Política
12-06-2018
El juego de las operaciones

Denuncias penales contra gobiernos del FPCyS o sus principales dirigentes estructuraron parte de la estrategia política de un sector del kirchnerismo, a la que también se sumó Cambiemos en Santa Fe. Declaraciones periodísticas, acusaciones o interpelaciones legislativas que la Justicia desestimó.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

El 7 de junio pasado el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario resolvió que no había pruebas para condenar a Hugo Tognoli por favorecer una empresa criminal dedicada al narcotráfico en el sur de la provincia. Los tres miembros del tribunal determinaron que el ex jefe de la Policía quede libre por el beneficio de la duda. Ningún dirigente kirchnerista salió a criticar la decisión ni a opinar.


Lo que no ocurría por la vía electoral –ganar mediante el voto–, se quería conseguir por medio de acciones que tenían por objetivo afectar al oficialismo. El ex presidente del Partido Justicialista, José Luis Freyre, llegó a plantear la posibilidad de que la provincia sea intervenida por la Nación. En ese momento, el intendente de Venado Tuerto estaba alineado a Agustín Rossi.


Entre las operaciones que molestan al socialismo figuran los supuestos: robo de bebés que le achacaron al hermano de Hermes Binner, borrar información de una computadora de un narco asesinado y la causa Tognoli. Esos casos fueron judicializados, en su mayoría por abogados militantes de un sector del kirchnerismo, pero todos esos temas fueron descartados por la Justicia.


Fue el presidente del bloque de diputados del PS, Rubén Galassi, quien dijo que hubo dirigentes del kirchnerismo y luego de Cambiemos que utilizaron la causa Tognoli para sacar “rédito político”. En ese sentido, consideró que “un sector del gobierno nacional anterior” montó una maniobra mediática para desacreditar al gobierno de Santa Fe y hoy la Justicia desnudó esa operación.


“En paralelo, está la acusación de ‘narcosocialismo’ por parte del diputado Andrés Cuervo Larroque, la poca solidaridad cuando fue el atentado a la casa del gobernador Bonfatti y las maniobras del ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, con la gendarmería, en las declaraciones altisonantes que hacía al hacer caer el peso de la responsabilidad en el combate a un flagelo a una sola gestión”, agregó.

 

Posverdad llamada indicios

 

Galassi criticó al fiscal federal Adolfo Villate por decir que “en estos casos es muy difícil encontrar una prueba directa” para producir una condena pero que igual llevó a juicio a Tognoli mediante “indicios”. Otro fiscal federal cuestionado es Juan Murray, “que es militante de un partido político y están dando vueltas la foto de él con una remera de una agrupación política kirchnerista”.


“Recuerden que al principio (de la causa Tognoli) la fiscal Liliana Bettiolo lo detiene y después el juez federal Carlos Vera Barros lo libera porque no había pruebas, pero lo mandan a Murray desde Buenos Aires, porque no era de acá, para continuar el montaje de esta operación. Es el mismo (fiscal) que quiso hacer caer la causa Los Monos”, se quejó Galassi en diálogo con la prensa.


A todo eso, también como molestia, se quejó de los ataques que recibió su partido y sus principales dirigentes por parte de periodistas de Buenos Aires y también de Rosario, “que se sumaron al coro repitiendo sin chequear, sin analizar la verosimilitud de los hechos”. Ahora, con el fallo de la justicia federal, dijo que hay “una gran tranquilidad” porque se mostró la verdad.


—¿Este trabajo mediático ensució al socialismo y erosionó su relación con la sociedad?


—Sí, sin dudas, se ha causado un gran daño y hay mucha gente que a pesar de esta verdad incontrastable que empieza a aparecer sigue creyendo lo que les contaron durante todo este tiempo. Yo no niego que tengamos en Rosario, en Santa Fe, un problema vinculado a la violencia, al narcotráfico, que me digan dónde no.


“A lo que yo me niego –continuó–, y es lo que a mí realmente me genera mucha indignación, es que asocien este flagelo solo a Santa Fe, cuando es universal porque lo tiene Estados Unidos, lo tiene Japón, lo tiene Brasil, lo tiene Colombia y ni hablar México, lo tenemos los argentinos. Pero en el único lugar en que se asoció este flagelo a un proyecto político es en Santa Fe”.


Otro aspecto que demuestra la animosidad contra el socialismo y sus dirigentes, según explicó el legislador, es que el actual intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, hoy está procesado por tráfico de estupefacientes. “Hay fotos de Varisco con Macri por todos lados, pero nadie habla de narcocambiemos”, indicó.


“Lo mismo con el intendente justicialista de una ciudad de Corrientes, que creo es de Itatí, que está preso por su vinculación con la venta de drogas. Tampoco hablan de narcojusticialismo, pero hubo muchos que lo repetían como loros que el problema en la provincia de Santa Fe era el narcosocialismo”, agregó el dirigente del Frente Progresista.

 

Miente, miente

 

El titular del bloque de diputados provinciales del socialismo habló de doble vara y señaló: “Esta semana asesinaron a 20 cuadras de la Casa Rosada a dos mexicanos que estaban procesados por narcotráfico y que tenían prisión domiciliaria. Nadie habló de que el narcotráfico está metido en los pies de la Casa Rosada, todos lo presentan como un hecho policial y acá (en Santa Fe) se politizó”.


También recordó que al ex gobernador Hermes Binner le “inventaron que su hermano, un hombre honorable, de más de 80 años, estaba vinculado al tráfico de bebés. Las abogadas, de esta mujer que tristemente usaron, eran gente también con la misma militancia política que los fiscales que llevaron adelante esta acusación (contra Tognoli)”, recordó el legislador.


La mujer que denunció al hermano de Binner se llama Liliana Montenegro, en Rosario militaba en la JP Evita hasta que fue expulsada por sus vínculos con vendedores barriales de droga. Desembarcó en Casilda y allí dijo que el médico Dante Binner había intervenido en el parto donde tuvo a dos mellizos y estos luego fueron robados con complicidad del médico.


No hubo estudio médico que diera cuenta de su embarazo reciente, mucho menos de un parto, pero en la Legislatura el kirchnerismo más duro y otros sectores vinculados con el PRO, como el ex diputado Héctor Pirucho Acuña, aprovecharon la ocasión para hacer denuncias mediáticas. El otro aspecto increíble es que una de las abogadas de Montenegro era militante de Rossi.


Lucila Puyol, de la Agrupación H.I.J.O.S., se encargó de mantener en los medios la acusación contra el hermano de Binner y, de paso, dejar entrever que el oficialismo trataba de ocultar el tema. Apenas un par de años después, Puyol fue candidata a senadora por el departamento La Capital en la lista que apadrinaba el ex ministro de Defensa. La causa, en tanto, cayó por su propio peso.


No menos grave fue lo que se intentó hacer con la muerte del narcotraficante Luis Medina, en diciembre de 2013. Funcionarios del Ejecutivo fueron solicitados por la Justicia provincial a que revisen la computadora Mac que tenía este hombre ligado a bandas criminales. Hacerse de una prueba sin consentimiento judicial y borrar el disco de la notebook fueron dos cosas que el PJ denunció.


Cambiemos no se quedó atrás, y desde los pedidos de informes, las redes sociales y las declaraciones de sus principales dirigentes señalaron que el socialismo quería ocultar pruebas o, directamente, hacerlas desaparecer. Gendarmería Nacional, con sus peritos, mostró un informe donde se señalaba que no se borró nada ni hubo intención de hacer desaparecer evidencia.


El Movimiento Evita, esta vez, judicializó el caso en febrero de 2014. La Justicia no tiene los tiempos de los partes de prensa y todo ese tiempo en que se investigó el accionar de los funcionarios del Ejecutivo y de sus jefes políticos la oposición se despachó con todo tipo de acusaciones, juicios de valor y reclamos permanentes para que renuncien dirigentes del socialismo.


En 2016, ya cuando la verdad procesal no tenía más importancia política para los denunciantes, la Justicia dijo que todo lo actuado fue conforme a derecho. Esto lo dijeron fiscales, fiscal de cámara, el fiscal regional y el jefe de los fiscales, además del procurador de la Corte Suprema. A su vez, la ex jueza Alejandra Rodenas (hoy diputada peronista) opinó en idéntico sentido.


Otra causa que cayó por su propio peso. Los denunciantes y querellantes del caso, los diputados del Evita Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, “no participaron de ninguna de las más de 30 audiencias que el Fiscal vinculado con este tema llevó adelante ni aportaron ningún tipo de pruebas que les permitiera sostener la acusación que se formulaba”.


“Nadie niega que haya un problema grave con la violencia y el narcotráfico, como en otros puntos del país, pero lo peor es tratar de sacar una tajada política de esto. Fue una operación que se armó a partir de que Hermes Binner aparecía como una alternativa, en donde mostraba que se podía gobernar con honestidad y que había hecho una gran elección en 2011”, concluyó Galassi.

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