Economía
29-06-2018
Ajustan y devalúan pero piden perdón al FMI
Un nuevo informe del Ceso proyecta una inflación del 36% para este año (arriba de la meta del 32 pactado en el acuerdo con el organismo multilateral). De acuerdo al análisis, son improbables los escenarios que permitirían cumplir con los objetivos firmados para obtener los 50 mil millones de dólares que le permitirían al gobierno llegar a 2019.
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El Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (click en: Ceso.com.ar), que estudia desde hace años la coyuntura económica, analizó las metas que se propuso el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y señaló como poco probable los escenarios para cumplirlas, por lo que resulta muy posible que la Argentina de Cambiemos encare un “waiver”, como en los 90, es decir, un perdón que le permita saltear próximos vencimientos.

 

Asimismo, desde el Ceso proyectaron una inflación del 36% para este año, por encima de los 32 puntos pactados con el FMI.

 

“El cumplimiento de las metas pactadas con el FMI descansa sobre escenarios de difícil cumplimiento –dice el informe–. En materia fiscal, aún después de analizar el impacto presupuestario de la devaluación (el déficit primario se reduce en $40.636 millones, unos 0,3% del PBI, tras una devaluación del 50%), resta ajustar gastos por $123.897 millones (1p.p. del PBI) para cumplir con las metas fiscales pactadas con el fondo. En materia inflacionaria, la inflación proyectada por el CESO es del 36%, con un desvío de 4 puntos porcentuales. Es decir, el cumplimiento de la meta pactada con el fondo (32% de cota máxima) se produciría sólo en un escenario muy optimista sobre la evolución de precios.”

 

Y continúa: “En términos externos, aun asumiendo el reequilibrio de la cuenta corriente por el efecto de la recesión y la devaluación, se analizan dos escenarios: uno de estabilidad cambiaria y otro donde la fuga de capitales continúa al ritmo del primer semestre de 2018. En el primer caso, las metas de reservas internacionales podrían alcanzarse. En el segundo, las reservas caerían en 2019 incumpliendo con el acuerdo, hasta un nivel similar al de diciembre de 2015, aunque con vencimientos de deuda externa mucho más abultados a los de aquel entonces”.

 

Ajuste post-devaluación

 

El acuerdo con el FMI incluye metas de déficit fiscal primario (diferencia entre los gastos corrientes del Estado y su recaudación impositiva). “El compromiso para diciembre de 2018 es un déficit primario del gobierno nacional de $362.500 millones, aproximadamente un 2,7% de la estimación del PBI presentada en el acuerdo”, señala el informe y continúa: “Previo a la devaluación, el déficit primario acordado con el organismo implica una reducción del déficit primario de $164.533 millones respecto a las proyecciones del déficit para 2018 realizadas por el Ceso. Parte de ese ajuste será realizado por el efecto directo e indirecto de la devaluación sobre las cuentas públicas. Si se considera el incremento en la recaudación por derechos de exportación e importación al calor de la suba del dólar, junto a la mayor recaudación impositiva por la aceleración de la inflación, de la contribución a la seguridad social por los incrementos salariales, los ingresos públicos mejoran en aproximadamente $124.586 millones por la suba del dólar y su efecto sobre la inflación. Mientras que la partida de gastos primarios se incrementa $83.350 millones, básicamente por el monto de incremento de los gastos que decretó el ejecutivo el 15 de junio. De esa manera, el déficit primario se reduce en $40.636 millones, unos 0,3% del PBI, tras una devaluación del 50%. Nótese que, por el incremento en la partida de intereses por deudas nominadas en divisas, el déficit financiero prácticamente no varía por el efecto de la devaluación”.

 

De esa manera, aún resta ajustar gastos por $123.897 millones (1p.p. del PBI) para cumplir con las metas fiscales pactadas con el fondo. Una reducción que intentará ser descargada sobre las provincias, la obra pública y los trabajadores del Estado. Los tres escenarios tienen sus costos, ya sean en la relación política con los gobernadores, en el resentimiento de la actividad económica como en la conflictividad gremial.

 

Inflación y salarios licuados

 

El acuerdo con el FMI establece una meta de inflación del 27% para 2018, que se podría extender hasta el 32%. Si bien la meta supera ampliamente las previamente anunciadas por el BCRA, su cumplimiento no será nada sencillo. El nivel de precios argentino vuelve a recibir la presión de una drástica variación del tipo de cambio, en este caso superior al 50% interanual y con una enorme incertidumbre acerca de la evolución futura de la divisa en el marco de la política de tipo de cambio flexible acordada con el FMI.

 

“Sabemos que en la Argentina –se lee en las conclusiones presentadas por el Ceso– las devaluaciones suelen tener un fuerte impacto inflacionario, el cual se potencia a raíz de la puja distributiva que conlleva tal redistribución de recursos. En la actualidad la dolarización de las tarifas llevada adelante por el gobierno de Cambiemos deja poco margen de maniobra en ese aspecto, potenciando el aumento de costos que conlleva el aumento del dólar. La gran apuesta del gobierno parece ser la licuación de salarios reales, siendo el sector de los trabajadores quien absorba el ajuste de precios relativos. Si bien el ministro Dujovne afirmó en conferencia de prensa que aceptarían acuerdos privados unos puntos por encima del 15%, los aumentos para el sector público no superaron esa cifra. El paro general convocado por múltiples centrales obreras y el acuerdo del 25% alcanzado por camioneros parece indicar que los gremios impulsarán aumentos mayores. En ese contexto, desde el Ceso proyectamos una inflación en torno al 36%, con un desvío de 4 puntos porcentuales. Es decir, el cumplimiento de la meta pactada con el fondo se produciría sólo en un escenario optimista sobre la evolución de precios”.

 

El 12 de junio, el gobierno acordó con el FMI el programa económico que aplicará hasta alcanzadas las elecciones, a cambio de percibir un crédito stand by por USD 50.000M a lo largo de 36 meses. El acuerdo implica una serie de metas fiscales, de precios y de reservas internacionales, en el marco de una política de ajuste fiscal y flexibilidad cambiaria.

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