Sociedad
04-07-2018
Un pornógrafo infantil que defiende la dictadura
La Fiscalía Regional Rosario pidió alta pena por apología del crimen y amenazas para el federal detenido en Buenos Aires en abril pasado. La intimidación se dio en coincidencia con la conmemoración del 24 de Marzo y tuvo como víctimas a funcionarios, legisladores y militantes de derechos humanos. Esta semana detuvieron a una pareja cordobesa acusada por los mismos delitos. El uniformado también distribuía de pornografía infantil.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad pidió 7 años de prisión para el policía detenido
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Alberto Carpintero

La pesquisa por apología del delito y amenazas vía whatsapp a militantes de derechos humanos, funcionarios y legisladores locales, entre otras figuras públicas, que se produjeron a fines de marzo y principios de abril, sumó en las últimas horas novedades: por un lado, el fiscal Gustavo Ponce Asahad pidió siete años de cárcel para el policía federal detenido en provincia de Buenos Aires hace tres meses, ya que en su caso se le sumó la imputación de distribución de pornografía infantil al peritársele su teléfono celular; por otro, tres nuevos allanamientos extendieron la investigación hasta la provincia de Córdoba, donde una pareja quedó detenida y será formalmente acusada por las amenazas, mientras que un joven se mantiene prófugo, aunque en su vivienda secuestraron material probatorio, contó el propio funcionario judicial. La camarista Georgina Depetris, quien revisó la cautelar del policía federal y de otra mujer en mayo pasado, calificó los hechos como de “extrema gravedad”, habida cuenta del “alto contenido intimidatorio” de los mensajes, producidos por una red que operaba en distintas provincias.

En marzo pasado la abogada Nadia Schujman presentó ante el fiscal Ponce Asahad la denuncia de un grupo de víctimas: a través de teléfonos celulares que iban cambiando alguien creaba grupos de Whatsapp (que superaban los 200 contactos) con los números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas y referentes estudiantiles para hostigarlos y amedrentarlos, especialmente después de la histórica marcha, debido a su masividad, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los grupos tenían nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive” (por el represor Eduardo Costanzo que recientemente violó su prisión domiciliaria)” y “Zitelli vive” por el sacerdote que murió por esos días y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzaban amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.

Los bonaerenses

Tras un operativo de la PDI a principios de abril, fueron demoradas cinco personas, tres de ellas en Rosario, que pronto recuperaron la libertad al interpretarse que no tenían vínculos con la denuncia. Pero quedaron presos con prisión preventiva por 45 días, según les dictó la jueza Paula Álvarez, el policía federal Lucas Semec, apresado en la localidad bonaerense de Ensenada, en el partido de La Plata, y Teresa C., quien cayó en la ciudad de Pablo Podestá, en el partido de 3 de Febrero, también en el conurbano.

“Se ha utilizado cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un acto de extrema gravedad. La inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional de derecho. Esto es, que la inteligencia la realiza el Estado. No puedo asegurar que son grupos organizados a priori. Pero llama la atención la mecánica que han utilizado y cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un hecho de extrema gravedad, ya que la inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional de derecho”, planteó el fiscal sobre esta probable organización proimpunidad.

Infundir temor

En mayo, hubo una audiencia de apelación de las preventivas ante la Cámara Penal. La jueza Georgina Depetris resolvió excarcelar a la mujer y mantener en prisión preventiva al policía federal. La magistrada, a la vez, abrió entonces la puerta para que se puede agravar la imputación ya que los elementos existentes pueden exceder la apología del delito, las amenazas calificadas y la publicación y difusión de imágenes pornográficas de menores, los delitos inicialmente imputados (este último sólo para Semec): “Se ha hablado de múltiples grupos efectuando acciones similares y relacionadas en distintos puntos del país, tratando de imponer sus ideas y combatir las ajenas infundiendo temor”.

“No se ha puesto en duda aquí la existencia de hechos delictivos, que se advierte revisten extrema gravedad, alto contenido intimidatorio, como surge no sólo de lo expuesto por las partes, sino también de la elocuente entrevista efectuada en la audiencia a la víctima que asumiera la representación de las demás al tomar la palabra”, dijo la jueza.

Igualmente, instó al fiscal a profundizar en el material probatorio, que consideró escaso en el caso de la mujer. Es que, según se desglosa en el fallo, puede ser posible que el sobrino de esta mujer, un chico de 16 años a quien le fue incautado el celular, haya sido responsable de los hechos, a partir de la evaluación que hace la magistrada.

El federal

Distinto es el caso del policía federal. “El teléfono, más allá de no encontrarse físicamente al momento del allanamiento en su poder –debido a que lo detentaba su hijo y el mismo estaba en la escuela– a prima facie y dado que convivían puede probabilizarse que podía disponer y/o tener acceso a la línea, máxime si se tiene en cuenta la calidad y entidad de la información que se volcara en el grupo a través de la misma, difícil de obtener por sí mismo un menor de 15 años”, dijo la jueza.

“Si a ello le adicionamos que la línea de teléfono de la cual es titular se corresponde con la del creador y administrador del grupo de Whatsapp, y la cercanía que poseen la fecha de creación del grupo con las amenazas vertidas en el mismo, y la hipotética posibilidad que en carácter de empleado de la policía Federal pudiera tener acceso a la información calificada como son los números de teléfono, actividad, y situación familiar de los amenazados y que permitiera su inclusión coactiva en el grupo, en este caso se verifica un umbral de probabilidad y consecuente peligro tanto de fuga como de entorpecimiento probatorio”, siguió la magistrada.

El mes pasado se concretó la ampliación de la imputativa a Semec, bajo acusación de publicar, divulgar y distribuir desde su celular “videos con representaciones de menores de edad en situaciones sexuales explícitas” en cinco casos, todos surgidos de un peritaje a su teléfono.

Los cordobeses

Este lunes, la investigación apología del delito y amenazas siguió con operativos en la provincia de Córdoba. Allí fue detenida una mujer cuya audiencia imputativa estaba prevista para la tarde de este martes. Tanto en su vivienda como en la casa de un joven de 19 años, estudiante universitario, que no fue hallado, se incautaron celulares para ser peritados. A la vez, también el lunes, el fiscal presentó la acusación contra Semec y pidió siete años de prisión por los delitos referidos. Quedó con preventiva hasta la audiencia preliminar de juicio. También fue detenido el esposo de la mujer cordobesa, quien enfrentará la misma acusación formal este miércoles.


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