Economía
01-06-2018
Una ecuación de terror para el bolsillo del trabajador

El Observatorio de Precios, Salarios y Equidad del Cepa dio a conocer un informe titulado “Precios en dólares, salarios en pesos”, en el que analiza cómo impacta la suba del dólar en los precios de la canasta básica de los argentinos en un contexto recesivo y con salarios atrasadísimos. El trabajo enumera algunas políticas clave de la alianza Cambiemos - quita de retenciones y liberación de los combustibles, entre otras– que explican el drama cotidiano de los asalariados.  

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La situación es crítica en serio y resiste cualquier spot grabado por el presidente Mauricio Macri alentando a los argentinos a cambiar lamparitas o a abrigarse para no prender la estufa. La dificultad de las familias argentinas para afrontar los gastos mensuales para alimentarse se agudizó con la reciente escalada del dólar y dejó a los salarios rezagados, y sin expectativas de recomposición a la vista.

 

Un análisis de este duro panorama  se encuentra en el último informe del Observatorio de Precios, Salarios y Equidad del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), difundido el 30 de mayo bajo el esclarecedor título “Precios en dólares, salarios en pesos" (aquí se puede ver en forma completo).

 

A modo de introducción, el trabajo señala que la suba del dólar registrada en los últimos días se trasladó fuertemente a los precios de los alimentos y bebidas básicos de la canasta, con una inflación acumulada entre diciembre 2015 (cuando asumió la alianza Cambiemos) y abril 2018 llega al 90 por ciento. Sin embargo –destacan–los salarios subieron a un ritmo mucho menor: 69% en promedio.

 

“Los sectores con ingresos fijos, luego de paritarias que cerraron en torno al 15% para la gran mayoría de los sindicatos, se verán directamente afectados en su poder de compra”, advierte el informe, al tiempo que advierte el agravante de que gran parte de las negociaciones salariales acaban de cerrar y se deberá esperar casi un año completo para que se reabran en el caso de no contar con cláusula gatillo ni de revisión. “El resto de la economía sufrirá el efecto recesivo de una contracción en la demanda agregada”, agrega el informe.

 

En cuanto a la remarcación de precios, entre la segunda quincena de marzo y la primera de mayo de 2018, el relevamiento del Cepa midió una suba promedio del 16 por ciento promedio (superando el “techo salarial” del 15 por ciento) en un conjunto de 37 artículos de la canasta básica de consumo, que incluye alimentos y bebidas, productos de aseo personal y para la limpieza del hogar.

 

El informe alerta sobre la configuración de “un escenario de pérdida de poder adquisitivo que afecta más fuertemente a los sectores de menores ingresos, tratándose de aumentos en bienes de primera necesidad”. Subraya también que la dificultad del Gobierno para controlar los precios no se limita al impacto de la “corrida” en la suba del dólar (de un 25 por ciento) sino que, al analizar los incrementos en los productos de la canasta básica en los primeros meses de la llegada de Cambiemos al poder, se evidencia una “baja capacidad de intervención en la dinámica general de los precios”.

 

Otra variable que talla fuerte en el momento en que se produce la brusca suba del dólar es el tarifazo. “La devaluación del peso se da en un contexto de suba de tarifas de servicios públicos como luz, gas, agua, transporte, tasas urbanas, y sobre todo combustibles, que también son insumos de los productos que consumimos y que también aceleran el ritmo inflacionario”, explican desde el Cepa.

 

Los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no están fuera de la onda expansiva de esta maquinaria devaluadora: el aumento que obtuvieron en marzo no alcanza a compensar la suba de precios hasta ese mes, por lo que ya se enfrentaban a un escenario de pérdida de poder adquisitivo. “Si bien el nuevo esquema de incrementos a partir de la aprobación de la ley de reforma previsional implica el ajuste trimestral en términos del IPC oficial, el mismo no representa cabalmente el aumento del costo de vida de jubilados y pensionados”, indica el informe.

 

El trabajo del Cepa enumera una batería de medidas económicas dispuestas por el gobierno de Macri que, desde su llegada al poder, contribuyen a esta depreciación del salario y el enfriamiento del consumo para el grueso de los argentinos:

 

–Quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias: esta medida produjo un importante incremento en el precio de los alimentos a principios de 2016, como así también un cambio en los precios relativos respecto de otros bienes y servicios. Las retenciones, no tienen sólo una función recaudatoria, sino que operan como desacople del tipo de cambio para los importadores y exportadores, por lo cual el precio de los alimentos tiene mayor protección frente a los vaivenes del tipo de cambio. Así, se eliminó una importante valla de contención que protegía del impacto el precio de los alimentos del impacto de las devaluaciones.

 

–Liberalización del mercado de capitales y financiero: esta medida genera condiciones de enorme vulnerabilidad ante los bruscos movimientos de los capitales especulativos. Por esta razón, la mayoría de las economías ponen restricciones de permanencia para los capitales que ingresan en sus economías.

 

–Eliminación del requisito de liquidar las exportaciones e ingresar las divisas al país: esta definición implica una alta volatilidad en relación al mayor ingreso de divisas genuinas que tiene el país. Con la liquidación de las cosechas a partir del mes de abril, se produce un aumento en la entrada de dólares que hubiera permitido una mayor fortaleza en las reservas y estabilidad en el tipo de cambio.

 

–Incrementos tarifarios: el proceso de reestructuración tarifaria que se inició en febrero de 2016 y continúa hasta la actualidad tiene un importante efecto sobre los costos industriales y el poder adquisitivo del ingreso de las familias. El rebrote inflacionario a partir de 2018, es coincidente con la revisión tarifaria de la electricidad en el mes de febrero y de la electricidad y el gas en abril. Para fin de año (octubre y noviembre) están programadas dos nuevas revisiones tarifarias.

 

–Dolarización de las tarifas de gas y electricidad: como parte de la reestructuración tarifaria emprendida por el gobierno y esgrimiendo el argumento de incentivar las inversiones, se fijó el precio del gas (componente principal de la matriz energética) según el valor del gas licuado de importación, un valor muy superior al costo PIST (punto de ingreso al sistema de transporte) o en boca de pozo. El precio del gas en boca de pozo, representa alrededor del 65% de la tarifa de los usuarios finales, las cuales son revisadas semestralmente. Es esperable que la devaluación impacte fuertemente en la próxima revisión tarifaria (octubre), lo cual se sumará a la quita de subsidios programada. Por otro lado, el costo del gas también incrementa el valor del Mwh mayorista de electricidad, a partir del cual se fijan las tarifas eléctricas. Asimismo, las actividades gas intensivas como electro intensivas adquieren directamente del mercado mayorista el gas y la electricidad por lo cual los incrementos del dólar tienen un efecto automático sobre las tarifas. De hecho, hay empresas que ya están recibiendo facturas de gas calculadas en dólares.

 

–Liberalización del precio de la nafta y el gasoil: a partir de octubre de 2017, se liberalizó el mercado interno de combustibles, permitiendo a las empresas fijar sus precios libremente. Al tratarse de un bien transable cualquier movimiento en el tipo de cambio afectará a su precio. A siete meses de implementada la medida, la nafta se incrementó un promedio de 28%.

 

–Desmantelamiento del programa de Precios Cuidados: con participación voluntaria, el programa promovía desde sus orígenes la firma de un acuerdo de precios de determinados productos previamente convenidos, haciéndose cargo el Estado de la difusión, la propaganda y la negociación con otros integrantes de la cadena –lo que resultaba especialmente beneficioso para las empresas más pequeñas-. Dado el carácter oligopólico del mercado argentino, particularmente en el sector alimentos, el programa apuntó a limitar el margen de acción de las empresas formadoras de precios en el mercado de consumo masivo. El acuerdo de precios alcanzaba a productos de primeras marcas porque el objetivo era oficiar como precios de referencia, teniendo efecto por lo tanto sobre el resto de los precios de los productos de la competencia,

 

–Programa antiinflacionario basado en elevadas tasas de interés: este punto es muy relevante ya que constituye el núcleo de la política antiinflacionaria del gobierno. Basándose en las teorías monetaristas, el Banco Central pretende controlar la inflación a partir de la emisión de letras (LEBACS) que rinden interés y le permiten absorber dinero del mercado. Dichas tasas de interés determinan en un efecto cascada todas las tasas del mercado. Las elevadas tasas de interés que pretenden compensar el pasaje a precios de la devaluación terminan por ser contraproducentes al elevar el costo de financiamiento de las empresas. Por ejemplo, durante las últimas semanas la tasa de descuento de cheques (una de las principales formas de financiamiento para las pequeñas empresas) se elevó hasta un 70%, mientras que el costo de financiamiento con tarjetas de créditos de elevó hasta un 150%.


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