la mayor cantidad de juicios laborales iniciados en relación a otras provincias del país”. A junio de 2018 –precisó– en Santa Fe hay 92 juicios cada mil trabajadores, mientras que en la Capital Federal hay 53, y en Buenos Aires, 27. Mastrocola afirma que solo cuatro de cada diez esos juicios tienen una sentencia paga; que “el porcentaje que paga el empleador por cada juicio laboral es el más alto de la Argentina, con 4,6 por ciento de la masa salarial declarada”; y que en 2016 el costo en la provincia para lo que denominan “industria del juicio” rondó los 490 millones de dólares.  

Contra la burocratización

El abogado laboralista Jorge Elías refutó los conceptos de Mastrocola. Dijo que aunque el dato sobre el alto índice de litigiosidad en la provincia es cierto, está basado en “premisas falsas”. En diálogo con LT8 recordó que, las ART son entidades con fines de lucro y que, por lo tanto, “su principal estrategia es evitar el pago”, razón por la cual sobrevienen juicios a las mismas aseguradoras. El letrado señaló que la adhesión de una provincia al nuevo sistema implica que antes de hacer un juicio los trabajadores deban pasar por una comisión médica que, a modo de tribunal, determinan si dan lugar al reclamo. “Estos tribunales administrativos dependen del Ministerio de Trabajo de la Nación y en la provincia de Santa Fe sólo hay uno que está ubicado en Rosario. Esto obliga a que ante cualquier accidente laboral o enfermedad el trabajador de cualquier localidad tenga que trasladarse hasta esta ciudad para luego, una vez sorteado ese trámite, concurrir a la justicia de Rosario. “En este esquema, el nuevo sistema aparece como una burla para el trabajador”, concluyó. En el mismo sentido se expresó la diputada provincial del Frente Social y Popular (FSP) Mercedes Meier, quien consideró que la modificación de la ley de ART implica “el cambio del juzgador”.  “Se pretende obstaculizar que el trabajador recurra al Poder Judicial para discutir un reclamo por enfermedad o accidente laboral, burocratizando el sistema y poniendo trabas para hacerlo”, dijo la compañera de bloque de Carlos Del Frade, quien defendió la negativa de adhesión por parte del gobierno de Lifschitz. Y remató: “Es mentira e hipócrita plantear que la industria no crece por los juicios de los trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, son las mismas medidas del gobierno nacional las que ponen en debilidad la producción, y particularmente la industria nacional”.


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