Rosario
27-06-2018
Las intimidaciones y la pelea dialéctica, bien al sur
Intervenciones estatales en los barrios Tablada y Fonavi de Lola Mora e Hipócrates apuntaron, por un lado, a buscar pistas sobre las recientes intimidaciones a jueces, y por otro, a recuperar para sus legítimos propietarios inmuebles usurpados y también derruir los que se han construidos sobre el espacio público. En contexto, nuevos cruces entre la Justicia y el Ejecutivo
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Alberto Carpintero

Una nueva intervención del Estado en un sector de zona sur golpeado por la violencia en los dos últimos años se dio este martes, temprano, cuando efectivos policiales acompañados por empleados municipales, bajo coordinación de los fiscales Matías Edery y Gisela Paolicelli, apuntaron a desmantelar algunos focos vinculados con bandas asentadas en la zona, especialmente en el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, uno de los vértices donde se apoya la compleja trama de disputa por territorio, las economías ilegales, la afirmación de identidad, venganzas anteriores y el paravalanchas de Newell’s. El Estado retoma así la iniciativa luego de que la semana pasada sendos ataques armados contra domicilios vinculados con el juez Juan Carlos Vienna, quien instruyó la causa Monos por asociación ilícita, causaran estupor y, a la vez, dispararan fuegos de artificio en boca de representantes de la Justicia –también del Ejecutivo–, como si hubiera sido sólo espectadores de la escalada de precarias organizaciones delictivas con patas policiales en el último cuarto de siglo, cuando la creación de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones estipuló como se administraría el negocio.

En la mañana de este martes, los efectivos de la Policía de Investigaciones desarrollaron una veintena de allanamientos en el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, lindero con los barrios Municipal, Grandoli y Tablada, que desde octubre de 2016 se convirtió en epicentro de la violencia desatada siete meses antes, cuando según la Justicia gatilleros del barrio Municipal mataron a Mariela Miranda, madre de los hermanos Funes, en barrio Tablada, en el inicio de una saga de medio centenar de muertos.

En paralelo, topadoras municipales de la Secretaría de Control, en coordinación con Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, procedieron a voltear edificaciones que no forman parte de las torres originales y que son mencionadas por vecinos en diferentes investigaciones como bocas de expendio de drogas o aguantaderos. Los lugares allanados incluyeron inmuebles que habían sido usurpados, los que serán devueltos a sus propietarios, en Sánchez de Thompson 4, y también 2 bis, y Lorenzini e Hipócrates, ambos a la altura del 4600.

El último sábado, efectivos de la PDI habían desarrollados allanamientos en otros sectores de la zona sur, especialmente en Tablada. Fue en Morales al 3500, Esmeralda al 3700, Chacabuco al 3500 y Ayolas al 100 bis, con el resultado de seis personas demoradas, integrantes de clanes con predicamento en la zona. El operativo fue pedido por la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de la Fiscalía Regional Rosario, en el marco de la investigación por los ataques contra viviendas de la ex esposa y del padre del juez Vienna desarrollados en las noches del martes y miércoles pasado, sucesivamente. No fueron los primeros ni los últimos, pero esa búsqueda a partir de indicios que arrojan datos de calle da una pista sobre sus posibles autores. La principal hipótesis, a contrario de lo esbozado por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro tras la agresión del martes por la noche, apunta a los Monos. Es que las agresiones no fueron las primeras: el 29 de mayo pasado tiradores ya habían hecho lo propio contra dos viviendas donde había residido el magistrado Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que condenó al núcleo del clan Cantero por asociación ilícita pero que a la vez absolvió a los acusados de matar en 2013 a Claudio “Pájaro” Cantero, por entonces principal referente de la banda asentada en La Granada. El viernes pasado se supo que Manfrín, quien aún tenía en su poder la admisión o no de recursos presentados por las defensas en la causa Monos, decidió apartarse.

La intimidación contra Manfrín se produjo horas antes de que se efectivizara el traslado de dos de los condenados por el tribunal por él presidido, Ariel “Guille” Cantero y Jorge “Ema” Chamarro, a penales federales ubicados fuera de la provincia. Pero la mudanza fue determinada por la Justicia federal, ya que ambos están procesados en el expediente Los Patrones por comercialización de estupefacientes. Ambos ya habían estado alojados en el sur del país, aunque luego consiguieron volver a la cárcel de Piñero, desde donde habían liderado la operación de venta de drogas a través de un teléfono fijo, según estableció la causa narco. El lugar de alojamiento de los detenidos, no sólo de los que están a disposición del fuero federal, ha deparado batallas judiciales entre defensores y fiscales, pero también entre la Justicia y el Ejecutivo: este poder sostiene que tiene la potestad de definir dónde alojarlos cuando aún no tienen condena firme.

Esos cruces han sido parte de una pelea dialéctica entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que tuvo sus últimos capítulos tras los ataques a familiares de Vienna. Pullaro había dicho que la principal hipótesis de la primera balacera no era lo que parecía y había señalado que probablemente los blancos originales fueran dos personas que fueron tomadas por cámaras de seguridad caminando en esa cuadra. Pronto debió llamarse a silencio por el nuevo atentado, y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, le arrojó un “Pullaro no entiende nada”. El contexto es de una escalada verbal en la que los jueces de la Corte pidieron reunirse con el ministro de Seguridad, quien les informó que los esperaba en su despacho, lo cual los cortesanos tomaron como un desplante. Así, los ministros judiciales reiteraron el pedido, ahora de un encuentro con el gobernador.


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