Rosario
04-07-2018
Un parto mal concebido
Demora y negligencia en la atención de una parturienta generó secuelas neurológicas irreversibles en una niña que hoy tiene doce años y una incapacidad del cien por ciento. Un sanatorio privado y dos médicos deberán indemnizar a la familia por una suma millonaria.
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Carina Ortiz

Un embarazo a término que venía de la mejor manera terminó en mala praxis. La joven parturienta, con más de 40 semanas de gestación, llegó al sanatorio con dolores a las 11 de la mañana pero la devolvieron a su casa en dos oportunidades. La última vez que regresó debió ser sometida a una cesárea. Tardaron casi dos horas en concretarla. La niña nació con graves secuelas neurológicas y retraso psicomotriz. No camina ni habla y los tratamientos que pueden hacerle son solo paliativos. Sufre de una discapacidad de un cien por ciento debido a la demora médica. Sus padres iniciaron una demanda contra el Sanatorio de la Mujer, el obstetra y la médica que la atendió en la guardia. Recientemente, la jueza del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 4° Nominación, Silvia Cicuto condenó a los profesionales y al nosocomio a indemnizar a la niña y sus padres por una suma que supera los seis millones de pesos más los intereses por los daños ocasionados.

El embarazo no tuvo complicaciones, estaba controlado, la madre era joven, pero todo se desbordó al momento del parto. La tardanza y la falta de cumplimiento de protocolos generaron daños irreparables en la niña, que terminó con una incapacidad del cien por ciento. Corría junio de 2006 y la semana 40,4 de embarazo. El crecimiento fetal era normal, acorde a las semanas de gestación. El día de la bandera los dolores no se hicieron esperar y la joven fue al Sanatorio de la Mujer cerca de las 11.

La atendió una médica en la guardia y le dijo que no había dilatación, que se fuera a casa. A las 15 volvió e insistió con la realización de un monitoreo porque los dolores seguían. La misma médica dispuso el control y la devolvió a su casa. La tercera visita al sanatorio fue cerca de las 21, esta vez la dejaron en la guardia. En las tres oportunidades fue vista por la misma médica hasta que dos horas después del último ingreso apareció otro profesional con el cambio de guardia. Este médico decidió llamar a su obstetra, quien llegó cerca de las 24.

El obstetra le dijo que iban a tener que hacer una cesárea porque el bebé estaba sufriendo, pasaron casi dos horas más hasta que finalmente se produjo el nacimiento en el quirófano. La niña nació con 3,750 kilos y fue derivada a neonatología. Estuvo 20 días internada y salió con un cuadro irreversible: hemorragia pulmonar, encefalopatía hipóxico esquemática y convulsiones.

Hoy la niña sufre severas secuelas neurológicas por la demora en el parto, retraso psicomotríz –no camina, le cuesta mantenerse erguida y no se sienta–, tampoco habla. El perito médico que participó en el caso determinó que se detectó un cuadro de alteración en el bienestar fetal y se decidió una cesárea por falta de progresión del trabajo de parto pero no se explica por qué se esperó una hora y media para llevarla a quirófano. A lo que sumó que hubo un diagnóstico postoperatorio de desprendimiento normoplacentario que no fue diagnosticado previamente y pudo ser el causante del estado de la bebé al nacimiento. El perito destacó que los síntomas que tenía posibilitaban un desprendimiento y en estos casos se debe extraer el bebé lo antes posible.

Sufrimiento fetal

Para el profesional hubo un sufrimiento fetal y una asfixia perinatal. Señaló como probable que la atrofia cerebral que sufrió la bebé fue consecuencia del cuadro de encefolopatía hipóxica isquémica que diagnosticó neonatología. Entendió que no se cumplió con los protocolos médicos para el cuadro clínico que sufría la parturienta y la demora en la cesárea influyó para determinar la patología que sufre la niña. Las secuelas son permanentes e irreversibles e implican una incapacidad del 100 por ciento, aseguró

La jueza Cicuto fijó dos parámetros en el caso, la obligación de los demandantes en probar la mala praxis y el vínculo contractual que se genera con el facultativo al intervenir en la atención de la joven madre. Explicó que la controversia se centró en la atención de la mujer el 20 de junio de 2006 hasta el nacimiento de la niña. Entendió que la principal causa del cuadro que sufrió la bebé es la demora en la realización de la cesárea.

Desde la toma de la decisión hasta el ingreso a quirófano pasó una hora y media y la niña nació a la 1,50 del 21 de junio. Es decir casi dos horas después, un tiempo demasiado prolongado a criterio del perito y sin una justificación. “En forma concomitante hubo un diagnóstico posoperatorio de desprendimiento normoplacentario que no fue detectado previamente cuando pudo sospecharse, y que pudo también ser el causante del estado de la bebé al nacimiento”, dice el fallo.

Para la jueza la pericia médica es contundente: el obstetra no cumplió con los protocolos médicos en la atención del parto y además adulteró la historia clínica, lo que quedó demostrado al comparar la historia entregada a la madre de la niña al momento del alta y la que se secuestró en el sanatorio. Surge de la declaración del obstetra que fue el profesional quien realizó un agregado sobre la presión arterial de la paciente fijándola en 160/90. Según el perito podría suponerse que el agregado tiene que ver con el cuadro de desprendimiento de placenta hallado en la cirugía, cuya causa principal es la hipertensión, explica el fallo. Para la jueza, la sospecha de que el dato haya sido agregado luego constituye una violación al deber de colaboración procesal y representa una presunción contra el médico.

En cuanto a la médica que atendió a la joven en la guardia, explicó que solo se limitó a realizar controles ordinarios, disponiendo su regreso al domicilio. Con respecto a los dolores que pudieron haberse correspondido con un posible desprendimiento de placenta, consideró que actuó con negligencia e imprudencia contribuyendo a la producción del daño. También entendió que la responsabilidad impuesta a los médicos debe extenderse al sanatorio, ya que la conducta de los profesionales “implicó un incumplimiento al deber tácito de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia idónea por parte del cuerpo médico”, explica el fallo

La jueza condenó solidariamente a los médicos y el sanatorio por las consecuencias dañosas de la actuación médica. Hizo lugar al reclamo por incapacidad sobreviniente de la niña que hoy cuenta con un certificado de discapacidad donde consta que padece parálisis cerebral infantil, cuadriplejía flácida y microcefalia. La pericia determinó que la niña nunca será autoválida y dependerá del permanente apoyo de sus padres o grupo familiar por lo que entendió que la reparación debe ser plena y comprender la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima y el lucro cesante y las pérdidas de chances.

La jueza también tuvo en cuenta el perjuicio que sufrieron los padres, sobre todo la mamá, quien se ocupa de los constantes cuidados de la niña.

Su vida gira en torno a la salud de su hija, lo que implica la imposibilidad de trabajar fuera de su casa. Cicuto entendió que los padres son víctimas secundarias del hecho. También hizo lugar al reclamo por gastos médicos, de farmacia y rehabilitación y daño moral tanto de la niña como a sus padres, quienes se encuentran incluidos en una de las excepciones del caso –al tratarse de una gran incapacidad– ya que no son perjudicados directos.

Los efectos de la condena a los médicos y al sanatorio se hicieron extensivos a la compañía de seguros Prudencia S.A., desde donde deberá salir un capital que sobrepasa los 6 millones de pesos más intereses. El fallo aún no está firme.

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