Política
30-05-2018
La salud pública como inversión

El senador provincial y ex ministro de Salud santafesino Miguel Ángel Cappiello recuerda el primer intento de Farmacity para desembarcar en la provincia y explica los fundamentos de la normativa local que impide que esa cadena que opera como un polirubro abra locales. También habló de su aspiración a la intendencia rosarina y defendió la política sanitaria de la gestión socialista. “El FMI y el gobierno nacional ven a la salud como un gasto, y nosotros la vemos como una inversión”, dijo.

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Sebastián Stampella | Cruz del Sur

 

La excusa para dialogar con el senador provincial por Rosario, Miguel Ángel Cappiello, fue el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría habilitar al polirubro Farmacity (cuyo mayor accionista es el vicejefe de Gabinete macrista, Mario Quintana) a desembarcar en provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, también en Santa Fé, donde existen leyes que lo impiden. En esta charla con Cruz del Sur, Cappiello recuerda cómo fue la entrevista que, siendo titular de la cartera sanitaria de la provincia, les concedió a los representantes de esa firma en 2009, quienes intentaron sin éxito conseguir el aval para usar a Rosario como cabeza de playa para el desembarco de sus locales en territorio santafesino. La anécdota deriva en definiciones sobre el concepto de salud pública que sostiene desde hace años la gestión socialista y su oposición a la visión mercantilista que caracteriza al gobierno de la alianza Cambiemos. “El FMI y el gobierno nacional ven a la salud como un gasto, y nosotros la vemos como una inversión”, resume. También habla del ajuste que espera en la salud post acuerdo con el FMI, del rol de la producción pública de medicamentos y de sus ansias de convertirse en el próximo intendente de Rosario.   

 

—¿Cómo fue esa reunión con los representantes de Farmacity en 2009, cuando usted era ministro de Salud de la provincia?

 

—Eso fue en el 2009. Pidieron una entrevista y se las concedí, como hacía con todos. Vinieron con un abogado del foro local y dos personas más: un abogado de la empresa y otra persona que no recuerdo quién era. Querían que yo, como ministro de salud de la provincia, le diera el visto bueno para abrir sus locales pese a la ley que tenemos en Santa Fe, que dice que una farmacia debe estar a cargo de un farmacéutico titular y que, por lo tanto están prohibidas las cadenas de farmacia. La reunión se puso tensa porque yo defendía a los profesionales farmacéuticos de la provincia y ellos insistían con su negocio. En un momento les pregunté por qué tenían tanto interés en abrir locales en Rosario y les pregunté por qué no lo hacían en Florencia, que es la última localidad de la provincia, limítrofe con Chaco. Me dijeron barbaridades. Lo que hice entonces fue levantarme, abrir la puerta, decirles que la reunión había terminado e invitarlos a salir. Después ellos hicieron un reclamo administrativo que salió a favor nuestro y volvieron a insistir en 2016. Después empezaron con una demanda judicial. En provincia de Buenos Aires, que tiene una ley similar a la nuestra, y provincia de Mendoza, está todo a resolverse por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno espera que el tribunal diga que no pueden intervenir y se respeten así las leyes de la provincia. Lo que ellos tienen en la ciudad de Buenos Aires no es una farmacia sino un polirubro donde venden de todo, incluso hasta cambian moneda extranjera.

 

—¿La provincia tiene herramientas propias como para impedir que desembarquen aquí ante un eventual fallo favorable de la Corte?

 

—Sí, aquí hay varias herramientas. A través de Inspección de Farmacia y de los colegios se les puede hacer cumplir las normativas vigentes en la provincia. A pesar de que ellos digan que serán generadores de nuevos puestos de trabajo, la verdad es que se pierden otros, porque dan un duro golpe a las farmacias más chicas, a las que están en los barrios. Y eso de que tienen precios económicos es mentira. Son formadores de precios, y la estrategia que tienen es que una vez que se instalan y copan el mercado, aumentan los precios y hacen lo que quieren. Uno aspira a que la Corte falle en contra de ellos. Pero habrá que ver qué ocurre, ya que hay que tener en cuenta que su mayor accionista es el vicejefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Mario Quintana. De todos modos, si el fallo sale, hay chances de que no pase nada. No olvidemos que en Santa Fe tenemos una experiencia con el fallo de la Corte, que obligó a Nación a pagar lo que le correspondía a la provincia por la deuda y llevamos dos años y medio esperando.

 

—Usted fue uno de los que, desde Santa Fé, levantó la voz contra el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsaba el gobierno de Macri. ¿Lo sacaron de la agenda o sigue en pie?

 

—Ese plan lo planteó el ministro de Salud anterior, Jorge Lemus, y su reemplazante, el actual ministro (Adolfo) Rubinstein, viene siendo my prudente con el tema. En salud, uno quiere que sea un servicio para todo el mundo y de la mejor calidad, y el que proponía el gobierno nacional diferenciaba al que tenía cobertura social del que no. A éste último le daba una cartilla de prestaciones y a eso se tenía que ajustar. Eso es algo muy distinto a lo que venimos haciendo en Rosario y luego en la provincia de Santa Fe. La verdad es que no han hablado más del tema. Ahora están más preocupados por el precio de los medicamentos, que cada vez son más caros.

 

—Y los laboratorios de producción pública de medicamentos de la provincia como el LEM y el LIF cómo se posicionan en este escenario?

 

—Ese es uno de los temas que siempre hemos puesto en discusión en el Consejo Federal de Salud, apoyando laboratorios púbicos productores de medicamentos. Cuando la Nación dejo de comprar medicamentos como anticonceptivos o los que se usan para tratar la tuberculosis, nosotros los fabricamos y salimos a cubrir la demanda de quienes no tienen cobertura social. Y lo hacemos en forma gratuita. Hoy que hay una discusión muy importante sobre el aborto legal, el LIF tiene prácticamente listo el misoprostol para ser distribuido en forma gratuita en toda la provincia y con posibilidad de que otras provincias compren parte de esa producción.

 

—¿Cómo cree que impactarán las políticas de ajuste que el gobierno nacional profundizará post acuerdo con el FMI en materia de salud?

 

—Esos recortes siempre terminan repercutiendo porque en Argentina tiene un sistema de salud muy fragmentado, donde no siempre el dinero va a salud –es decir, a la gente– sino que se pierde en algún camino. Estamos gastando el 10 por ciento del PBI en esto que tiene que ver con un ajuste que es parte de ese concepto de cobertura que dice “hasta acá damos, nomás”. Han creado una agencia de evaluación de tecnologías (Agencia Nacional Evaluadora de Tecnologias de Salud), que establece qué tecnología entra y qué no. Nosotros decimos que todo lo que genere un derecho debe ser para todos, tenga o no cobertura social o dinero para pagarlo. Son formas distintas de ver la salud. El FMI y el Gobierno nacional ven a la salud como un gasto, y nosotros la vemos como una inversión. Todas estas políticas hacen acordar mucho al consenso de Washington, cuando decían que había que ajustar todo lo posible y que después venía el derrame. Eso es algo que nunca sucede.

 

—La exposición en el Congreso de funcionarios y funcionarias de Rosario y la provincia sobre las políticas de Salud y de Género que aquí se vienen implementando permitieron dar a conocer nivel nacional modelos de gestión que aparecen como de avanzada. ¿Cree que deberían visibilizar más estos modelos de gestión pública?

 

—Nosotros, desde acá, pensamos que esas cosas no se valoran,  pero cuando salimos afuera nos damos cuenta de que éste es un modelo a imitar. Por ejemplo, el modelo Cemar y Camafe fue copiado y ya hay uno parecido en Mar del Plata. El haber hospitales de alta complejidad como el de Venado Tuerto, son obras que  tiene que ver con los premios que han ganado proyectos médicos y arquitectónicos en todo el país. Nuestro sistema de salud garantiza a las mujeres la educación y el tratamiento en tiempo y forma, y de calidad. Cuando yo era ministro hicimos fabricar en el LIF los anticonceptivos en forma gratuita. Cuando hubo problemas con laboratorios productores de suero hicimos lo mismo, produciendo nosotros. Son medicamentos que se usan en todo el país y que cuentan con autorización de la Anmat. Muchos envidian nuestro sistema de salud, que lleva mucho tiempo y que hay que seguir sosteniéndolo en el tiempo, porque puede pasar que haya quiénes tomen otra decisión ante un eventual cambio de gobierno.

 

—En caso de qué eso ocurra ¿Piensa que les será fácil aplicar otra forma de gestión del sistema de salud en una ciudad como Rosario?

 

—Para nada. Tendrían muchas dificultades para hacer cambios porque hay un gran empoderamiento de la gente de un sistema que marcó un hito único e irrepetible en la salud pública como patrimonio de todos.  Si lo agarran otros podrán ajustar, pero no cambiar. Por ejemplo, el LIF y el LEM son sociedades del Estado; si quieren modificarlos tendrán que cambiar las leyes. En la reforma constitucional propuesta está contemplada esta protección. Es decir, pueden cambiar el directorio pero no la producción pública de medicamentos.

 

—Ya avisó que aspira a pelear por la intendencia de Rosario. Ya hay varios anotados en el Frente Progresista (FPCyS) ¿Hay novedades en cuanto a la posibilidad de internas?

 

—Sí, estamos trabajando para mi candidatura como intendente de Rosario. Después veremos qué decisión toman las autoridades del Partido Socialista y del FPSC sobre si esto es algo con posibilidades de concretarse o si tenemos que ir a internas, porque también están Pablo  Javkin, Verónica Irizar y hasta Leonardo Caruana. Por ahora estamos preparados y hablando con todos los sectores.

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